El proceso de designación de rector para el periodo 2024-2027 en la Universidad de Antioquia estuvo acompañado por narrativas políticas que trascendieron la discusión académica. Durante dicho proceso se difundió la idea de que la reelección del candidato John Jairo Arboleda representaba la única garantía para evitar una eventual cooptación de la universidad por parte del gobernador de Antioquia y de sectores del uribismo. Esta versión, asumida como cierta por algunos grupos universitarios afines al gobierno nacional, se sostuvo en falacias argumentativas que presentaban a otra candidata con amplias posibilidades de elección —y que proponía una agenda de renovación institucional— como una supuesta emisaria del gobierno departamental.
Un año después, en un contexto en el que el actual rector ha perdido la confianza del gobierno nacional y ha recibido evaluaciones negativas sobre su primer año de gestión, emergió una narrativa opuesta: la de que su permanencia en el cargo sería la única manera de impedir una “toma” de la universidad por parte del petrismo. Este nuevo relato ha sido impulsado por medios locales explícitamente alineados con el uribismo y, nuevamente, replicado en ciertos sectores de la comunidad universitaria.
Ambas construcciones discursivas, hábilmente promovidas por actores cercanos a la actual rectoría, han contribuido a consolidar la permanencia del rector en el cargo. Al mismo tiempo, han desplazado del debate público las cuestiones sustantivas que deberían ocupar la atención de la comunidad académica: ¿cuáles son los problemas y retos actuales de la educación universitaria? y ¿cuál es la responsabilidad de la actual administración en la crisis que atraviesa la Universidad de Antioquia?
En publicaciones anteriores hemos documentado con detalle diversos indicadores que evidencian la deficiente gestión del rector Arboleda. Aquí basta señalar dos elementos centrales:
- Expansión no planificada de programas de pregrado. Desde 2015 se ha registrado un incremento sostenido en la oferta de programas de pregrado, tanto en Medellín como en las regiones del departamento. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en un aumento del número de estudiantes matriculados; por el contrario, la matrícula ha disminuido. La consecuencia directa ha sido una presión financiera adicional: más programas con menos estudiantes en cada uno, mayor demanda de cursos y, por ende, mayor necesidad de docentes. Dicha necesidad se ha atendido mediante el aumento de profesores de cátedra, lo que evidencia un manejo precario y fragmentado de la planta docente.
- Expansión no planificada en posgrados. De manera similar, desde 2015 se observa un crecimiento acelerado de programas de maestría y doctorado, acompañado paradójicamente por una disminución significativa en el número de matriculados. Este hecho contrasta con la tendencia positiva de instituciones privadas, que en el mismo periodo han incrementado de manera consistente la matrícula en programas de posgrado, particularmente en maestrías.
Ambos fenómenos ponen de manifiesto decisiones carentes de estudios prospectivos rigurosos y de análisis de contexto que permitan garantizar la sostenibilidad financiera y académica de los compromisos adquiridos. Estos principios constituyen la base de cualquier gestión universitaria responsable.
Insistir en narrativas de polarización política, en lugar de abrir espacios de deliberación crítica, en nada contribuye a la búsqueda de salidas a la crisis. La situación actual exige un esfuerzo conjunto para repensar el quehacer universitario y establecer prioridades institucionales. Resulta indispensable avanzar en una agenda propositiva que permita superar la crisis institucional.
Es urgente revisar con rigor la pertinencia y sostenibilidad de la oferta académica en pregrado y posgrado, así como redefinir la estrategia de regionalización en diálogo con los territorios, de manera que responda a necesidades sociales y productivas concretas. A su vez, la universidad debe transitar hacia una gestión financiera sostenible que diversifique fuentes de ingreso.
Se requiere fortalecer la gobernanza universitaria con mecanismos más transparentes y democráticos que reduzcan la instrumentalización partidista de la institución. Finalmente, es urgente consolidar una apuesta por la calidad académica que articule la investigación con la innovación educativa, integrando nuevas metodologías pedagógicas, tecnologías digitales y enfoques interdisciplinarios que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La crisis de la Universidad de Antioquia no se resolverá con narrativas de polarización política, sino mediante un esfuerzo conjunto. El gobierno nacional y el departamental, junto con la comunidad universitaria, deben trabajar de manera articulada para replantear la oferta académica, garantizar sostenibilidad financiera, fortalecer la gobernanza y asegurar la calidad educativa. Solo así la UdeA podrá superar su situación actual y recuperar su papel como referente académico y cultural en la región.
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