“El cementerio Universal es una especie de documento que narra a través de su historia las fases del desarrollo de Medellín en el último siglo, pero también la forma como se fue delineando la figura de las víctimas del conflicto y las características que fueron adquiriendo a través del tiempo. Puede decirse que son tres grandes coyunturas conflictivas las que con su carga de muerte y dolor marcaron las dinámicas del Universal.”
El Jardín Cementerio Universal de Medellín es un lugar con valor patrimonial e interés cultural, pero es sobre todo un lugar de memoria que se ha venido constituyendo desde tal categoría a partir de la consolidación de una estrategia institucional que permite desplegar acciones orientadas a fortalecer esa dimensión del cementerio. De igual manera, y no menos importante ha sido el interés y compromiso de las organizaciones sociales, colectivos de víctimas y sus familiares en el posicionamiento de ese espacio como lugar de recordación y dignificación.
Esas cualidades que parecen apenas obvias para un lugar con tan alta significación histórica y política, no han sido de fácil construcción, y en la actualidad es un objetivo inacabado que exige continuidad, persistencia y proyección, lo que requiere voluntad política y una opción seria por la memoria y la reparación a las víctimas.
El cementerio Universal es una especie de documento que narra a través de su historia las fases del desarrollo de Medellín en el último siglo, pero también la forma como se fue delineando la figura de las víctimas del conflicto y las características que fueron adquiriendo a través del tiempo. Puede decirse que son tres grandes coyunturas conflictivas las que con su carga de muerte y dolor marcaron las dinámicas del Universal.
En primer lugar, el contexto de la Violencia de mediados de siglo XX, que por un lado presionó al cementerio en sus servicios funerarios debido a la llegada masiva a Medellín de personas expulsadas por la guerra desde los municipios y zonas rurales y, por el otro, la aparición de formas de victimización que no se habían conocido hasta el momento, especialmente lo relacionado con huellas de atrocidades perpetradas sobre los cuerpos de los occisos y la presencia de líderes beligerantes de aquellos años como bandoleros, soldados rasos y guerrilleros, en vista de que el cementerio siempre ha tenido esa característica de albergar a las clases populares, por lo que se ganó además el remoquete de ser el “cementerio de los pobres”.
Una segunda coyuntura fue la relacionada con las guerras del narcotráfico, en especial durante el período de mayor despliegue delictivo de Pablo Escobar, lo que significó la inhumación de centenares de víctimas tanto de la sociedad civil caída en medio de esa confrontación abierta y degradada, pero en especial un sinnúmero de jóvenes que en conexión directa o indirecta con esa guerra perdieron sus vidas. Eran tiempos en que ser joven y pobre significaba casi una pena de muerte que se saldó, sólo en el año de 1991, con más de 6.800 homicidios en Medellín para una tasa homicida de 395 por cada cien mil habitantes (téngase en cuenta que la tasa de 2022 fue de 13,9).
Finalmente, la época del desmadre de los paramilitares que se ha tornado en uno de los hitos más dolorosos y problemáticos pues coincide con los operativos militares en la comuna 13 y otras comunas, pero además con el copamiento paramilitar de la ciudad en probada connivencia con la fuerza pública. Es derivado de esos hechos que se consolida una de las formas más infames de victimización como lo es la desaparición forzada, lo que ha derivado en que desde el año 2021 se decretaran medidas cautelares sobre algunas zonas del cementerio Universal por parte de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), lo que ha permitido la ejecución de acciones investigativas para la búsqueda e identificación de cuerpos de personas desaparecidas en medio de esas infaustas operaciones militares y que en su momento fueron inhumadas en condición de Personas No Identificadas.
Esa sola ilación de acontecimientos hace del Cementerio Universal un lugar de memoria que debe ser cobijado con políticas que fomenten las acciones para su reconocimiento y fortalecimiento institucional. Es la propia ciudadanía, al lado de las víctimas y sus familias, quienes deben ser garantes para que no retornen tiempos negacionistas o con concepciones precarias de memoria y paz que, en lugar de ayudar en la imperiosa reparación integral de las víctimas y la sociedad, ahonden o hagan renacer las problemáticas señaladas.
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