…el Estado tiene la obligación sine qua non de garantizar que el ejercicio de la libertad de expresión no vulnere o vaya en contra vía de otros derechos fundamentales…
La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en diversos instrumentos internacionales y en la Constitución Política de Colombia, reconocido como un pilar esencial de las sociedades democráticas. Este derecho, al igual que otros derechos humanos, no es absoluto y se encuentra sujeto a ciertos límites que buscan evitar el daño a terceros y garantizar el orden público. En el marco colombiano, uno de los mayores desafíos contemporáneos en el ejercicio de este derecho es la proliferación de las noticias falsas (fake news), fenómeno que plantea complejos dilemas sobre el equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y la salvaguarda de otros derechos fundamentales, como la honra y el acceso a información veraz e imparcial. En esta columna de opinión, se analizarán brevemente las interacciones entre la libertad de expresión, los derechos humanos y las noticias falsas en el contexto colombiano, abordando los principales debates y tensiones que surgen de este fenómeno.
Libertad de expresión: generalidades en el Estado colombiano.
Nuestra libertad de expresión se encuentra garantizada en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva”. Esta disposición se complementa con otros instrumentos de Derechos Humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), que protegen el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información sin censura previa.
Este derecho tiene una importancia capital en el fortalecimiento del pluralismo democrático y en la consolidación de una opinión pública informada. De igual forma, es el mecanismo clave para la participación política y el control ciudadano sobre las instituciones del Estado. En Colombia, este ejercicio de libertad ha sido especialmente relevante en contextos de conflicto armado y postconflicto, donde los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la denuncia de violaciones de derechos humanos y en la promoción del diálogo público.
Sin embargo, la libertad de expresión no es ilimitada. Tanto la Corte Constitucional de Colombia como las instancias internacionales han sostenido que este derecho puede estar sujeto a restricciones, siempre que estas sean necesarias, proporcionales y busquen proteger otros derechos fundamentales. En particular, su uso irresponsable, puede entrar en conflicto con derechos como el honor, la intimidad y el derecho a la información veraz.
De este modo, la relación entre la libertad de expresión y los derechos humanos es una cuestión central en cualquier democracia moderna. Los derechos humanos, entendidos como aquel conjunto de principios universales que buscan proteger la dignidad humana, incluyen el derecho a la libertad de expresión, pero también otros derechos que pueden verse afectados por su abuso. Por lo anterior, en el Estado colombiano, la protección de los derechos humanos es una responsabilidad tanto institucional como de los mismos ciudadanos, quienes tienen el deber de ejercer sus derechos con respeto hacia los demás.
Por lo anterior, el Estado tiene la obligación sine qua non de garantizar que el ejercicio de la libertad de expresión no vulnere o vaya en contra vía de otros derechos fundamentales. De hecho, la Corte Constitucional ha sido clara en establecer que la libertad de expresión no puede utilizarse como un escudo para cometer delitos o para propagar información que pueda causar daño a la integridad moral de las personas. Este aspecto cobra especial relevancia en el contexto de la proliferación de noticias falsas, un fenómeno que, como se verá, pone en entredicho la capacidad del Estado para proteger los derechos de todos sus ciudadanos.
En relación con la era digital, las noticias falsas han adquirido una dimensión preocupante. Las plataformas de redes sociales (Fecebook, WhatsApp, X y otras, han facilitado la rápida difusión de información no verificada o abiertamente falsa, generando un impacto negativo tanto en la opinión pública como en la credibilidad de los medios de comunicación. Estas observaciones primarias de las noticias falsas han sido un fenómeno recurrente en los procesos electorales, en el debate sobre el acuerdo de paz y en la gestión de la pandemia del COVID-19 por lo que toda esta información de noticias irregulares o carentes de fuentes confiables y autorizadas generan confusión, alimentan la polarización política y, en algunos casos provocan acciones violentas basadas en desinformación.
No obstante, el fenómeno de las noticias falsas nos plantea el siguiente dilema: ¿cómo se puede regular la difusión de información falsa sin caer en censura o en violaciones a la libertad de expresión? Pues bien, las noticias falsas tienen el potencial de afectar derechos humanos fundamentales, como el derecho a la información veraz, el derecho al buen nombre y la reputación, y, en algunos casos, la seguridad personal como s dijo anteriormente. Por ejemplo, en Colombia, la divulgación de información falsa ha afectado a candidatos políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes han sido objeto de ataques o estigmatización con base en noticias infundadas.
Dentro de los mayores retos que tiene el Estado colombiano es encontrar el equilibrio apropiado entre la regulación de las noticias falsas y la protección de la libertad de expresión. Las iniciativas de regulación se deben diseñar cuidadosamente y con ellos, evitar la censura y que al mismo tiempo se garantice el derecho que por naturaleza tiene los ciudadanos a recibir información precisa, en consecuencia, el órgano constitucional ha reiterado la necesidad de que cualquier medida restrictiva sobre la libertad de expresión esté claramente justificada en la protección de otros derechos, sea proporcional y no afecte de manera indebida el debate público.
Acciones del Estado colombiano frente a las noticias falsas
En Colombia, el control de la desinformación ha tomado diversas formas. Se han implementado campañas de alfabetización mediática, enfocadas en educar a la ciudadanía sobre cómo identificar fuentes confiables y cómo verificar la veracidad de la información que consumen. Asimismo, se han fortalecido las alianzas entre medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y plataformas digitales para la verificación de datos. Un ejemplo de ello es la iniciativa Colombiacheck , un proyecto independiente que se dedica a verificar la información difundida en medios y redes sociales.
Por otro lado, las autoridades colombianas han enfrentado el desafío de las noticias falsas con el uso de medidas legales. El Código Penal contempla delitos como la calumnia y la injuria, que penalizan la difusión de información falsa que afecta la reputación de una persona. Sin embargo, estas disposiciones deben aplicarse con extrema cautela para evitar que se utilicen como herramientas de censura.
Finalmente, desde la posición del autor, se cree que la libertad de expresión, los derechos humanos y las noticias falsas son conceptos profundamente interrelacionados que plantean importantes desafíos en el Estado colombiano y en la agenda púbica-política actual. Si bien la libertad de expresión es fundamental para el ejercicio democrático y la protección de otros derechos, su uso indebido -como se ha podido analizar brevemente-, especialmente en forma de difusión de noticias falsas, puede vulnerar los derechos de las personas y afectar el orden social.
El reto del Estado colombiano radica en encontrar un equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y la necesidad de garantizar que la información difundida sea veraz y que se abstenga de lesionar otros derechos fundamentales. La respuesta a este desafío no puede ser simplemente legal o punitiva, sino que requiere un enfoque integral que incluya la educación, la autorregulación y el fortalecimiento de una cultura de paz y respeto a los derechos humanos, ya que solo a través de un enfoque equilibrado se podrá garantizar que la libertad de expresión continúe siendo un derecho efectivo y responsable en la Colombia contemporánea.
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