“no se puede caer en la ingenuidad de pensar que todo a partir de represión y ejercicio de autoridad se puede solucionar, ni tampoco en la de pensar que los delincuentes y las organizaciones criminales se dedican a esas actividades exclusivamente por falta de educación y oportunidades.”
La ubicación geográfica, factores históricos, dinámicas sociales, un alto índice de desigualdad, algunos gobiernos cómplices por omisión y sin duda la falta de oportunidades para los jóvenes son algunos de los principales factores que brindan las condiciones para que en la ciudad se generen, establezcan y prosperen muchas actividades criminales.
Nos gusta destacarnos por ser una ciudad innovadora, sobresalientes comerciantes, una ciudad en crecimiento y sede de múltiples eventos internacionales; tenemos una identidad paisa, una cultura sumamente tradicional y vivimos arraigados a esta tierra, pero sin duda todos esos potenciales que tiene Medellín y su gente también son aprovechados de manera estratégica por actores y estructuras dedicadas a actividades ilegales.
Tristemente llevamos en nuestro ADN el fenómeno de la violencia, la cual históricamente ha tenido niveles altos y bajos, pasamos de la Medellín de los ochentas, a ser la ciudad más innovadora y vivir una etapa de relativa estabilidad -sin querer decir con ello que la violencia haya desaparecido-; pero actualmente, estamos viviendo una nueva ola de violencia que nos obliga a cuestionarnos: ¿se está atacando la violencia y la delincuencia de la manera acertada?
Lo primero que hay que entender es que la violencia no se limita únicamente a los actores y estructuras que realizan acciones criminales, es decir, que en la búsqueda de la seguridad existen 3 tiempos, inicialmente el que obedece al pasado y ha sido el generador de las actuales condiciones; seguido por el presente en dónde existen delincuentes y organizaciones dedicadas a actividades ilegales y un tiempo futuro que acaecerá a partir de las condiciones que brinda el presente.
La institucionalidad, principalmente en las fuerzas militares y de policía, la educación y la generación de oportunidades han sido las estrategias que suelen usarse buscando la seguridad, pero no se puede caer en la ingenuidad de pensar que todo a partir de represión y ejercicio de autoridad se puede solucionar, ni tampoco en la de pensar que los delincuentes y las organizaciones criminales se dedican a esas actividades exclusivamente por falta de educación y oportunidades.
Adicionalmente, existe un contexto nacional y un contexto internacional que generan una serie de condiciones que terminan siendo aditivos o potencializadores de la prosperidad de la criminalidad en la ciudad, a saber: el posconflicto en Colombia ha sido perversamente gestionado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y permitió que sucediera lo que muchos expertos, analistas y ciudadanos sabían de antemano que iba a pasar, ante la ausencia de la institucionalidad, los vacíos de poder dejados por las FARC iban a ser ocupados por otra serie de actores que traerían nuevas dinámicas, entre ellas, el aumento y fortalecimiento de los denominados combos en las ciudades. A esto se le debe sumar la permisividad y el garantismo de la legislación y justicia colombiana frente a la ilegalidad, como se escucha entre la gente “más se demora la policía en capturar un criminal que un juez en ponerlo en libertad”.
El contexto internacional, encabezado por la lucha antidrogas permite también que actividades como el narcotráfico y el microtráfico prosperen de manera sistemática en la ciudad y a ello se le suma las disputas de combos por poseer las denominadas plazas de vicio de los barrios, el establecimiento de fronteras invisibles, el tráfico de armas, el lavado de activos y muchos otros negocios ilegales.
La actual administración ha decidido combatir de manera frontal y directa las estructuras criminales existentes en Medellín, una decisión que corresponde a sus funciones y a la institucionalidad y que cuenta con el apoyo de la mayoría de la gente que está cansada de vivir atracos, pagar extorsiones, sentirse amenazada e insegura, y en muchos casos perder familiares y amigos inocentes víctimas de la violencia que desatan las estructuras criminales, sin embargo el costo de esta decisión es la reacción y retaliaciones de la delincuencia, que lleva a un estado de zozobra y temor permanente en la ciudadanía, que incluso ha puesto al alcalde bajo amenazas directas de quienes lideran estas organizaciones, pero bajar los brazos y realizar acuerdos con estas estructuras es permitirles que se fortalezcan, aumenten su poder, su presencia y que se adueñen cada vez más del territorio.
Todo lo anterior nos lleva a una máxima de la seguridad, en Medellín existen los actores con el interés, la capacidad, la voluntad y la oportunidad de realizar actividades criminales, por lo que los ciudadanos tenemos la probabilidad, las amenazas y las consecuencias que nos hacen vivir en riesgo permanente, por lo cual, es absolutamente necesario que, como ciudad, desde sus líderes hasta sus ciudadanos, se abra la discusión y se cuestione la eficacia de la política pública de seguridad y que se replantee como estrategia integra, coherente y actual, para lograr garantizar la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos.
