Para nadie es un secreto, que muchas universidades públicas han crecido de manera significativa y en algunas casos, con poco o nada de prospectiva administrativas, el crecimiento no solo se da en sus ejes misionales, sino en la ampliación de cobertura, nuevas sedes o seccionales, mayor contratación de docentes, equipamiento de laboratorios, financiamiento a la investigación, salida internacional, inversión en la formación docente, crecimiento del personal administrativo, entre muchas cosas más.
Este crecimiento se da desde la misma entrada en vigencia de la ley 30 del 1992, donde toma como fuente de financiamiento estructural, el IPC (índice de precios al consumidor). Lo complejo de la situación, como se viene advirtiendo, no solo es el crecimiento de las universidades sino también el crecimientos de los costos educativos por encima del IPC. En los análisis que realizamos en el 2018 en la meza de diálogos de estudiantes y profesores con el gobierno de Duque, se evidenció un desfinanciamiento estructural de más de 17 billones.
Con la intención de atender esta problemática, el Gobierno, el pasado 4 de agosto, radicó el proyecto de ley 212 del 2024 “Por la cual de modifica parcialmente el capítulo V del Título lll de la ley 30 del 1992 y se dictan otras disposiciones” con el cual se busca reformar los artículos 86 y 87, una propuesta que indudablemente permitiría a las universidades más recursos o, al menos, que los gastos estén acordes con el incremento del IPC o por encima de este.
No obstante, frente al rezago o desfinanciamiento histórico de algunas instituciones de Educación Superior (IES), esa propuesta no genera un solución profunda, ni el mediano o corto plazo, se requiere por lo tanto, que desde el Ministerio de Educación, se haga un análisis de la realidad financiera de cada IES y para aquellas que tienen ese desfinanciamiento histórico, se generen unos puntos adicionales al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), esto podría ser de 3 puntos adicionales, mientras logran saldar su problema financiero, podría ser proyectado a un década.
Es fundamental que, desde el Ministerio de Educación, se realicen proyecciones financieras sobre la implicación de incluir en la reforma a la ley 30 algunos aspectos que requieren claridad, por ejemplo: integrar a la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (Red ITTU), la ampliación de cobertura, para pasar de un poco más 800.000 a 1600 000 de estudiantes para el 2040 en el cierre de brechas, los recursos para la necesaria formalización docente, las nuevas sedes con recurso a la base, en otras cosas.
Sería importante que, desde este proyecto de ley, se instará a los gobiernos de carácter municipal o distrital donde tiene asiento la IES para que participen en el financiamiento con presupuesto a la base de la IES públicas, puesto que la mayoría de los estudiantes son de esos territorios. Al igual, que mayor presupuesto a la base de los departamentos.
Si bien, es imperativo un cambio en la forma de financiamiento de las universidades, es igualmente importante que las instituciones de educación superior realicen un rediseño administrativo y normativo, que las ponga a tono con las realidades del contexto y el sistema educativa global.
Es necesario que, desde el Ministerio de Hacienda, se tenga el aval fiscal, para que esta propuesta tan importante para las finanzas de la educación superior no rompa con la regla fiscal, y por lo tanto, sea un proyecto de ley que entre con carácter de prioridad en la agenda de discusión del Congreso.
Adenda.
Se espera que la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, no neutralice la presentación de una reforma a la ley de educación, que, es en el fondo, lo que necesita el sistema, desde la visión de universidad que requiere proyectar, hasta la necesaria democracia y gobierno universitario, que escasean tanto en estos centros educativos.
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