“Los retos que enfrenta actualmente Colombia son variados y complejos, y el gobierno del cambio que heredará el ganador de las elecciones de 2026 tendrá una importante tarea por delante. El acuerdo de la izquierda con cada una de las corrientes ideológicas ha aumentado la polarización y la distancia entre los actores empresariales, sociales, políticos, académicos, culturales y mediáticos. El progresismo no ha logrado éxito en términos de desarrollo económico, ha tenido un efecto perjudicial en el sector eléctrico y ha provocado un aumento de la violencia y el narcotráfico, entre otros factores.”
El conflicto armado que se ha intensificado en todo el país indica que Colombia, bajo el liderazgo de Gustavo Francisco Petro Urrego y los agentes del cambio, ha vuelto a un pasado violento en el que la gente ha perdido el derecho a circular libremente por toda la nación. Los enfrentamientos de los militares con los grupos armados han perjudicado a la población civil y son consecuencia de la complicidad de la izquierda con las actividades ilegales, que han incrementado la producción de drogas y fortalecido a los grupos guerrilleros. La ausencia de un comandante supremo de las fuerzas militares o de un ministro de Defensa eficaz ha permitido a los grupos violentos lograr su objetivo de intimidación. El carácter generalizado de esta violencia indica una pérdida de control del Estado sobre un territorio importante, como lo demuestran los informes de tiroteos en la vía pública, los retenes ilegales cerca de los municipios y los asaltos en las carreteras.
Los problemas de memoria a corto plazo de los colombianos han llevado a no reconocer que la violencia actual es el resultado de un estallido social creado por la izquierda para hacerse con el poder. La materialización de una nueva etapa de narcoguerrillas, paramilitarismo y enfrentamiento de bandas criminales que arrasa Colombia es ya evidente, con represión, desapariciones forzadas, asesinatos de líderes sociales y muerte de testigos. La actuación del gobierno, caracterizada por el circo y el show mediático, impide el progreso y desvía la responsabilidad de la crisis política, económica y social que vive el país. Las acciones de los «bodegueros» que apoyan a Gustavo Francisco Petro Urrego, buscando ocultar la inadecuada gestión de su presidente, no han logrado sofocar las acciones de los grupos criminales en todo el país. Estos grupos están aprovechando la iniciativa de «paz total», que maquilla la complicidad de una corriente política con el ideario guerrillero.
El progresismo socialista impuesto por la izquierda en Colombia está teniendo un efecto perjudicial en el país, llevándolo paso a paso hacia la descertificación y a una escalada del conflicto con Estados Unidos, principal socio comercial de la nación. El ambiente de violencia e inestabilidad política ha tenido un impacto negativo en las alternativas de inversión, el crecimiento económico tiene un escaso potencial, y el país se encuentra en medio de una crisis debido a la incompetencia de su mandatario y el equipo de gobierno. Existe un creciente descontento social, con preocupaciones que van desde el inminente colapso del sistema de salud para 2026 hasta los retos a los que se enfrenta la vivienda social y la disminución del acceso a la educación superior. Estos problemas están contribuyendo a una escalada de violencia y subrayando la urgente necesidad de un líder unificador que pueda fomentar la calma y forjar una visión compartida para el futuro.
En los anaqueles de la historia quedará inscrita la violencia que se está ejerciendo desde el poder por parte de la izquierda, una corriente que decía combatir el neoliberalismo y la esencia del capitalismo, pero resultó peor con todas sus políticas y propuestas de cambio. Todo lo que hace Gustavo Francisco Petro Urrego, y quienes lo rodean, tiene un compendio de violencia, muerte, terrorismo, secuestros y corrupción, no hay nada bueno por lo que se pueda destacar bajo la bandera del M-19. El progresismo se comienza a constituir en un engendro de mal que revitalizó las disidencias guerrilleras y fortaleció al ELN que ahora instauran un código del silencio y cultura de la zozobra e intimidación que reina en regiones donde se impone la carnetización ciudadana, se restringe la movilidad y se gestan los toques de queda. Entorno de un cambio vacío que se prometió a las clases populares y lo único que trajo fue una agudización de la pobreza y la delincuencia.
