En mi columna anterior, “¿cese bilateral o licencia para delinquir?, advertí, con suma tristeza y preocupación, que el cese bilateral decretado por Petro el pasado 31 de diciembre, a favor de varias organizaciones criminales, incluidas las FARC, significaría la irremediable claudicación de la institucionalidad ante tales estructuras, propiciando, entre otros males, el fortalecimiento de su injerencia territorial. En suma, no sería otra cosa que una licencia para delinquir.
Pues bien, bastaron escasos días para que se cumpliera el trágico pronóstico; la revista Semana acaba de dar a conocer un escandaloso video en el que se observa a cerca de una docena de terroristas integrantes del frente 29 de las disidencias de las FARC, “patrullando” las calles del municipio de Policarpa, Nariño, sin que la Policía Nacional o cualquier otra autoridad legítima se los impidiera o por lo menos les molestara. De acuerdo con lo denunciado por los pobladores de ese Municipio, cuya economía se sustenta en los cultivos ilícitos, su sometimiento a las disidencias de las FARC ha llegado al punto en que deben pedir permiso para salir e ingresar del mismo, para lo cual han sido ilegalmente “carnetizados”.
El “pacto” de Petro, además, ha supuesto la suspensión de las órdenes de captura contra los capos y los cabecillas de estas estructuras criminales; terroristas de la peligrosidad de Carlos Eduardo García Téllez, alias “Andrei”, cabecilla del frente 33 las FARC investigado de planear y ejecutar el atentado en contra del presidente Iván Duque, el 25 de junio de 2021 en el aeropuerto de Cúcuta.
Sin duda alguna, la decisión de Petro no hizo más que “validar” el accionar criminal de las organizaciones ilegales a las que al parecer le debe en buena parte los apoyos para llegar a la Presidencia de la República, lo cual deslegitima cualquier proceso de negociación, planteando un escenario sin precedentes en el que son los criminales los que imponen las condiciones, sumado a un Gobierno que, como lo he dicho en varias oportunidades, evidentemente no representa los intereses de los colombianos. Insisto, su búsqueda de la paz no es tal, sino un esfuerzo por asirse del poder total para desmontar la institucionalidad.
Postdata, con la expedición del decreto 004 del 10 de enero de 2023, por medio del cual suspende el cese bilateral con el ELN, que había ordenado mediante decreto 2657 del 31 de diciembre de 2022, quedan probadas varias cosas: la primera, que como todo en este Gobierno, la improvisación será la regla en los procesos de negociación con la criminalidad; la segunda, que Petro aún cree que el país se regenta sin la planificación debida y vía Twitter (no es menor el hecho de que la cúpula militar y policial se haya enterado por este medio de su decisión del cese bilateral); la tercera, que Petro se ha creído el cuento de que su afinidad ideológica con las organizaciones criminales como el ELN lo validan para imponerle condiciones unilaterales, como si tuvieran la voluntad real de cesar con sus actividades ilícitas. Lo del ELN fue un golpe en la mesa con un mensaje directo a Petro: “nosotros somos los que imponemos las condiciones”.
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