Al Congreso lo llevan a discutir solo al tema de la inversión y nadie responde por el impacto en cambios de domicilios fiscales, en informalización de la economía y en destrucción de la inversión privada.
Muchas fueron las voces sobre los errores de la reforma tributaria de 2022. Varios señalaron que al modificar los limitantes sobre renta exenta en personas naturales, el cambio en el tope de deducciones y la cuantificación de todos los ingresos en especie, sin ajustar la retención en la fuente, iban a generar por esta época una afectación sustantiva a miles de familias que tendrían que endeudarse para poder pagar el impuesto de renta.
Fueron también muchas las voces que alertaron sobre los impuestos “saludables” a los alimentos por su impacto inflacionario. En personas jurídicas, varios criticaron la eliminación de beneficios en ciencia, en turismo o en industrias creativas. También se anticiparon los riesgos de introducir la no deducibilidad de las regalías en hidrocarburos o de volver permanente el impuesto al patrimonio, en ambos casos porque son medidas irracionales, y porque son evidentemente confiscatorias y con ello inconstitucionales.
También se dijo que eliminar los descuentos de ICA en renta, introducir un impuesto mínimo en el 15%, la depuración significativa de descuentos, costos y rentas exentas, y la limitación a los beneficios tributarios, iban a generar un desincentivo a la inversión privada. Pues dicho y hecho. Hoy las personas naturales están agobiadas con el pago del impuesto de renta. Hoy también las personas jurídicas terminaron pagando en tasa combinada corporativa, más patrimonio y más dividendos, 20 puntos porcentuales adicionales.
El resultado es que la inversión privada se vino al suelo y hoy está 25% por debajo de lo que teníamos hace un par de años. Por ello, nadie entiende para qué se necesita otra reforma tributaria, anticipando la inconveniencia de hacerlo en un momento en el que hay desaceleración económica. Y menos se entiende cuando el gasto de funcionamiento crece entre 2022 y la estimación del presupuesto de 2025, en 120 billones de pesos.
Una tasa de crecimiento promedio anual entre 2023 y 2025 en 20% en gastos burocráticos y muchas transferencias monetarias que no se necesitan, a menos que el interés sea politiquero. Me pregunto yo, ¿qué empresa en Colombia tiene con los crecimientos de hoy la capacidad de crecer tanto en gasto de funcionamiento?
Dicen que el aumento es por el servicio a la deuda, sin embargo, este aumentó entre 2022 y 2023 en un 10%, pero entre 2023 y 2025 en promedio anual aumenta en un 23%, entre otras porque en estos años aumenta el déficit fiscal y la deuda, que venían cayendo por tres años seguidos y porque se ha colocado en estos años a costos y primas de riesgo entre 40 y 50% de más.
Con la propuesta de nueva reforma tributaria, apretaremos más a las empresas y personas naturales, y todo para seguir el “derroche”.
Al Congreso lo llevan a discutir solo al tema de la inversión y nadie responde por el impacto en cambios de domicilios fiscales, en informalización de la economía y en destrucción de la inversión privada. O reaccionamos a esto o podríamos terminar en un par de años en recesión económica, derivado de estos abusos fiscales. Cuánto ayudaría recuperar la historia de los comuneros del Socorro en 1781.
*Rector Universidad EIA
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