“La extorsión en México es un delito muy grave que afecta a todos los sectores de la sociedad y que no lo han podido detener”.
Solo basta una llamada al teléfono celular, para que una voz desconocida de datos precisos de la persona a la que le llaman. Direcciones, nombres, rutinas de familiares e incluso, hasta la ubicación precisa de los hijos o su pareja en ese momento.
En el caso de los negocios, también dan cifras de lo que generan y las supuestas ganancias que tienen los dueños y luego viene la amenaza, de hacerles daño si no cooperan.
La extorsión en México es un delito muy grave que afecta a todos los sectores de la sociedad y que no lo han podido detener. Puede ir desde una llamada engañosa pidiendo un solo pago o el cobro de piso semanal a “cambio de seguridad”.
Esto tiene efectos negativos muy profundo, ya que impacta la economía familiar, la seguridad y la cohesión social. Poblaciones enteras han dejado de tener una vida productiva y actividades empresariales, debido a los altos pagos que exigen los delincuentes.
La lista negra
Y en este año, las extorsiones han alcanza niveles récord ya que se registraron 3 mil 877 víctimas en los primeros cuatro meses del 2025. Esto parece una cifra menor y seguramente lo es, ya que la mayoría de las personas no denuncian esto porque seguramente, las cosas pueden empeorar si lo hacen.
Este delito ha aumentado 28% entre el primer semestre de 2019 y el mismo periodo de 2025, concentrándose principalmente en el Estado de México, Guanajuato, CDMX, Nuevo León y Veracruz.
Pero si estas cifras son preocupantes, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) asegura que la lista negra de este delito es enorme, ya que un 97.4 % de las extorsiones no se denuncian, lo que hace que la realidad sea desproporcionada con respecto al número de víctimas reales que existen en todo el país.
Costos económicos
Y en términos económicos, tan solo en 2023 las extorsiones representaron pérdidas de $26 mil millones de pesos, con un costo promedio de $6 mil 933 pesos por víctima, según cifras del INE.
Pero como es de esperarse, seguramente estos números se quedan cortos ante las evidencias que quedaron al descubierto, luego de los últimos hechos que han ocurrido en el Estado de México (centro del país).
Las autoridades federales y estatales, realizaron un operativo que denominaron “Operación Liberación” en 14 municipios de esa entidad, donde descubrieron que el cártel de la Familia Michoacana controlaba prácticamente todas las actividades comerciales.
Ellos decidían a que comercios debían comprar los pobladores, imponían los precios de todos los productos, desde alimentos, materiales de construcción, refacciones o herramientas.
Algunos de ellos estaban 140% más caros que en otros lugares e incluso, controlaban las entregas de paquetería de las ventas en línea.
Luego de este operativo, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que “combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias”.
Ante este escenario que realmente es devastador, la presidenta de México, Claudia Sheimbaum, reconoció la gravedad de la situación y dijo que “la extorsión es el delito que no han podido disminuir”.
Y agregó que “todos los delitos van a la baja, pero la extorsión sigue aumentando”. Por lo que mandó una propuesta de ley para combatir este delito.
La presidenta envió al Congreso una reforma para homologar el delito en los 32 estados y permitir su persecución de oficio, es decir, sin la denuncia directa de la víctima, con lo cual busca que las fuerzas federales puedan intervenir tal como lo hicieron en este caso en el Estado de México.
Si se aprueba e implementa de manera efectiva, esto podría ser un paso decisivo para combatir este delito, que ha puesto en jaque a negocios, familias y regiones enteras del país. Pero para ver esos resultados positivos, si es que se dan, tendrá que pasar todavía mucho tiempo y eso es muy preocupante.
Comentar