A estas alturas, mi estimado lector, sabemos que el Proyecto de Nueva Constitución no solo es malo para la unidad de los chilenos y de su territorio, sino que puede desmantelar nuestras vidas al extremo de transformarse en un punto de no retorno. La dirección que indica la flecha del “Apruebo” es el tipo de régimen implementado en Bolivia. La diferencia con dicho país radica en que solo una ínfima minoría de chilenos puede reclamar ser miembro de pueblos originarios, por lo que es muy probable que, en vista a los privilegios y derechos abusivos que se confieren por consideraciones raciales, se torne imposible la convivencia pacífica. ¿Qué nacerá del caos? Muy probablemente una nación indigenista con pretensiones de avanzar hacia el resto del Cono Sur, capturada por la narcoguerrilla que, para bajar sus costos de producción, necesita destruir no solo el Estado de Derecho y licuar el monopolio de las FFAA, sino, además, poner fin a la unidad territorial de los países en Latinoamérica.
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Usted me dirá que en el Artículo No. 3 se afirma que “el territorio es único e indivisible” y yo le responderé, no solo con el ya clásico argumento que analiza los efectos del establecimiento de autonomías territoriales (Artículo No. 58) determinadas bajo la excusa de avanzar la regionalización, pues además, este es un tema fundamental en el marco de nuestras relaciones con Bolivia. El Artículo No. 199 establece que: “Las comunas y regiones autónomas ubicadas en zonas fronterizas podrán vincularse con las entidades territoriales limítrofes del país vecino, a través de sus respectivas autoridades, para establecer programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la conservación del medioambiente, según los términos que establezca esta Constitución y la ley.” ¿Se entiende la trampa?
“Más claro echarle agua”, dirán muchos, a lo que yo agregaré el Artículo No. 14, Inciso No. 3, donde nuestro país “declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales”, comprometiéndose a la “integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los Estados” como también a facilitar “el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas”. De modo que, ya ve usted, de fondo, existe un proyecto que lleva por nombre “la nación indigenista” sobre el que pocos reflexionan.
Los primeros pasos en su diseño y construcción los dio Hugo Chávez al cambiar las festividades del descubrimiento de América “día de la raza”, por el “día de la resistencia indígena”, reivindicando las “luchas de los pueblos originarios”. El indigenismo cobra fuerza, como siempre sucede en el marco del socialismo, a partir de la creación de una falsa conciencia. De pronto los individuos, sobre la base de una supuesta opresión (de los españoles) siglos atrás y cierta falta de “integración” (O ¿Asimilación forzada?) tienen el derecho de apropiarse de lo ajeno y exigir una serie de privilegios que solo conducen a una lucha fratricida. ¿Quiénes ganan en este contexto? La respuesta es fácil: son los más fuertes, es decir, aquellos que poseen el poder de las armas ilegales, del dinero mal habido con el que corrompen a políticos y jueces, y el manejo de amplios territorios como Temucuicui, donde no se mueve un alfiler sin pasar por el visto bueno de los mafiosos y terroristas de turno.
Así las cosas, nos vamos dando cuenta de que el proyecto que una minoría capturada por el socialismo bolivariano ha querido imponer a los chilenos con la complicidad de parte importante de la prensa, el silencio de jueces y políticos, y el apoyo de amplios sectores académicos, es la creación de una nación indigenista en la forma de un Estado cuyo precursor político lo puede encontrar en la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y la idea de una moneda única latinoamericana.
Poco a poco nos hemos dado cuenta de que ese es el trasfondo de la propuesta que votaremos el 4 de septiembre. El problema es que aún no tomamos consciencia de que los chilenos hace rato que caímos en la trampa cuando aviones de misteriosa procedencia descargaron a miles de haitianos ilegales, mientras, en la práctica, los controles fronterizos fueron desmantelados. En otras palabras, la desintegración de Chile avanza día a día, con o sin Nueva Constitución, comandada por una clase política que, curiosamente, suele participar en todo tipo de foros y promover acuerdos cuyo marco es el socialismo del siglo XXI fundado por una narcodictadura. La pregunta que debiesen estar haciéndose civiles y militares es cómo enfrentar el proyecto de la nación indigenista y revertir la fragilidad en que se encuentra el país.
Aún nos queda una esperanza en el triunfo del “Rechazo” y la posibilidad de contar con expertos incorruptibles que se las jueguen por el país y pongan freno a su desintegración. En caso contrario, si gana el “Apruebo”, la trampa ya está lista y el socialismo bolivariano no encontrará más baches en el camino para implementarse. Y es que como el Proyecto de Nueva Constitución especifica cuáles son las materias de ley, deja al arbitrio del Presidente Boric todo lo que no quedó establecido en ese listado, al menos durante los primeros seis (6) meses después del plebiscito. En suma, todas las materias no especificadas serán reglamentadas por el Presidente a través de los reglamentos autónomos que, dado el diseño institucional, podrían ser dictados sin la intervención de ningún otro poder del Estado. Dicho de otra manera, viviremos un período dirigido solo por una especie de Ejecutivo Legislador, sin Corte Constitucional, fiscalizado únicamente por el Contralor, cuyo nombramiento depende, adivine de quién… ¡Eureka! Descubrió la trampa, ni más ni menos que del mismo Presidente al que debe fiscalizar.
La versión original de este artículo apareció por primera vez en el medio El Líbero de Chile, y la que le siguió en nuestro medio aliado El Bastión.
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