La discusión sobre la venta o enajenación de los activos tecnológicos que son patrimonio público, implica no solamente hacer un ejercicio de análisis económico sobre el valor real de los activos, si son 3 o 1.6 billones, sino también la discusión en torno a la posibilidad de perder la capacidad real para transformar la prestación de los demás servicios públicos conexos.
Hoy en día la cuarta revolución industrial y el auge que han tenido las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, reclaman dos componentes vitales en las infraestructuras de cualquier empresa sea o no prestadora de servicios públicos: la conectividad y la digitalización.
Si bien el principal activo que tienen hoy las sociedades que se piensen en el circuito mundial de la cuarta revolución son sus activos tangibles como las torres de comunicación, la fibra óptica y las plataformas de conectividad también y no menos importante son sus activos intangibles, el know-how, el conocimiento acumulado y los aprendizajes adquiridos.
Después de la enajenación de la empresa Tigo-Une y sus subsecuentes decisiones se ha asistido a un deterioro o más bien detrimento de la capacidad real para que Medellín, hoy distrito especial de ciencia, tecnología e innovación, se inserte en la urdimbre de las revoluciones tecnológicas y máxime cuando su principal empresa de servicios públicos, hoy propietaria de acciones en la desmantelada Tigo-Une, debe virar a la digitalización y la conectividad como elementos fundamentales para la transformación de sus servicios públicos domiciliarios y conexos.
La gran infraestructura que tiene hoy EPM desplegada en más del 95% del territorio antioqueño, con sus anillos de fibra y la posibilidad de conectar digitalmente los territorios plantean no solo retos sino también posibilidades, para más que enajenar o vender ya los disminuidos activos de Tigo-UNE se replantee la estrategia y la posibilidad de digitalizar sus negocios actuales.
La infraestructura Telco como la que hoy tiene Tigo-Une sumada a la infraestructura actual de EPM posibilitan no solo la Telegestión del alumbrado público como un servicio conexo y moderno para las ciudades y los territorios inteligentes sino también la Telemedición inteligente de los servicios públicos de agua, gas y energía, la posibilidad de conectar digitalmente los territorios haciendo uso de su desplegada infraestructura de red para llevar internet a las zonas más apartadas y conectar escuelas, hospitales y hogares, y es aquí donde quiero hacer énfasis no es enajenando o vendiendo los activos de Tigo-UNE sino eliminando la cláusula de no competencia actual que impide a EPM desplegar estos servicios conexos y más aún proponer el despliegue de una gran Empresa Pública de Telecomunicaciones que nos permita a los medellinenses, antioqueños y connacionales inscribirnos asertivamente en el circuito mundial de la Cuarta Revolución Industrial.
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