La violencia que azota a Cauca, Chocó y Catatumbo choca con la preocupación de su dignatario por Gaza y Argentina, por citar dos ejemplos. Este aparente doble rasero ejemplifica una tendencia a centrarse en las críticas externas mientras se hace caso omiso de los problemas internos. Los continuos desafíos dentro del gobierno del cambio, plagados de intereses particulares y de una priorización de la consecución de objetivos por encima del bienestar de los afectados, son motivo de preocupación. La historia y la sociedad colombianas se caracterizan por el predominio de la violencia, el hambre, el desempleo, la pobreza, la plusvalía, la mezquindad y la destrucción del medio ambiente. Gustavo Francisco Petro Urrego afirma estar luchando contra estos problemas, pero están profundamente arraigados en el tejido colombiano. Si no se abordan las cuestiones de la impunidad y la supresión de la información, promovidas por las ideologías progresistas, se corre el riesgo de repetir los errores del pasado y, potencialmente, conducir a un retorno de la influencia de la izquierda en Colombia en 2026. La paz y la verdad están inextricablemente ligadas a los principios de garantías y equidad que no ofrece el progresismo socialista de la izquierda en Colombia.
El panorama mediático que pretenden manipular desde la izquierda es indicativo del gobierno popular que dice tener Gustavo Francisco Petro Urrego, acusado de fomentar la violencia, la extorsión y el homicidio hasta niveles sin precedentes en Colombia. El país está experimentando un aumento de la migración, y los grupos criminales adoptan diversas tácticas. Es evidente que las estrategias empleadas anteriormente para oponerse, identificar y resaltar estos problemas ya no son suficientes para el progresismo, ya que ahora abarcan múltiples zonas geográficas de riesgo extremo. Es esencial reconocer que las acciones de su mandatario y su gobierno son, en esencia, un reflejo de las estrategias promovidas por estos grupos criminales. La búsqueda de la paz total, que llevó a «decretar paros armados» y secuestros masivos, desafortunadamente ha creado un espacio para el surgimiento de estados paralelos.
En la agenda social de la nación se destacan importantes retos, como las masacres, asesinatos, muertes y violaciones de niños, así como diversas formas de violencia, que contribuyen a la inseguridad reinante que se vive en Colombia. El papel de Gustavo Francisco Petro Urrego como activista en las redes sociales se ha destacado por el uso de un lenguaje fuerte, que recuerda al de un disociador mitómano. A través de una retórica populista, se le ha observado movilizando a masas que parecen estar influenciadas por el sentimiento imperante de desesperación y violencia que caracteriza al país. La inacción del gobierno en este sentido solo sirve para reforzar las amenazas que plantean los grupos ilegales. Mientras tanto, los colombianos siguen siendo vulnerables a la delincuencia, y las acciones de su presidente, que incluyen aprovechar su posición para victimizarse y luego hablar en apoyo de los oprimidos. En lo que va de año se han producido diez masacres, con un promedio de 1,6 por semana, y el gobierno del cambio permanece indiferente ante la creciente violencia en la nación.
Durante muchos años, la violencia ha sido un problema prevalente en Colombia. El actual gobierno progresista ha sido acusado de ineficacia y ha sido criticado por su enfoque para alcanzar la paz total, lo que ha llevado a una situación en la que un alto número de actores del colectivo social está ahora rodeado de grupos narcoguerrilleros. El concepto de paz total ha sido cuestionado, ya que el ejército es la única parte que ha cumplido con el alto el fuego, mientras que el ELN ha visto un aumento significativo de sus actividades. Ya son 11 los focos de emergencia, 809 municipios equivalentes al 74% del país que enfrentan los impactos del conflicto armado. Nariño, Cauca, Antioquia, Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo son algunas de las regiones más afectadas. El gobierno del cambio se desmorona a un ritmo alarmante, cada semana se destapa un escándalo. El progresismo socialista pierde terreno en Colombia, con millones de votantes que se aquejan de problemas en seguridad, salud, educación, y son gravados con mayores impuestos, al tiempo que se enfrentan a una violencia sin parangón.
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