“El ataque de Gustavo Francisco Petro Urrego a la democracia se hizo explícito con su declaración de guerra a la prensa. Esta reacción es propia de un sujeto autoritario que ama la adulación, pero rehúye la confrontación seria, rigurosa y ética frente a sus mentiras, la falta de objetividad, y las fakes news que difunde a diario.”
Claro es que su presidente poco a poco comienza a desconocer el principio básico consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional: “dentro de las fronteras de Colombia se garantiza a todas las personas la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, y la de informar y recibir información veraz e imparcial”. El periodismo es una profesión con responsabilidad social, protegida contra cualquier tipo de censura, o mordaza, en el marco de la democracia. El actual clima de polarización nacional está provocando un desvío de la atención de los hechos para exaltar los delirios de persecución, situación coyuntural que se usa para justificar la censura gubernamental sobre medios de comunicación, asociaciones, periodistas y opositores. Colombia se encuentra ante una situación en la que existen diversas interpretaciones de los hechos. Lejos de cualquier ideología, los detalles sutiles del panorama nacional sugieren que, como en otros países, a la izquierda le incomoda el papel fiscalizador de la prensa.
En Colombia, el periodismo ha estado históricamente ligado a las instancias del poder político, de las tendencias bolivarianas y santanderistas se pasó a las corrientes liberales y conservadoras, en la propiedad accionaria de los grandes medios impresos. Con la evolución de los tiempos, la radio llegó y se aproximó a los conglomerados económicos, una historia bastante similar a la de la televisión, biósfera que se reconfiguró posteriormente con la convergencia del ecosistema mediático del país. El papel fiscalizador del periodismo, el seguimiento de la información no ha sido fácil. Los medios se han enfrentado a una serie de temas desafiantes, como el fenómeno guerrillero, el narcotráfico, la corrupción y diversos aspectos de la historia nacional. Un ambiente de análisis e intercambio de experiencias en el que se plantean preocupaciones, la censura a periodistas y medios de comunicación por parte del gobierno, la clase política y la sociedad colombiana.
El cubrimiento de los fenómenos de comunicación ha llevado a varios intentos de silenciar las voces de la profesión periodística en Colombia. Estas tentativas han incluido el asesinato de Guillermo Cano, la supresión de la tarjeta profesional como retaliación por el cubrimiento y denuncias del proceso 8.000, presiones indebidas de los gobiernos sobre la industria de la comunicación para destituir periodistas y pronunciamientos judiciales que impiden la difusión de material para proteger la honra y el buen nombre de personas al margen de la ley, entre otros. Ataques o presiones al modelo de negocio, a las rutinas de producción y a la rentabilidad de la industria de la comunicación. El periodismo de investigación, el cotejo de fuentes y la publicación de hechos verificados a menudo resultan molestos e inconvenientes para las políticas nacionales y las principales personalidades del país.
La prensa colombiana se enfrenta actualmente a un reto importante. Este es el resultado directo de las acciones de su mandatario, que han hecho incómodo para la prensa operar libremente. Gustavo Francisco Petro Urrego ha declarado públicamente la guerra a todos los colombianos que tienen una visión diferente a la suya. La prensa, y una parte importante de la ciudadanía, se opone a la criminalidad, la corrupción galopante y el modelo caduco y empobrecedor que pretende imponer el progresismo socialista de su presidente. Los comentarios mordaces e irritantes, que incomodan a la izquierda, tocan las fibras de las actividades ilegales y las instancias del poder social, entorno que no quieren que sea evaluado. El Pacto histórico y sus fuerzas aliadas no están dispuestos a rendir cuentas de sus actos y se niegan a responder a preguntas más que legítimas. Creen que el silencio es una respuesta adecuada para actos que trascienden el fuero de su vida personal.
El Gobierno del cambio empieza a reconocer que se ha declarado la guerra a sí mismo, se da golpes blandos para justificar sus proclamas incendiarias, calumnia a sus adversarios, y miente sin ruborizarse. El camino de la rectitud y la ética está muy lejos de las buenas acciones de su mandatario, por eso se habla de «tiempos oscuros» en los que una fuerza política busca «destruir el país» y «mantenerse en el poder» a como dé lugar. Relato del caos del que Gustavo Francisco Petro Urrego solo atina a defenderse hablando de ataques mentirosos de la prensa, estigmatizar a un sector de la sociedad al que ve literalmente como enemigo. Para su presidente es todo un reto sortear preguntas incómodas, asumir la responsabilidad de sus actos y por ello se victimiza y culpa a otros de los desafíos que se plantean dentro de su partido político. La situación es análoga a la que ocurrió con Hugo Chávez Frías, a quien siguió Nicolás Maduro Moros, y ahora busca culpar a otros de sus propios pasos en falso.
En los anales de la historia no hay precedentes de un presidente en Colombia que haya denostado públicamente a la prensa nacional hasta el punto de minar su credibilidad. Es muy preocupante que Gustavo Francisco Petro Urrego haya recurrido a calificar a la prensa de «Mossad» y «paramilitar». Tal caracterización es indicativa de falta de capacidad mental, resentimiento y tendencia a adoptar una postura de confrontación. No es de extrañar, por tanto, que un sujeto como su mandatario sea a menudo objeto de admiración por parte de quienes comparten dificultades cognitivas similares. Su presidente es una figura que carece de normas éticas y cuyos intereses personales están provocando inestabilidad en el país. Por lo tanto, está intentando restringir la libertad de prensa para avanzar en sus objetivos de polarizar y proyectar odio y animadversión. Es de suma importancia que los colombianos se unan y mantengan la libertad de pensamiento y expresión que debe preservarse en el orden democrático.
El ambiente de desánimo que prevalece en Colombia está propiciando un ambiente de conflictos innecesarios, enfrentamientos verbales y acciones contrarias a las normas y procesos de integración. Estas acciones son llevadas a cabo por individuos y grupos que dicen defender a los socialmente aislados. Quienes ostentan el poder no sólo reaccionan a las circunstancias en las que se encuentran, sino que también tratan de restringir la libertad de expresión de quienes sostienen opiniones contrarias. Este colectivo rebelde, carente de una base sólida para sus argumentos, busca construir una lealtad social que desestabilice al país y, a mediano plazo, acabe con la institucionalidad democrática y presidencial de Colombia. La regulación soslayada que quieren imponer sobre el periodismo es un intento de suprimir la verdad, de amordazar las voces disidentes y de imponer una visión uniforme del país. Se trata de un enfoque equivocado que minimiza la gravedad de la situación y como el adagio popular demuestra que el problema no está en el sofá.
Es hora de reafirmar la misión fundamental de un periodista: informar sin sesgos, representando a los ciudadanos que demandan una información veraz, no ideologizada y no politizada. Es lamentable que la situación esté afectando al periodismo, a la independencia y a la multiplicidad de voces en el escenario informativo. La profesión satisface las necesidades de información de la nación con un periodismo de calidad, serio y de investigación. Al gobierno no le interesa fomentar un entorno que permita la presencia y el protagonismo de voces diversas, lo que es beneficioso para la democracia. La presidencia pretende coartar la libertad del ciudadano e insinúa que antes de acercarse a un producto periodístico, deben asegurarse de que está en la posición correcta ante las instituciones democráticas del país, como propone la izquierda. En la actualidad, el gremio periodístico enfrenta importantes retos debido a la actuación de Gustavo Francisco Petro Urrego, quien está minando la credibilidad de la profesión al recurrir a acusaciones infundadas, tratar de imponer la censura y pretender socializar las pérdidas que esto significará para un estado social de derecho.
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