“En un sistema complejo, la observación no es un acto pasivo; al medir o intervenir sobre una variable, alteramos la naturaleza misma de la red de interacciones que pretendemos gestionar. La economía, lejos de ser un equilibrio determinista, es un organismo vivo que respira a través de la incertidumbre”. — David Orrell, Quantum Economics.
La arquitectura del sistema de educación superior en Colombia atraviesa hoy un momento de reconfiguración forzada, donde las decisiones de política fiscal y la realidad demográfica convergen en una red de interacciones complejas que amenazan la estabilidad del conocimiento como bien público. La reciente promulgación del Decreto 0173 del 24 de febrero de 2026, emitido bajo el amparo de una emergencia económica declarada mediante el Decreto 0150 de 2026, no constituye un evento aislado en la cronología legislativa del país. Por el contrario, actúa como un catalizador de incertidumbres en un sector ya presionado por la caída de la natalidad, el incremento sustancial de los costos operativos y una retórica gubernamental que, en ocasiones, parece olvidar la naturaleza simbiótica entre lo público y lo privado.
Desde una perspectiva que busca trascender las dicotomías ideológicas, es imperativo analizar cómo este gravamen al patrimonio, aplicado a instituciones que por esencia son Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), altera no solo las finanzas de las universidades, sino las trayectorias de desarrollo nacional y la movilidad social de los estratos más vulnerables. El presente análisis disecciona los componentes técnicos de esta medida, el impacto de los recortes en los subsidios del ICETEX, el cambio en la estructura de costos laborales y la ineludible realidad demográfica que enfrentarán las aulas en las próximas décadas, abogando siempre por una armonía que reconozca a la educación como un sistema interdependiente.
Iniciemos por el hecho motivador, el Decreto Legislativo 0173 de 2026, el cual surge en un escenario de incertidumbre fiscal, donde el Gobierno Nacional ha buscado arbitrar recursos adicionales para atender los gastos del Presupuesto General de la Nación. El PGN para la vigencia 2026 fue decretado originalmente por un valor de $546,9 billones, reflejando una reducción de $10 billones frente al monto inicialmente proyectado. Ante este vacío presupuestal, el Ejecutivo optó por la creación de un impuesto al patrimonio de carácter extraordinario para personas jurídicas, justificando la medida bajo principios de progresividad y la necesidad de que los sectores con mayor “capacidad contributiva” realicen un aporte proporcional al financiamiento de la emergencia.
El diseño normativo del impuesto al patrimonio para el año 2026 establece parámetros rigurosos que capturan a una parte significativa del sector educativo privado. De acuerdo con el articulado del decreto, se adiciona el numeral 6 al artículo 292-3 del Estatuto Tributario para incluir a las personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) al 1 de marzo de 2026. En términos monetarios actuales, este umbral se sitúa aproximadamente en los $10.474.800.000, una cifra que la mayoría de las universidades privadas de mediana y gran trayectoria superan ampliamente debido a sus inversiones en infraestructura física. La tarifa general representa el 0.5% sobre la base gravable, la cual debe ser declarada y pagada en un 50% para el 1 de abril y el 50% restante para el 4 de mayo de 2026.
Es fundamental notar que, aunque el decreto establece exclusiones para empresas del sector salud o intervenidas por el Estado, las instituciones de educación superior privadas del régimen especial no fueron exceptuadas, a pesar de su función social y su naturaleza no comercial. Esta omisión ha generado una reacción en asociaciones como la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), que estiman un impacto financiero agregado de $135.000 millones de pesos para unas 80 instituciones afectadas.
Uno de los puntos más críticos de este análisis reside en la comprensión de la naturaleza jurídica de las universidades en Colombia. Bajo la Ley 30 de 1992, el servicio público de educación superior es prestado por instituciones que deben constituirse como personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro. Esto significa que los excedentes generados no se distribuyen entre socios o fundadores, sino que deben ser obligatoriamente reinvertidos en la misma institución para mejorar la calidad, ampliar la investigación y fortalecer el bienestar estudiantil.
Al tasar el patrimonio de estas entidades, el Decreto 0173 incurre en una contradicción sistémica. El patrimonio de una universidad no es “riqueza” en el sentido convencional del capital financiero; es infraestructura educativa, como laboratorios de alta tecnología, bibliotecas, auditorios y hospitales universitarios que sirven directamente a la sociedad. Cobrar un impuesto sobre estos activos es, en la práctica, gravar las herramientas con las que se construye el futuro del país. El padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente de Ascún, ha calificado la medida como una “conceptualización jurídica absurda”, pues castiga la solidez institucional de entidades que no generan lucro privado, sino rentabilidad social.
La narrativa oficial a menudo tilda a las universidades privadas de ser instituciones ricas que generan utilidades para bolsillos anónimos. Sin embargo, la realidad financiera dictada por los estatutos y la ley es diferente, los bienes y excedentes son de propiedad de la institución y no pueden confundirse con el de sus miembros; no se pueden transferir derechos patrimoniales a título personal durante la existencia o liquidación de la entidad y todo peso que queda tras la operación debe destinarse a acrecentar el patrimonio pedagógico y científico.
El impacto de este impuesto de causación instantánea obligará a muchas instituciones a recurrir a créditos bancarios o realizar activos para cumplir con los pagos de abril y mayo, lo que genera un costo financiero adicional no previsto que erosionará los fondos destinados al cumplimiento de las funciones sustantivas. En un sistema donde el 70% de los estudiantes de universidades privadas pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, cualquier presión sobre el flujo de caja institucional termina afectando, por vía de la necesidad de sostenibilidad, la capacidad de otorgar subsidios internos y becas de permanencia.
