La responsabilidad social del agente inmobiliario: Ética y Legalidad en la Construcción de Sociedad

«El agente inmobiliario no solo gestiona propiedades, sino que también es un actor clave en la construcción ética y transparente de nuestras ciudades.»


El papel del agente inmobiliario en la sociedad contemporánea ha evolucionado de ser un simple facilitador de transacciones a un actor clave en la estructuración y transformación del entorno urbano, económico y social. En un contexto de crecimiento urbano sin precedentes, y con una demanda cada vez mayor de transparencia y sostenibilidad, la figura del agente inmobiliario cobra una dimensión ética, legal y social que va más allá de las simples operaciones comerciales.

El agente inmobiliario como arquitecto social

El mundo se enfrenta a desafíos complejos: crisis de vivienda, gentrificación, segregación urbana, y un creciente desequilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar social. En este escenario, los agentes inmobiliarios tienen una responsabilidad fundamental. Son ellos quienes median entre el capital y las necesidades habitacionales de las personas, y su rol no solo debe limitarse a maximizar beneficios, sino a garantizar que las transacciones inmobiliarias contribuyan al bien común, a la sostenibilidad y al respeto por los derechos de todos los actores involucrados.

Ética del agente inmobiliario: más allá del negocio

El Código de Ética del Agente Inmobiliario, adoptado en varios países, marca pautas claras para el ejercicio de esta profesión. Se espera que los agentes no solo actúen con profesionalismo, sino que adopten una posición ética en cada transacción. La ética inmobiliaria no se limita a la transparencia y la legalidad, sino que implica la protección de los derechos de los clientes, la sostenibilidad de los proyectos y la no participación en prácticas que generen segregación o perjuicio para las comunidades.

En este sentido, los agentes inmobiliarios se encuentran en una posición de gran responsabilidad. En países como Colombia, el auge de la construcción no planificada ha resultado en problemas como la gentrificación de zonas vulnerables, o la explotación inmobiliaria en áreas afectadas por el conflicto armado. La actuación ética de los agentes no solo asegura el bienestar económico de las ciudades, sino que contribuye a la preservación de su tejido social.

Normativa en Colombia: un marco legal para el agente inmobiliario

En Colombia, los agentes inmobiliarios están regulados principalmente por la Ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de vivienda urbana, y la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal. Estas leyes establecen las reglas básicas de operación en el sector, desde la gestión de inmuebles hasta la protección de los derechos de los arrendadores y arrendatarios.

Adicionalmente, el Código de Comercio establece parámetros sobre los contratos de corretaje y la intermediación inmobiliaria, imponiendo obligaciones contractuales que deben ser observadas de manera rigurosa. Los agentes inmobiliarios deben estar inscritos en el Registro Mercantil, ser claros en la descripción de los inmuebles y transparentes en los contratos de compraventa o arrendamiento.

Sin embargo, las responsabilidades del agente inmobiliario no se limitan al cumplimiento de las normativas comerciales. En los últimos años, ha surgido la necesidad de establecer mecanismos de supervisión más estrictos para prevenir el lavado de activos y la financiación de actividades ilegales a través del sector inmobiliario. Este es un desafío creciente en ciudades como Medellín, donde la infiltración de capitales ilícitos en el mercado de bienes raíces está estrechamente vinculada con estructuras criminales.

Perspectivas internacionales: regulación inmobiliaria en comparación

A nivel mundial, las regulaciones que rigen el mercado inmobiliario varían significativamente. En países como Estados Unidos, existe una regulación estricta que exige que los agentes inmobiliarios estén acreditados y cumplan con estándares éticos que incluyen la lucha contra el blanqueo de capitales. El Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA) y el Patriot Act son ejemplos de cómo el gobierno estadounidense regula las transacciones para evitar la entrada de dinero ilícito.

