En los últimos años, la tasa de seguridad se ha utilizado como una herramienta para el desarrollo del financiamiento de programas orientados a mejorar la seguridad en el departamento del Atlántico (Colombia). Esta contribución, recaudada de todos los municipios del departamento, se ha destinado a proyectos de mejoramiento de entornos, alumbrado público y diversos programas sociales. Sin embargo, es crucial destacar que el Área Metropolitana de Barranquilla –incluyendo los municipios de Soledad, Puerto Colombia, Galapa y Malambo– contribuye con el 93 % de los fondos recaudados por esta tasa.
La propuesta de pignoración de la tasa de seguridad ha generado un debate considerable. Este proyecto busca otorgar al Área Metropolitana acceso a una porción significativa de los fondos recaudados en aras de garantizar una inversión adecuada en la seguridad de estos cinco (5) municipios. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, el Área Metropolitana de Barranquilla es el epicentro del 90 % de los hechos violentos en el departamento, lo que justifica una redistribución estratégica de los recursos.
El argumento central a favor de esta redistribución radica en la necesidad urgente de abordar la creciente inseguridad en el Área Metropolitana. El análisis del mapa de zonas de riesgo, también elaborado por el Observatorio antes mencionado, revela que el Área Metropolitana de Barranquilla no solo concentra la mayor parte de la criminalidad del departamento, sino que por sus características geográficas y comerciales, es más propensa a atraer el crimen organizado. Este desbalance ha generado un clamor por una gestión más efectiva y focalizada de los fondos de la tasa de seguridad.
Es fundamental aclarar que la propuesta de pignoración no pretende despojar a los demás municipios de sus recursos. En cambio, se propone destinar el 30 % de lo que aporta el Área Metropolitana a su propia seguridad. Esta medida, lejos de ser una expropiación, es una estrategia para garantizar que los fondos se utilicen donde más se necesitan, sin afectar negativamente a los demás municipios del departamento.
Actualmente, la tasa de seguridad se utiliza, como ya se dijo, para financiar proyectos de alcance departamental, como el alumbrado público y diversos programas sociales. No obstante, las dinámicas de violencia en el Área Metropolitana, caracterizadas por el crimen organizado, demandan una respuesta más específica y contundente. La redistribución propuesta permitirá que una mayor proporción de los recursos llegue directamente a la Fuerza Pública, optimizando la capacidad de respuesta ante la criminalidad y mejorando la percepción de seguridad entre los ciudadanos.
La implementación de dicha medida no solo tiene implicaciones técnicas y financieras, sino también políticas. Es crucial que la gestión de estos recursos esté exenta de interferencias políticas y se centre en fortalecer las capacidades de las Fuerzas de Seguridad. La corrupción y la mala administración de fondos públicos son obstáculos persistentes que deben ser abordados con transparencia y rendición de cuentas.
Por otro lado, resulta imperativo considerar el impacto social y económico de una mayor seguridad en el Área Metropolitana. La reducción de la criminalidad puede generar un entorno más propicio para la inversión y el desarrollo económico, lo cual beneficiará a todos los municipios del departamento. Además, la mejora en la seguridad pública tiene un efecto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos disminuyendo el miedo y aumentando la cohesión social.
En resumen, la pignoración de la tasa de seguridad en favor del Área Metropolitana de Barranquilla no solo es una medida lógica y justificada, sino también un requerimiento inaplazable. La redistribución de los recursos para abordar las realidades de violencia y crimen organizado en estos municipios es una cuestión de justicia y eficiencia administrativa. Priorizar la inversión en seguridad en las áreas más afectadas es esencial para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible en todo el departamento. La implementación de la medida debe ir acompañada de un robusto sistema de gobernanza que asegure la transparencia y efectividad en el uso de los recursos, logrando así un impacto positivo tangible en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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