Defiende a sus subalternos con el mismo discurso con el que Uribe se rasga todavía las vestiduras por María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera, Andrés Felipe Arias y la caterva de funcionarios que saltaron de las carátulas de las revistas a las de los expedientes. Esa película ya la habíamos visto y no esperábamos que al mandatario que se le llena la boca hablando de su lucha contra la corrupción, tuviera que enfriar su discurso apenas le reventaron las aventuras negociales a Alberto Carrasquilla, el ya desprestigiado ministro de Hacienda.
Las explicaciones de Carrasquilla no fueron las de un hombre público decente, sino las de un avivato. En efecto, el ministro de las finanzas cree que el grotesco asunto en el que se ha visto envuelto se aclara con la simpleza contable de sostener que ni él se enriqueció, ni que se empobrecieron los municipios involucrados con los bonos de agua. Esa es una ética alcabalera, que se reduce a medir la honorabilidad en pesos y centavos. Y, además, mentirosa, porque lo que ha quedado al descubierto es que efectivamente no sólo él se lucró de manera importante, sino que por cuenta de los malhadados “Bonos Carrasquilla” resultaron afectados más de 100 municipios.
No se atrevió Carrasquilla a mencionar en su baboso comunicado que, como asesor particular, terminó participando de la ejecución de un programa público, en cuyo diseño y establecimiento intervino como ministro. Tampoco lo hizo su exviceministro Juan Ricardo Ortega (https://bit.ly/2xkU7E6), precario y elusivo defensor oficioso de Carrasquilla. Eso es lo censurable. A nadie con dos dedos de frente se le puede ocurrir que esté bien impulsar como ministro una reforma constitucional o legal de la que se derive o surja una actividad o negocio, que luego desarrolle posteriormente, pero como simple asesor privado. Eso es aprovecharse como hombre de negocios de una información privilegiada a la que se ha accedido como servidor público. Tampoco justificó Carrasquilla por qué andaba tan mal asociado con una empresa que fue vetada en el Perú por corrupta. Pero qué se va a hacer si ese es el incorregible talante uribista del emprendimiento. Los ejemplos abundan.
Por lo pronto, recuerdo a un viceministro altanero de Uribe que, mientras ejerció funciones públicas, tuvo que ver con una empresa extranjera que andaba interesada en un contrato con la Registraduría, y a su retiro del alto empleo se convirtió en asesor particular de esa multinacional y para lo mismo que había conocido como funcionario.
Y para no ir muy lejos, ahora el desastroso proyecto de reforma a la justicia presentado al Congreso viene también con la firma de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no obstante que tiene demandada a la Rama Judicial (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, magistrado Henry Aldemar Barreto M y/o Consejo de Estado, Magistrada Stella Conto. Radicación 2014- 01446- 01). Nadie desconoce que ella tiene derecho de acudir a los estrados judiciales a plantear sus querellas, inclusive contra el Estado; empero, la flamante ministra tiene que saber que respecto de ella al menos se configura un impedimento ético para liderar esa reforma. Pero seguramente esto tampoco importará, porque si Duque salió a defender a Carrasquilla a pesar de la contundencia de las revelaciones del columnista Daniel Coronell, que Nancy Patricia oficie de juez y parte les parecerá una tontería.
Ni a Carrasquilla lo van a sacar con la moción de censura, ni a Nancy Patricia le reprocharán su audacia. Pero, así los sigan aplaudiendo sus amigotes, muchos incrustados en medios de comunicación, la gente, que no es boba, sabrá que lo que hoy brilla es apenas oropel.
Adenda No 1. A pesar de que hay varios proyectos de reforma a la justicia, ninguno resolvería las grandes deficiencias judiciales. Lo que se aprecia en cada uno de esos proyectos son las vanidades de cada grupo patrocinador. Por ejemplo, el gobierno uribista de Duque, con su propuesta, aspira a que sea el presidente quien termine nombrando al fiscal.
Adenda No 2. Me he sumado a los suscribientes de la carta de renuncia al Partido Liberal que se oficializará en los próximos días, como rechazo a la dictadura de César Gaviria.
