Ilógica, inconveniente y desacertada; no hay otra forma de calificar la resolución 4760 del Ministerio de Defensa, que elimina las Fuerzas de Tarea Conjunta de las Fuerzas Armadas de Colombia, responsables de los golpes más duros a los grupos terroristas en las últimas décadas. Estas Fuerzas lograron neutralizar a criminales como alias Negro Acacio, Mono Jojoy y Alfonso Cano, entre otros.
Las Fuerzas de Tarea Conjunta representan la unión entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas: el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Esta alianza institucional permitía el trabajo coordinado de recursos humanos, financieros, tecnológicos y procedimentales para desmantelar las estructuras criminales en el país. En pocas palabras, eran el grupo élite.
Sin embargo, la reciente decisión del Ministro de Defensa, Iván Velásquez, parece que responde a una política permisiva del Gobierno Petro. Hace apenas unos meses, el mismo ministro anunciaba que se había reducido la operación militar contra los grupos narcoterroristas, mientras estos aumentaban los ataques contra soldados y policías de Colombia.
No contentos con mantener mesas de diálogo con los terroristas (mientras estos conservan sus rentas criminales) y con dejar sin presupuesto a las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de sus aeronaves, ahora les quitan una herramienta institucional clave para debilitar a los delincuentes.
Hasta el 01 de noviembre, las Fuerzas de Tarea Conjunta tenían presencia en territorios como Antioquia, Atlántico, Arauca, Casanare, Caquetá, Putumayo y Chocó, zonas donde, precisamente, los grupos criminales han ganado poder durante el actual gobierno.
No en vano, esta polémica decisión ha sido criticada por figuras como el excomandante de las Fuerzas Militares Eduardo Zapateiro, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, e incluso por el sátrapa General (r) Alberto Mejía, quienes coinciden en que la medida es un error.
Ahora, preocupa el rumor de que estas Fuerzas de Tarea Conjunta se estarían eliminando por falta de recursos, aunque oficialmente se hable de una “nueva adaptación para combatir el crimen organizado”. De confirmarse esto, se evidenciaría el paulatino desmantelamiento que han sufrido las Fuerzas Armadas, iniciado en el gobierno de Santos y continuado en el actual. No solo hablamos de reducción de recursos económicos, sino también de la pérdida de herramientas jurídicas, legales y de inteligencia.
Las consecuencias son claras: mayor inseguridad, menos control sobre el territorio, pérdida de institucionalidad en las zonas con poca presencia estatal, y el fortalecimiento de grupos terroristas como las Farc, el Eln y el Clan del Golfo.
Pareciera que este gobierno actúa en beneficio de los criminales mientras los colombianos nos quedamos más desprotegidos con el paso de los días ¡El giro hacia la derecha es urgente!
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