Hace unos días el ex presidente de la Republica de Colombia, Álvaro Uribe, en su tan movida cuenta de twitter enumeró 7 tweets bajo la misma secuencia: Mil días en La Habana para…[El ex presidente da sus apreciaciones] habría bastado una hora. Sin querer detenerme más en los valiosos trinos de Uribe, quisiera traer a colación lo realmente importante, un libro de Laura Zamudio González, titulado Pacificadores vs. Oportunistas. La difícil implementación de un acuerdo de paz. El caso de El Salvador (1992-1994) libro en el cual la autora expone la difícil tarea que trae consigo la implementación de un proceso de paz efectivo. Con esto, la autora advierte que no se trata solamente de la firma de un acuerdo con garantes internacionales, sino también la necesidad de nuevas instituciones tanto formales como informales, en las cuales juega un papel imprescindible la sociedad civil.
Personas con “argumentos” emotivos, más que racionales, juzgan bajo tonos grotescos el actual proceso de paz, de un presidente, que sin miedo a equivocarme, fue escogido en su primer mandato gracias al voto de muchos de los que hoy se quejan grotescamente. Quisiera citar algunos ejemplos de Zamudio, los cuales me permiten hacer un acercamiento entre ambos procesos de paz, y por qué no, compartir qué puede aprender Colombia del proceso que para algunos no resolvió nada, y para otros, fue el esclarecimiento de una barbarie en el país vecino.
Brevemente quisiera contextualizar que la guerra en El Salvador se caracterizó por la presencia de fuerzas armadas en contra del Gobierno, teniendo siete golpes de Estado antes de la década los 80’s. Esta guerra es explicada, dice Zamudio, como un fracaso económico del modelo agrario de monoexportación, y un modelo de industrialización en un contexto social polarizado del ingreso, donde la economía era la ficha a favor del aparato militar en el Gobierno. Esto es, luego de la Guerra Fría un “empaque militar” como lo denomina Zamudio, en el cual la guerra en el mundo y la presión de occidente, llevaría a la clase dirigente de El Salvador a un “exterminio de la izquierda revolucionaria y de no cambio en el sistema político a negociar y comprometerse con algunas reformas [..] del sistema económico.” (Zamudio, 2007, pág. 96)
Ahora bien, con la firma del Acuerdo de Paz en Chapultepec en 1992, se puso fin a una década de guerra iniciada en 1980 donde el saldo de muertes es estimado en cerca 75.000 muertos y 1’500.000 exiliados y desplazados internos. Con el acuerdo y tal como explica Zamudio, no fue posible la pacificación total del país, pero sí la relativa estabilidad política con presencia electoral donde participa el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en elecciones locales y nacionales.
En el proceso de paz se negociaron muchas de las variables que hoy se negocia en Colombia, a continuación citaré las relevantes en cuanto a semejanzas nos concierne: El primero, y sin lugar a dudas el más denso históricamente, es el tema agrario en ambos países, el segundo y más polémico en todo proceso de paz es la participación política de grupos insurgentes, y finalmente, el más sensible de todos, es el tema de víctimas y comisión de la verdad. Estos tres puntos coinciden en ambas agendas y es pertinente mirar qué puede aprender Colombia de esta experiencia.
De acuerdo al orden de importancia que le dieron a los Acuerdos en Chapultepec, es evidente que pese a todos los puntos escritos en papel, se concentraron más en la participación política de ex militantes del FMLN. De acuerdo a las exigencias del grupo guerrillero, la participación política incluía una legalización del grupo guerrillero como partido político, la implementación de medidas especiales en seguridad para los ex comandantes, garantías de participación plenas, garantías de retorno de exiliados y finalmente la libertad de detenidos por motivos políticos. Este fue el punto con mayor éxito dentro de los acuerdos en Chapultepec. Sin juzgar posturas políticas respecto a si está bien o no la vía libre a la vida política, el problema en El Salvador no se concentró en la participación que le dio el Gobierno al FMLN, sino al fracaso en el posconflicto como garante de sostenibilidad del proceso de paz en dicho país.
