En 2014 Jesús Santrich era miembro del Secretariado General de las Farc y negociador de paz en La Habana. Entonces, le dijo a El Colombiano (https://url-shortener.me/AS4U) que no habría reparación material a las víctimas. Entonces, insistió en culpar al Estado de más de 200.000 hechos victimizantes perpetrados por esa guerrilla y documentados por la justicia y organizaciones independientes.
Quienes desde el Estado prometían a las víctimas que estaban en el centro de la negociación dejaron pasar esa voz como antes lo habían hecho con el burlón “quizás, quizás, quizás”. Millones de víctimas mantuvieron la ilusión por un acuerdo que lograra la paz para todos y a ellas les ofreciera verdad, justicia, reparación y no repetición; no pensaban que serían sometidas a entregar perdón gratuito.
En enero pasado, la Contraloría General de la República informó que los firmantes de paz, hoy al frente del partido Comunes, depositaron algunas falsificaciones o dejaron de entregar grandes cantidades de los bienes que incluyeron en la mediocre lista de objetos con que, afirmaban, iban a reparar al menos a parte de los 94.850 deudos de personas asesinadas; 29.280 buscadores de víctimas de desaparición forzada; 12.178 ciudadanos reclutados forzadamente en su niñez o juventud temprana; 20.308 secuestrados, y miles más afectados por minas antipersona, extorsión y despojo de sus bienes.
La Fiscalía, responsable de seguir el compromiso de reparación material, o la decena de instituciones creadas para realizar los compromisos del Acuerdo de Paz, no han respondido a este informe; sí lo hizo Pastor Alape, responsable ante las víctimas y vocero de Comunes, el partido político creado por los firmantes. Con mayor respeto por quienes sufrieron esos crímenes que el que tuvo su excompañero, muerto en combate, pero igual indolencia, Alape declaró que “no tienen cómo” cumplir una de sus principales obligaciones con el Acuerdo de Paz. Las instituciones que deben vigilar el cumplimiento de los compromisos, los medios de comunicación que parecen jamás haber entendido el lugar de las víctimas y los políticos activos que exigían a esas víctimas perdonar y callar sus demandas dejaron pasar esa voz sin abrir el debate necesario a estos hechos.
El acuerdo de paz tiene algunos cumplimientos importantes: la desmovilización y desarme de 15.700 guerrilleros; el desgarrador informe de la Comisión de la Verdad; la creación de instancias de justicia, aún poco eficaces, y seguimiento; las curules para firmantes de paz, y unos primeros pasos en restitución de tierras, no las entregadas por los responsables. Son mínimos frente al abismo de incumplimientos en los que tienen gran responsabilidad Iván Duque, incapaz de aceptar el acuerdo como hecho cumplido y crear condiciones para la no repetición, y Gustavo Petro, que en su megalómano afán de refundar el país creyó que podía inventarse una “paz total” que ignorara la firmada.
Cuando se asoma la primera década de la firma de los acuerdos deberían llegar la sinceridad y, ojalá, la rectificación.
El Estado les falló a los firmantes del acuerdo que se comprometieron a construir un nuevo camino en la vida civil. Datos de la JEP e Indepaz indican que 479 desmovilizados han sido asesinados desde 2016 y cerca de una treintena fueron desaparecidos. El Estado, todos nosotros, tenía la obligación de cuidar esas vidas que buscaban otro camino. ¿Cuántos de esos crímenes han sido resueltos, cuántos culpables fueron capturados, cuántos condenados? La impunidad es una forma dolorosa de revictimización y alargamiento del dolor de las víctimas, de las heridas sobre este país.
Las Farc les han incumplido a millones de colombianos que en los municipios con mayor impacto del conflicto armado se quedaron esperando verdad y explicaciones sobre esos hechos que los dañaron. Cuando las respuestas a quienes preguntan son “no nos acordamos”, “no dimos esa orden”, “quien lo perpetró está muerto”, rompen su obligación de responder por sus decisiones, por la cadena de mando. Cuando incumplen promesas de reparación porque “deben votar” si las atienden, fracturan la confianza que recibieron de aquellos a quienes se las habían quebrado; cuando insisten en incumplir, rompen la esperanza de paz que este país sigue albergando.
Lo más grave, por cierto, ocurre a vista de todos. La persecución judicial, mediática y desde sitios de poder, como curules del Senado, contra víctimas de reclutamiento forzado y violencia sexual, y contra quienes les dan la palabra, son hechos de revictimización que dañan personas, que humillan a quienes tienen la valentía de nombrar el dolor, de superar la vergüenza que ha acabado por acompañar a quienes sufrieron los hechos y demandan justicia como condición, mínima por cierto, para ofrecer el perdón que les han exigido, que les quieren imponer.
El acuerdo con las Farc no es el acuerdo del fin de todos los conflictos en el país. A decir verdad, fue el ensayo, que todos quisimos avanzado, de negociaciones y acuerdos con grupos armados organizados, responsables de graves crímenes que perpetran por su alianza o para favorecer su vínculo con las rentas ilícitas, así algunos preserven ciertas bases ideológicas. Permitir el incumplimiento del Acuerdo del Teatro Colón e ignorar a las víctimas no siembra paz, mucho menos esperanzas. Y ese ha sido el gran error de todos.
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