Ley estatutaria de educación en Colombia: universalidad e impacto fiscal

“La Ley Estatutaria de Educación, es un primer paso hacia la transformación educativa, establece un marco conceptual muy importante, pero necesita un posterior desarrollo normativo y análisis profundo para llegar a cada región del país con un sistema educativo de calidad y pertinente, que garantice la permanencia y estabilidad de los procesos educativos”

Inicio haciendo un balance muy corto que resulta preciso ante la coyuntura y el déficit histórico que tenemos con la educación colombiana. La educación desde sus inicios, se ha tornado como un componente esencial para responder a retos y brechas sociales en los territorios; una educación marcada por la evolución de nuevas generaciones que tienen muy presente el tema del conflicto armado y las dificultades que pueden surgir en las regiones; desde zonas afectadas por la presencia de grupos armados hasta el reclutamiento forzado por parte de los mismos, para no irnos tan lejos, debemos analizar y poner la lupa a lo que está sucediendo en el departamento del Cauca, lo que ha generado un ambiente de inseguridad que dificulta el ejercicio del derecho a la educación.

Además de esto, la situación de desplazamiento forzado ha tenido un impacto significativo en el acceso y la continuidad educativa de la población afectada. Muchas familias desplazadas han debido abandonar sus hogares y comunidades, lo que ha generado interrupciones en la educación de los niños y jóvenes, y múltiples dificultades para acceder a servicios educativos adecuados en las zonas de destino. Por otro lado, la falta de infraestructura educativa en áreas rurales y apartadas también ha sido un problema persistente, limitando el acceso a la educación de calidad en las regiones. La escasez de recursos, la falta de personal docente calificado y las condiciones socioeconómicas precarias han contribuido a perpetuar la brecha educativa entre las zonas urbanas y rurales, entre otras cosas. Por esto y muchas realidades más, ha surgido la ley estatutaria de educación, una normativa que nos establece principios, derechos y deberes fundamentales en materia educativa, con un enfoque muy marcado que es garantizar el acceso, equidad y calidad en la educación para todas y todos.

La apuesta del gobierno Petro en materia de educación es clara, evitar que los avances del sistema educativo en términos de calidad, permanencia, pertinencia y acceso queden expuestos a las oscilaciones de los cambios de gobierno como ha venido sucediendo desde los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), más exactamente con los temas de reforma a la Ley 30 y la financiación de la educación superior, donde se puede observar una inestabilidad clara, y un retroceso en la ejecución de cada uno de los programas implementados en esta materia. Ahora bien, esta ley en sus 47 artículos, se fundamenta en cinco líneas principales que son estudiadas bajo cálculos demográficos, cálculos de canasta y cálculos de financiación, el primero es la redefinición del propósito de la educación como un derecho humano fundamental y un bien común, medidas definidas para garantizar el acceso universal y equitativo a la educación, la promoción de la calidad educativa, mecanismos para adaptar el proceso educativo a las necesidades individuales y contextuales que tienen los estudiantes, y por último; la importancia de la participación de todos los actores en el proceso educativo.

Cabe resaltar que a lo largo del camino se encontrarán muchos obstáculos, iniciando por el financiamiento de esta; si bien Colombia, a la fecha destina el 4.1% del PIB a la educación pública, esta cifra es mayor al promedio comparado en otros países latinoamericanos con un -3.6%, pero menor al promedio mundial que es -4.8%. En segundo lugar la reforma del Sistema General de Participaciones, la tipología del MEN para calcular el valor por cada estudiante y distribución de docentes, son discusiones que obedecerán al desarrollo de esta ley, sabiendo que los recursos son limitados y que es necesario distribuirlos entre todos los niveles del sistema educativo y en las regiones del país dependiendo de la necesidad de cada uno de los territorios. A mi parecer, llegar a la meta no será tan fácil, esta ley es un primer paso para transformar este sector que lleva décadas hablando de reformas e igualdad social como motor del desarrollo social y el crecimiento económico; responder a las necesidades actuales de Colombia y promover múltiples herramientas para la accesibilidad a la educación, será un reto enorme. La pregunta es… ¿Cómo posibilitar un acuerdo político nacional para la aprobación de la ley estatutaria de educación sin revanchismos?”

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