Pasando revista de lo sucedido, El Salvador se enfrentó a una polarización política durante la época de los Acuerdos de Chapultepec, polarización que se reflejó en los prejuicios de resocialización de ex militantes del FMLN. Este problema recae básicamente en procesos de paz por la incapacidad de acciones colectivas como medio impulsador de cambios sociales. Mientras los cabecillas del FMLN entraban en la vida política con garantías de seguridad estatal, los militantes de bajos rangos se exponían a una desmovilización con pocas garantías de resocialización a largo plazo. En este punto, donde el fracaso respecto al posconflicto en El Salvador es una enseñanza para Colombia, lo que queda es recalcar el papel de las organizaciones como las ONGs, los partidos políticos, y las empresas privadas, las cuales cumplen un papel importante como motor de resocialización luego de un proceso de paz en Colombia.
Continuando con las enseñanzas, y juzgando por los resultados, una vez el FMLN obtuvo su participación política tuvo un laxo seguimiento en el cumplimiento de los acuerdos agrarios pactados en los acuerdos de Chapultepec, por los cuales, tomando la historia, había iniciado los protestas sociales en El Salvador desde la década de los 30’s. En el Acuerdo se especificó una reforma agraria que resolviera la concentración de tierra, tema que veinte años después no tuvo éxito alguno a largo plazo. Muchos de los proyectos de ley no han sido aprobados, o simplemente quedaron en el olvido. La creación del Foro de Concentración Económica pactada en los acuerdos de Chapultepec, del cual haría parte representantes del Gobierno y la sociedad civil, poco a poco fue perdiendo peso político, el cual no fue más que un fracaso en la pactada firma de la reforma agraria como garante del proceso de paz en El Salvador.
Finalmente y uno de los temas más álgidos emotivamente para muchos, pero menos importante al momento de accionar para otros, es el tema de víctimas y comisión de la verdad para el esclarecimiento del conflicto. Sin lugar a dudas el tema de memoria colectiva es uno de los factores que más incita a la creación de oportunistas en el proceso de paz. Es imprescindible comprender que la expresión justicia transicional da a entender lo que no es justicia en sentido normativo, puesto que no sigue cánones de ley, no sigue los procedimientos normativos. Por tanto es preciso aclarar por qué son posibles fenómenos como la reparación, fenómeno que en la justicia ordinaria no existen. La justicia ordinaria opera bajo la verdad procesal, es decir sobre la prueba jurídica, sobre el debido proceso. Por ello, la importancia de comprender que cuando hablamos de justicia transicional pasamos a trabajar sobre la verdad transicional, todo aquello que confiese la víctima y el victimario será siempre la verdad, es así como funciona la comisión de verdad respecto a la memoria colectiva del pueblo. La memoria colectiva lleva consigo afecto y este sentimiento crea el imaginario de un nosotros y un ellos. Cuestión difícil de separar racionalmente cuando se presenta un panorama de oportunistas vs pacificadores en un proceso de paz.
Un tema importante para Colombia en el actual proceso de paz, es que si bien la justicia transicional trae consigo algún tipo amnistía tanto para guerrilleros como para militares, es imperdonable repetir errores como los de El Salvador en materia militar. El Estado es por definición desde una perspectiva weberiana, la dominación con carácter institucional que monopoliza la violencia física legítima. (Weber, 1979, Pág. 92) Es por ello que exigencias como la reducción acelerada del aparato militar estatal es un absurdo. El Estado debe garantizar la seguridad y el control territorial del país, de manera que exigencias como la del FMLN en materia militar no deben repetirse en Colombia. La nivelación de gastos sociales y resocialización no deben ser tomados del aparato militar colombiano. Esta es una institución formal que progresivamente, si el proceso de paz funciona, se irá reduciendo acorde a las necesidades del país, pero nunca bajo lógicas negociadas de paz.
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