“Colombia vive actualmente un periodo en el que la política se ha convertido en un factor de riesgo más que en un escenario de confianza. El trágico y prematuro fallecimiento del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay ha exacerbado las tensiones ideológicas. A esto se suman la creciente tensión diplomática con Perú, las presiones sociales expresadas en protestas regionales, como el paro minero en Boyacá, y la ausencia de un panorama electoral claro para 2026. En conjunto, estos factores han generado un ambiente de incertidumbre que es seguido de cerca por el empresariado nacional.”
En el Congreso Empresarial Colombiano celebrado en Cartagena, se afirmó que la inestabilidad política está teniendo un efecto negativo en la confianza de los inversores, tanto a nivel local como internacional. No se trata de una mera respuesta a corto plazo a los últimos acontecimientos, sino de una preocupación de larga duración en un entorno cambiante caracterizado por la rápida evolución de las normas y la competencia entre facciones ideológicas. La comunidad empresarial colombiana, famosa por su resistencia ante la adversidad, se enfrenta actualmente a un nuevo reto: anticiparse a las tendencias futuras en un presente marcado por la incertidumbre. La inversión requiere un marco temporal claro, y el panorama en Colombia es actualmente incierto debido a las continuas tensiones políticas, el debilitamiento del consenso democrático y la percepción de que las decisiones del estado se rigen más por la situación inmediata que por una perspectiva a largo plazo.
Además de la estabilidad fiscal, las empresas necesitan confianza en las instituciones, seguridad jurídica y un liderazgo político que reconozca la importancia de establecer condiciones claras para el desarrollo. Cuando estos elementos fallan, aumenta el riesgo país y se reduce la competitividad, independientemente de los esfuerzos realizados por el sector privado para innovar, expandirse o generar empleo. Se trata de un reto considerable. Para prosperar ante un contexto político volátil, como el que propone Gustavo Francisco Petro Urrego y su agenda progresista, las empresas deben aprender a navegar en la incertidumbre, diversificar sus estrategias, apostar por la transformación digital, la sostenibilidad y la internacionalización. Sin embargo, esta capacidad de adaptación tiene un límite: ningún modelo de negocio puede prosperar si el estado no garantiza unas condiciones mínimas de estabilidad, previsibilidad y confianza.
La política no debe seguir siendo un factor que ahuyente la inversión y paralice el crecimiento. Los últimos acontecimientos han demostrado que, para mantener su dinamismo económico frente a los desafíos globales, Colombia debe centrarse en la recuperación de la confianza interna. Esto sugiere la necesidad de un acuerdo político que vaya más allá de los intereses electorales de corto plazo, un compromiso genuino con la estabilidad institucional y el entendimiento de que las reglas establecidas no serán alteradas con base en presiones políticas inmediatas. Los empresarios no piden un trato especial, sino claridad y coherencia. En un país tradicionalmente reacio a la violencia y a las crisis, es preocupante que la principal fuente de ansiedad provenga ahora de la propia arena política. La relación entre Gustavo Francisco Petro Urrego y el empresariado colombiano se ha convertido en un escenario de confrontación constante, que está deteriorando la credibilidad, aumenta la crisis y erosiona la confianza en la inversión en el país.
Los mensajes de su presidente, muy criticados por su falta de visión económica, contrastan con la petición de los empresarios de reglas del juego claras, estabilidad jurídica y un clima político que permita el desarrollo a largo plazo. La tensión no es reciente, pero se ha intensificado en los últimos meses. A las advertencias sobre la resistencia del capital que Gustavo Francisco Petro Urrego ha expresado en foros públicos, se suman decisiones y discursos que han generado incertidumbre en el sector privado. Cada vez que su mandatario cita a los empresarios como individuos que obstaculizan sus reformas y priorizan sus propios intereses por encima del bien mayor, sirve para exacerbar aún más el déficit de confianza existente. Esto, a su vez, refuerza la percepción de que Colombia carece de una estrategia coherente para lograr el equilibrio vital entre crecimiento económico y justicia social.
