No me deja de resultar curioso que el protagonismo al cierre de la legislatura se lo haya llevado la discusión de un proyecto de ley estatutaria que pasó muy de agache en sus primeros dos debates en Cámara de Representantes. Pero su caída tras un mediático acuerdo con la oposición sí deja sobre el tapete una serie de lecciones que marcan pista sobre la estrategia que deberá emplear el gobierno en su relacionamiento con el Congreso a dos años de clausurar el mandato del cambio.
A continuación presento las más importantes:
El movimiento social se convierte en un regulador de los acuerdos del gobierno con la oposición
Para los no entendidos en política menuda, seguro les resultó extraño o cuando menos particular que Fecode se movilizará en contra de un proyecto de autoría del gobierno, pues el mayor sindicato de maestros -con las habituales excepciones, claro está- ha sido uno de los principales aliados de Petro desde la temporada de campaña. Pero el malestar de Fecode no se fundó tanto en un cuestionamiento de origen con el proyecto de ley como en la introducción de ajustes que el gobierno consensuó “a sus espaldas” con la oposición.
Y ciertamente, el sindicato, consiente de que su capacidad de movilización se amplifica en la opinión pública debido a su condición de aliado del Pacto Histórico, recurrió a las calles para hundir los ajustes o, en última instancia, la totalidad de proyecto. Dicho pulso se libró con la ministra Aurora Vergara que, sin lugar a dudas, sale como una gran derrotada.
La lección que queda es la siguiente: la capacidad de movilización de los sectores sociales o sindicales; en principio, aliados del gobierno, ejerce un cuasi poder de veto sobre los acuerdos a los que llegue con la oposición.
El Gran Acuerdo Nacional no puede excluir al movimiento social aliado del gobierno
Cuando la oposición y el gobierno llegaron a ese acuerdo para ajustar el proyecto de ley antes de su último debate, desde algunos sectores se habló de que esto era un ejemplo de acuerdo entre contrarios, sí se quiere, una pequeña dosis del Gran Acuerdo Nacional. Esa figura tanto retórica como simbólica que cimenta las expectativas del gobierno. Sin embargo, el hundimiento de ese acuerdo entre contrarios, tras pocos días de movilización y choques en el Pacto Histórico, puso en evidencia la fragilidad que le asiste al gobierno para garantizar acuerdos con la oposición sí estos terminan socavando aspectos considerados “innegociables” entre sus bases.
¿Hasta qué punto el gobierno tiene la autonomía para consensuar acuerdos con la oposición? o ¿Cuáles son los “innegociables” entre su base social?, son preguntas, necesarias y pertinentes, que ya quedan en el aire. Habrá que ver si de ahora en adelante se implementa una estrategia legislativa que genere espacios de mayor socialización para así impedir la emergencia de hechos mediáticos, cuando menos, bastante incómodos para un gobierno “popular”.
Y el tema no resulta siendo menor, porque el publicitado Gran Acuerdo Nacional -en una dimensión práctica- se reduce a una construcción colaborativa de acuerdos múltiples, y muchos de esos acuerdos, sí o sí, deberán pasar por el filtro del Congreso. ¿Cómo avanzar en su materialización sin generar corto-circuitos que activen el movimiento social aliado en contra del gobierno?
La próxima prueba de fuego en materia de educación llegará con la radicación del proyecto de reforma a la ley 30 de educación superior, un reclamo histórico de la universidad pública y un compromiso del Pacto Histórico. Su suerte, tras lo acontecido con el proyecto de ley estatutaria se pone en entredicho; sin duda, requiere de un cambio en la estrategia legislativa, claridad en los consensos, y ojalá, de una nueva cabeza en el Ministerio de Educación.
Porque la ministra Aurora Vergara ya demostró sus limitaciones y precaria sagacidad política.
Comentar