Por su parte, en España, la Ley 12/2010, que adapta la legislación española a la normativa europea, establece un marco para la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario, y obliga a los agentes a reportar operaciones sospechosas. En este marco comparado, es evidente que Colombia, aunque ha avanzado, necesita fortalecer aún más los mecanismos de vigilancia y transparencia en el sector.

En Latinoamérica, la situación tiene un matiz diferente, pero igual de relevante. En países como Colombia, Brasil y Argentina, los agentes inmobiliarios se enfrentan a desafíos únicos relacionados con la urbanización acelerada y la informalidad en la tenencia de tierras. La rápida expansión urbana, a menudo sin planificación adecuada, ha llevado a la creación de asentamientos informales y una crisis de vivienda en muchas ciudades.

El agente inmobiliario en este contexto tiene una responsabilidad adicional: la de apoyar el desarrollo ordenado de las ciudades. Esto implica no solo facilitar la compra y venta de propiedades, sino también trabajar con las autoridades locales para garantizar que los desarrollos sean sostenibles, incluyan a las comunidades y no contribuyan a la marginalización de los más vulnerables. Además, los agentes deben contribuir a la regularización de tierras, ayudando a formalizar la propiedad y brindando acceso a servicios básicos a millones de familia

Transformación urbana entre retos y realidades

El panorama en Medellín presenta desafíos específicos que subrayan la importancia del rol del agente inmobiliario en la ciudad. Las comunas de Medellín, como la Comuna 13, la Comuna 8, y la Comuna 1, han sido epicentros de transformación urbana, pero también espacios donde el conflicto armado, el narcotráfico y la marginalización han dejado cicatrices profundas.

En áreas como el Bronx de Medellín, el mercado inmobiliario ha sido explotado por estructuras criminales que utilizan inmuebles para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Los agentes inmobiliarios tienen la responsabilidad ética y legal de evitar ser cómplices involuntarios de estas operaciones, y de asegurar que el desarrollo inmobiliario en estas zonas contribuya a la reintegración social y la revitalización urbana, sin desplazar a los residentes vulnerables.

Responsabilidades penales: más allá de lo civil

En Colombia, las responsabilidades penales de los agentes inmobiliarios también son un tema crucial. Según el Código Penal colombiano, los agentes inmobiliarios pueden ser responsables de delitos como fraude, estafa o lavado de activos si participan, directa o indirectamente, en operaciones ilícitas. Esto implica que no solo deben actuar con diligencia en la verificación de la información de los clientes y las propiedades, sino que también deben ser proactivos en el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia para evitar involucrarse en actividades delictivas.

Además, el lavado de activos y la financiación del terrorismo son dos de los delitos más vigilados en el sector inmobiliario. La Superintendencia de Sociedades ha implementado normativas para que los agentes y las empresas inmobiliarias desarrollen programas de prevención y control de riesgos, bajo la premisa de que los bienes inmuebles son uno de los principales canales utilizados para legitimar capitales ilícitos en el país.

Un agente inmobiliario consciente y comprometido

El agente inmobiliario en la Colombia actual, y especialmente en ciudades como Medellín, no puede limitarse a ser un simple intermediario comercial. Su papel va mucho más allá. Son actores clave en la construcción de un futuro urbano más justo, sostenible y equitativo. Su responsabilidad no es solo legal, sino también moral y social. Las decisiones que toman afectan directamente la configuración de nuestras ciudades, el bienestar de nuestras comunidades, y la preservación de nuestro medio ambiente.

En un mundo que demanda cada vez más transparencia, ética y sostenibilidad, los agentes inmobiliarios tienen la oportunidad de liderar un cambio significativo. La ciudad que construimos hoy es el reflejo del compromiso que tengamos con las generaciones futuras.

Ana Milena Quintero

Abogada, especializada en derecho administrativo. Con trayectoria de 7 años en el sector inmobiliario y experiencia en la prestación de servicios a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Centrada en la defensa y asesoramiento de las víctimas del conflicto armado colombiano.

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