“Porque una rectoría puede quedar jurídicamente blindada, pero ningún gobierno sobrevive mucho tiempo de espaldas a su comunidad.”
“La pugna por la rectoría de la UNAL no es un hecho aislado; refleja un país que sigue creyendo que sus conflictos más profundos se resuelven con sellos, firmas y burocracia.”
“Pero la universidad, la real, la que respira en los pasillos, por fortuna, no es notaría.”
Hay victorias que revelan más fragilidad que fortaleza. El pasado 17 de febrero parecía terminar el periplo de casi dos años por la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó, en 48 horas, posesionar a José Ismael Peña como rector.
La pugna por la rectoría de la UNAL no es un hecho aislado; refleja un país que sigue creyendo que sus conflictos más profundos se resuelven con sellos, firmas y burocracia.
Para cualquier abogado, formalmente, el caso parece sencillo. El Consejo de Estado validó la elección, un tribunal ordenó posesionarlo y el Consejo Superior Universitario acató. Fin del asunto, dirían los devotos del derecho limpio y aislado.
Pero la universidad, la real, la que respira en los pasillos, por fortuna, no es notaría.
Mientras el derecho cerraba el caso en los despachos, la comunidad lo reabría. No por capricho, sino como síntoma de una fractura más profunda; la distancia entre la formalidad de las decisiones y su capacidad de aplicación. En últimas, la autoridad académica no nace cuando termina el litigio. Nace —si nace— cuando la comunidad reconoce como propia la decisión que la gobierna.
Conviene entonces preguntarse: ¿puede una universidad gobernarse solo con legalidad cuando su legitimidad interna está erosionada?
Visto desde fuera, el país parece sorprendido por la reacción estudiantil. La estigmatización de la protesta redujo el debate a la mera vinculatoriedad de la consulta. Más allá de la coyuntura, el episodio revela una tensión largamente postergada. Por un lado, un mecanismo de designación concentrado en el CSU; por otro, una consulta amplia pero no vinculante que otorgó un respaldo histórico al profesor Leopoldo Múnera. Entre ambos planos se abrió un vacío que hoy se intenta llenar únicamente con derecho.
Allí se erra, en confundir lo no vinculante con lo irrelevante. Convertir esa precisión jurídica en argumento autosuficiente produjo el peor escenario: una rectoría formalmente blindada que pretende gobernar una comunidad que no la reconoce.
Aún así, el error de diagnóstico persistió. Se asumió que el déficit de legitimidad podía resolverse con más derecho y más órdenes. Como si la autonomía universitaria fuera una consecuencia automática del cumplimiento procedimental.
No funciona así. Las universidades somos comunidades críticas y autónomas. Es inaceptable, entonces, tratar al movimiento estudiantil, como un actor obstructivo, una externalidad incómoda del sistema. Basta acercarse para entender que lo que hoy se manifiesta en la Nacional es un desajuste institucional acumulado, un modelo que permite que la voluntad mayoritaria y la decisión del CSU se separen drásticamente, sin existir mecanismos eficaces ante tal brecha.
Cuando eso ocurre, el derecho puede ordenar la posesión, pero no puede fabricar legitimidad. Surge así, el límite más exigente del formalismo. El Estado social de Derecho no se agota en verificar que las reglas se cumplieron; exige condiciones reales de legitimidad. Cuando el cumplimiento formal desemboca en crisis persistentes, reiterar que la sentencia es clara, no es suficiente, pues, aun así, la institución, puede seguir profundamente fracturada. La autonomía universitaria termina siendo más retorica que efectiva cuando se traslada judicialmente una decisión que no debe tomarse tras un escritorio.
La rectoría del profesor Peña iniciaría jurídicamente robusta, pero sin el respaldo de una comunidad que debe construir colectivamente su proyecto de universidad.
La Universidad Nacional de Colombia hoy encarna una advertencia que trasciende sus muros, cuando las instituciones se refugian únicamente en los formalismos, pero descuidan la construcción de consensos reales, lo que obtienen no es estabilidad, sino calma artificial.
Porque una rectoría puede quedar jurídicamente blindada, pero ningún gobierno sobrevive mucho tiempo de espaldas a su comunidad.
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