Hablar de seguridad se convierte en un tema de alta sensibilidad en el país y más cuando se tiene como antecedente la violencia y lo que ha sucedido a través de la historia. Sin embargo, para discutir de seguridad democrática basta movernos un poco más de una década hacia atrás.
Si bien “sonó” como slogan o la representación sonora de una campaña, se convirtió en el día a día en una bandera de su entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que la volvió política gubernamental. “LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA”.
El periodo y los hechos que atravesaron el país no son muy lejanos a los actuales, aunque fueron más agudos y sin un proceso de paz firmado, como existe ahora. Y para esto, es necesario recordar, no solo lo político sino las líneas estratégicas para lograr contrastar con datos la realidad.
En el marco de la lucha contra los grupos insurgentes y el conflicto armado en Colombia, se planteó la necesidad de fortalecer las actividades y en sí, la presencia de órganos de seguridad a lo largo y ancho del territorio. Esto se logró con:
Coordinación de actuaciones del Estado con el consejo de seguridad, la defensa nacional y la junta de inteligencia. Fortalecimiento del sistema judicial y las fuerzas militares. Recuperación y a la vez consolidación del control del territorio que estaba en poder de los guerrilleros y paramilitares. La desarticulación progresiva de organizaciones narcoterroristas. La comunicación constante (diálogo popular) con la población sobre las políticas y la transparencia en cuanto a las acciones que estaba teniendo el Estado.
La sexta, que es donde quiero detenerme un poco: la protección de personas e infraestructuras que entraran en esa cooperación patriótica y a voluntad. Con deberes constitucionales (reintegración o cooperación con la verdad).
La seguridad democrática siempre ha contemplado el diálogo y las oportunidades de reinserción, pero no la falta de criterio, ni de aplicación de la Constitución y la Ley, con quienes hostigan con ideales y terrorismo al país.
La seguridad democrática no aplicada desde un presidente de turno sino desde un modelo y política gubernamental con resultados favorables, es la gran prueba para aplicarla con lo que se pueda retomar para mover la acomodación de los insurgentes en el Gobierno actual, que tienen su total derecho democrático a gobernar con su plan, pero han hecho que la gobernanza sea imposible. Con esto, se han perdido hechos con resultados a través de voluntades confusas, como, por ejemplo, la violencia desatada, grupos desplazando, inseguridad económica y jurídica, mano blanda con quienes en su mayoría sabotean la tranquilidad de esa Colombia profunda que fue la bandera para representarse en este gobierno de narrativas y pocos hechos.
La presente muestra de un gabinete desesperado por cambiar la Constitución y no de actuar y medir con base a lo que ya funciona. Desesperados por Instalar ideologías que se han llevado por delante la salud, los avances laborales y, por su puesto, el respeto a nuestra constitución, por mencionar algunos, eso sí, con promesas populistas alejadas de las realidades de la gente.
Si bien los colombianos en nuestro derecho podemos elegir y confiar en la democracia del país, sí debemos apostarle a la seguridad que afianza el control institucional dándole garantía a los nuestros que buscan el camino del bien para salir a aprovechar las oportunidades de progreso y poder llegar al final de sus jornadas tranquilos a casa.
El debate es amplio en ideologías, pero también es amplio en la comprobación que con seguridad se controla la cadena de supervivencia haciendo que los alimentos estén en las familias, el empleo se genere y ocupe lícitamente, la extorsión disminuya y los delincuentes no sientan que están por encima de la Ley.
Un dato de la seguridad democrática para refrescar la memoria es que el gobierno de URIBE VÉLEZ logró desmovilizar más de 52 mil integrantes de grupos armados, alrededor de 31 mil procedentes del paramilitarismo y 16 mil que pertenecían a guerrillas, todo esto, sin contemporizar con los criminales y respetando la Constitución y la Ley.
Colombia ha superado intentos de dictaduras de años atrás, esta no va a ser la excepción. No es posible que el “libertador” como se quiere proclamar el gobernante de turno, en su narrativa de cambio le dé las llaves de la democracia al diálogo con presuntos asesinos con sed de poder y no de perdón.
En las condiciones actuales, inundados en incertidumbre demagógica, debilitada en moral y corrupción, veo como antídoto la seguridad democrática para los colombianos que, si bien no fue perfecta, hizo que recuperáramos la confianza en la institucionalidad, aumentó con hechos la percepción de seguridad y generó un clima perfecto para la inversión, donde hubo siembra de oportunidades y mejores condiciones para la gente. El país progresó.
La seguridad ha sido el camino de progreso de las grandes naciones, para la nuestra no puede ser la excepción.
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