La inversión, tanto nacional como extranjera, depende menos de las afinidades políticas y más de la confianza en la estabilidad institucional. Cuando el Gobierno no proporciona seguridad, cuando las reformas parecen diseñarse sin consensos y cuando la política se convierte en un campo de batalla con el sector productivo, el resultado es previsible: disminución de los flujos de inversión, ralentización de la creación de empleo y traslado de capitales a escenarios más seguros. El papel de los empresarios como motores económicos es innegable, y un gobierno que los percibe como adversarios y no como aliados erosiona no solo la confianza empresarial, sino también la percepción internacional sobre la viabilidad de invertir en Colombia. En lugar de ver a las empresas como adversarios, el enfoque de Gustavo Francisco Petro Urrego debería ser tender puentes y demostrar que las reformas sociales y económicas no son incompatibles con la competitividad. También debe develar que el capital puede ser un socio estratégico para lograr mayores niveles de equidad.
La confrontación en curso está teniendo un efecto perjudicial para el gobierno de Izquierda, además de repercutir directamente en la vida cotidiana de millones de colombianos que dependen del sector empresarial para obtener empleo y oportunidades. La credibilidad es un activo que se construye sobre la base de la coherencia y la confianza. Es importante señalar que este activo está actualmente en peligro en Colombia. Mientras persista el conflicto entre el progresismo y el sector empresarial, la inversión seguirá suspendida y el país no podrá progresar en un contexto global que exige certidumbre, unidad y visión de futuro. Más allá de los indicadores macroeconómicos, la inflación sigue afectando a los hogares y el desempleo se mantiene elevado en regiones con altos niveles de informalidad. El desafío clave radica en recuperar la confianza, que es una cuestión intangible.
El principal factor que contribuye a esta incertidumbre es la preocupación por la capacidad de la izquierda para mantener su posición de poder más allá del actual mandato presidencial. Colombia ha sido históricamente un país con una fuerte tradición de centro-derecha, donde el mercado, a pesar de sus imperfecciones, ha sido el motor de la economía. El ascenso de Gustavo Francisco Petro Urrego al poder en 2022 fue ampliamente visto como un giro significativo hacia políticas progresistas, representando un alejamiento de los enfoques económicos tradicionales que generaron expectativas sociales pero también desconfianza económica. Si el gobierno del cambio quiere dejar un legado que trascienda la polarización, debe entender que el diálogo con los empresarios no es una concesión, sino una necesidad de estado. El enfoque actual de Colombia debe ser establecer certezas y evitar confrontaciones. En ausencia de estas medidas, el país corre el riesgo de seguir sumido en un pernicioso círculo de desconfianza. Esto, en lugar de ofrecer soluciones a los retos sociales, solo servirá para exacerbarlos al obstaculizar el motor económico que brinda oportunidades a millones de ciudadanos.
Colombia vive un periodo de transición política. La cuestión central que se debate es cuáles serían las consecuencias si la izquierda consiguiera prolongar su permanencia en el poder en 2026. Aunque todavía falta mucho para las elecciones, los nombres que empiezan a surgir como aspirantes de la izquierda no logran generar confianza, especialmente en el ámbito económico. El reto más importante al que se enfrentan los precandidatos del progresismo es el peso del legado de Gustavo Francisco Petro Urrego. El gobierno ha hecho una serie de promesas sobre la transformación del país, pero ha mostrado más confrontación que consenso, y más discursos cargados de ideología que soluciones técnicas claras. La confrontación con los empresarios, la dificultad para sacar adelante las reformas en el Congreso y la percepción de improvisación en las decisiones económicas han debilitado la credibilidad. Si quieren convertirse en una opción viable de gobierno, deben abandonar la retórica de la confrontación y comprometerse con la seguridad jurídica, el respeto a la inversión y la búsqueda de consensos. De no ser así, se corre el riesgo de que su mensaje siga siendo interpretado como una amenaza al crecimiento y no como una oportunidad de transformación. Colombia necesita cambios, sí, pero deben ser cambios con certidumbre, no saltos al vacío.
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