Mientras la discusión pública se centra en la coyuntura tributaria, un fenómeno de fondo más profundo y preocupante avanza silenciosamente, y es la transición demográfica de Colombia. El país ha dejado de ser la nación joven de finales del siglo XX para entrar en un proceso de envejecimiento acelerado por la caída drástica de la natalidad. Los datos del DANE y los reportes de especialistas en salud pública muestran una trayectoria descendente alarmante. Si en 2017 nacieron más de 656.000 personas, el indicador ha mantenido una caída constante que se aceleró de manera crítica a partir de 2022, año en el que la disminución fue del 7%, seguida por un desplome del 10% en 2023. 2024 cerró con la cifra más baja en más de una década. Esta tendencia no es solo una estadística de salud; es una amenaza existencial para el modelo educativo actual.
La reducción de la población escolar ya es una realidad en ciudades como Cali y Bogotá, donde los colegios oficiales y privados registran cambios en la dinámica de matrícula. Las universidades, que verán este impacto con pleno rigor en la próxima década, se encuentran ahora ante la paradoja de tener que pagar nuevos impuestos al patrimonio sobre una infraestructura que, si no se adapta, podría quedar subutilizada en un futuro cercano. La crítica aquí es clara, el Estado no debería debilitar financieramente a las instituciones en el momento en que más necesitan invertir en innovación pedagógica y flexibilidad curricular para sobrevivir al invierno demográfico.
Otro aspecto refiere a la “traición a los estratos 1, 2 y 3” por la erosión del ICETEX. La armonía entre lo público y lo privado se manifiesta con mayor fuerza en el sistema de financiación estudiantil. Es un error común asociar la universidad privada únicamente con las élites económicas. Como lo demuestran las cifras de ACIET y Ascún, siete de cada diez estudiantes en estas instituciones pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, muchos de los cuales provienen de regiones apartadas y ven en la educación el único vehículo de movilidad social.
El año 2025 y el inicio de 2026 han sido testigos de una crisis sin precedentes en el ICETEX. Debido a la falta de presupuesto y a una reorientación de las políticas gubernamentales, se ha anunciado la eliminación de los subsidios a las tasas de interés para los créditos educativos de los estratos más bajos. Mientras que en 2024 se otorgaron cerca de 50.000 créditos, para el primer semestre de 2025 la cifra cayó a solo 5.200 implementados, dejando una brecha enorme en el acceso. Sin el subsidio, las tasas de interés para los jóvenes de estratos 1 y 2, que antes estaban protegidas, han regresado a condiciones de IPC + 7% o incluso IPC + 12%; las familias que pagaban cuotas de $500.000 mensuales pueden ver sus recibos subir a $700.000 o $800.000, superando el ingreso disponible en hogares que devengan un salario mínimo. Con una deserción anual acumulada que ya ronda el 11% y una deserción por programa del 50%, estas medidas de recorte financiero actúan como un desestímulo directo para la permanencia.
Esta situación genera una tormenta perfecta, pues el Gobierno grava a las universidades privadas, limitando su capacidad de dar becas o estímulos propios, al tiempo que recorta el apoyo estatal a los estudiantes para acceder a esas mismas universidades. Se está rompiendo el engranaje del sistema mixto, donde la universidad pública no tiene la capacidad de absorber a los 1,2 millones de estudiantes matriculados en el sector privado si estos deciden retirarse por falta de recursos.
Este análisis no puede ignorar el entorno laboral en el que operan las universidades. Para el año 2026, el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente SMLMV fue fijado por decreto en $1.750.905, un incremento del 23% respecto al año anterior, con un auxilio de transporte de $249.095, alcanzando una cifra redonda de $2.000.000 para el trabajador. Para una institución educativa, que es intensiva en personal docente, administrativo y de servicios, este incremento representa un desafío mayúsculo a la tesorería. El costo total de un empleado que devenga el mínimo para la empresa no es de $2 millones, sino que asciende a $2.864.324 al incluir seguridad social y prestaciones. A esto se suma la implementación de la reforma laboral que ajusta las franjas horarias y los recargos, antes de la reforma, la jornada nocturna comenzaba a las 9:00 p.m. Para las universidades que operan programas nocturnos, muy comunes para los estudiantes trabajadores, esto implica dos horas adicionales de recargo del 35% por cada docente o administrativo que trabaje después de las 7:00 p.m.
En otras columnas he insistido en que la economía no debe ser una lucha de trincheras ideológicas. La universidad privada ha sido un actor fundamental en el desarrollo del país, coadyuvando en la ampliación de la cobertura y el fomento de la investigación donde el Estado no ha podido llegar. El sistema debe entenderse como un conjunto interdependiente, donde la interacción genera beneficios en calidad y diversidad.
La sostenibilidad del sistema educativo mixto requiere una hoja de ruta que priorice la inversión sobre la recaudación punitiva, es imperativo excluir a las ESAL educativas de gravámenes patrimoniales, replantear el modelo del ICETEX y reducir la excesiva burocracia del Estado que reemplaza el desarrollo educativo. En este complejo escenario, celebraría el buen criterio de la Corte Constitucional al atender las solicitudes de suspensión provisional de los efectos del Decreto 0173, reconociendo que la estabilidad de las instituciones que educan a 1.2 millones de jóvenes no puede ser una variable de ajuste fiscal improvisada. El llamado es vehemente al Gobierno Nacional para gestionar una política fiscal responsable que, lejos de marchitar el patrimonio de las universidades, brinde apoyo decidido a los sectores económicos que dinamizan el gasto público y garantizan la transformación social del país. Solo mediante el diálogo y la protección del engranaje entre lo público y lo privado, podremos asegurar que la educación siga siendo el pilar innegociable de nuestra democracia.
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