La Única Defensa

El derecho, por mínimo que sea, debe prevalecer sobre la conveniencia, por grande que parezca»

— Rafael Uribe Uribe

No existe tal cosa como una guerra exclusivamente defensiva.   Como lo explican pensadores y autores desde Tucídides, la guerra tiene dinámicas, tiempos y lógicas propias que impulsan a los actores a superar sus objetivos iniciales, a abandonar sus métodos y a desconocer los marcos éticos, morales o legales impuestos o existentes.

Pearl Harbor desembocó en Hiroshima y Nagasaki; Stalingrado dio paso a la ocupación violenta de Europa del Este y los ataques a Israel propiciaron la expansión y la ocupación violenta de territorios disputados (Cisjordania) o ajenos (Altos del Golán).  La dinámica del conflicto armado obliga a quien ingresa al enfrentamiento para responder un ataque o amenaza a pasar rápidamente de la defensa a la ofensiva.    “Defender”, perseguir y castigar son parte de la degradación inevitable de la guerra.

En el conflicto armado colombiano encontramos diversos y dolorosos ejemplos de cómo la guerra (sus pasiones, su combustible y sus actores) lleva a los grupos e individuos a acciones cada vez más ofensivas, destructivas y cuestionables.  La Violencia fue una larga y sostenida racha de ataques y “defensas”.  Policías chulavitas, pájaros, guerrillas y Directorios; todos fueron víctimarios y víctimas. El denominador común fue siempre el cuestionamiento de la institucionalidad y luego su negación vía la acción armada. Las guerrillas sustentan su alzamiento en la defensa de territorios; en modelos de organización y proyectos políticos que fueron objeto de persecución y acciones militares de los gobiernos de mediados del siglo XX.  Esta “defensa” se convirtió, después de algunos años, en un aparato ofensivo y violento de guerra irregular que ha cometido delitos sistemáticos y generalizados contra la población civil por todo el país(secuestros, atentados terroristas, utilización de minas antipersonal)  y ha condenado a grandes franjas del territorio nacional a la confrontación armada, el miedo y la pobreza.

El Estado, legítimo defensor de los derechos de los ciudadanos, las normas y las instituciones, ha enfrentado a la guerrilla con una mezcla de operaciones legales (acciones militares bajo los principios de distinción y proporcionalidad y aplicación del derecho penal) y de acciones ilegales (la desaparición forzada, el ataque a la población civil y la complicidad con grupos ilegales al margen de la ley).  Desafortunadamente un número muy alto de sentencias del Consejo de Estado y de las jurisdicciones ordinaria y penal militar dan cuenta de la existencia de estos excesos y crímenes.

Los paramilitares, quienes de manera más explicita se apoyaron para fines políticos y propagandísticos en el concepto de la defensa, reconfirmaron, años después que la guerrilla, cómo se entra en un espiral de degradación exponencial muy difícil de detener, una vez se toma la decisión de recurrir a la violencia y a la ilegalidad.  Las masacres, los desplazamientos, las muertes selectivas y el ataque a los movimientos políticos de izquierda fueron la expresión macabra de su “defensa”.

Este país tiene que aprender la lección. La única defensa viable, la única defensa sostenible, la única defensa que no esconde o desemboca en la muerte y la destrucción, es aquella que se hace desde las instituciones con la ley.  Es más lenta, es variable y cambiante y es humana, demasiado humana, pero es la única posible.

En estos momentos en que la corrupción, el personalismo y los cuestionamientos rodean nuestras instituciones; en estos momentos en los que la economía aprieta; en estos momentos en los que la polarización política alimenta pasiones y propicia discursos incendiarios y hasta ramplones, es precisamente cuando la defensa de la institucionalidad debe ser más contundente y activa.

Defender la institucionalidad no es defender el apellido, el grupo político o la secta religiosa que opera al frente de los organismos. Quienes ejercen la titularidad de tales organismos tienen que llegar a enaltecer el cargo y a liderar con grandeza, visión y responsabilidad para todos.  Eso desafortunadamente no está pasando.  Pero aun en momentos como este, con una crisis real y costosa pero mucho menor a lo que aspiran algunos irresponsables,  el cuestionamiento profundo y la crítica a las acciones de algunos funcionarios y sus decisiones no puede desembocar en la negación de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Cuando se rompen las ataduras con la norma y las instituciones y se justifica la ilegalidad no hay red alguna de protección y la caída es violenta y larga.  Más allá del Estado de Derecho y del recurso ante las instituciones no hay nada diferente al estado de naturaleza y la guerra. Y con la guerra la degradación.

El llamado es a la calma, a la reflexión y a que entre todos, por medio del control político y social, las acciones legales, las elecciones responsables y la información veraz, se restituya el campo de maniobra a nuestras instituciones para que medien, protejan y construyan.  No hay otra opción.