El conflicto armado colombiano ha estado marcado por múltiples fenómenos que ocurren simultáneamente en diversas regiones del país, cada uno con necesidades de interpretación específicas y vías de solución particulares. Tal es el caso de la constante reconfiguración del orden local en el Urabá antioqueño, donde es esencial analizar el papel de las distintas alianzas entre actores poderosos (grupos paramilitares, empresarios, el Estado, élites políticas locales, narcotraficantes) y sectores subalternos (campesinos, defensores de derechos humanos, sindicalistas). Este complejo entramado de actores hace que la realidad del conflicto social sea más difícil de resolver y dificulta trasladar soluciones desde otras regiones del país para adoptar una

Durante décadas, el Urabá antioqueño ha sido un territorio de gran bonanza económica, especialmente en el sector bananero. En este contexto, se han consolidado movilizaciones significativas de trabajadores sindicalizados, como en el caso de Sintrainagro, que ha logrado participar en discusiones de poder local y regional, llegando a contar con cerca de 15.000 afiliados. Esta escala de producción económica dio lugar a una realidad política de enfrentamiento. Como afirma Mauricio Romero (2003):

Las alianzas que las AUC habían consolidado como fuerza antisubversiva y restauradora de la seguridad y el orden regionales habían sido hechas usualmente con élites económicas y políticas amenazadas por la posible legalización de la insurgencia y la movilización social, con sectores de las fuerzas de seguridad estatal, y también con narcotraficantes (p.101).

Esta región se convierte en un ejemplo determinante para entender cómo las problemáticas del conflicto armado colombiano se extienden a otras zonas del país, como el Magdalena Medio antioqueño e incluso el sur del Cesar. El orden y la realidad local en Urabá recrean un escenario de violencia marcado por la negación de derechos políticos, civiles y laborales, afectando especialmente a trabajadores, sindicalistas y campesinos (Romero, 2003). En este contexto, la lucha local resulta difícil de mapear, ya que los diversos entramados de poder se entrelazan continuamente, generando una compleja coexistencia de órdenes legales e ilegales. Intentar hacer distinciones estrictas en estos contextos no solo es complicado, sino que puede conducir a interpretaciones erróneas, dificultando la creación de soluciones viables.

Además, un aspecto aún más difícil de interpretar es la fluctuación de identidades dentro del conflicto armado en Urabá. No solo existe una diversidad de actores con intereses en conflicto, sino que las identidades de estos actores, tanto legales como ilegales, han cambiado con el tiempo. Esta fluctuación facilitó la formación de alianzas inesperadas en la región. Un ejemplo claro de esto lo proporciona García (1996), quien menciona dos alianzas específicamente:

Uno, la creciente influencia militar y política obtenida por grupos paramilitares contrainsurgentes apoyados por empresarios bananeros, ganaderos, narcotraficantes y fuerzas de seguridad, agrupados en las ACCU; y dos, la aparente coincidencia contrainsurgente entre este grupo de paramilitares y la organización política Esperanza, Paz y Libertad. Esta agrupación tenía desde finales de los años setenta una influencia importante dentro de los trabajadores bananeros y campesinos sin tierra de la zona, lo mismo que las FARC (Como se cita en Romero, 2003, p. 103).

Esto significa que la configuración del conflicto político en la región no solo proviene de los distintos ensamblajes institucionales, ilegales y corporativos, sino que también se ha producido un desplazamiento de las «identidades» de los actores involucrados. En un inicio, algunos de estos actores podrían haber sido defensores de los derechos políticos de los trabajadores y campesinos. Sin embargo, con el tiempo, sus roles e intereses se transformaron, dando lugar a una reconfiguración de poder, tanto en el ámbito público como

Este cambio refleja cómo los actores que inicialmente luchaban por causas sociales terminaron involucrándose en alianzas y dinámicas que, en muchos casos, favorecieron la consolidación del poder en manos de élites económicas y políticas. Esta complejidad hace aún más difícil trazar límites claros entre lo legal y lo ilegal, lo que complica cualquier intento de solución y pacificación en la región, inclusive al día de hoy.

Al lograr una coincidencia que incluyera a antiguos guerrilleros y a trabajadores, los políticos tradicionales, los empresarios bananeros, el Ejército y las ACCU bloquearon una posible trayectoria del conflicto armado en esta región, representada por una alianza entre la fuerza insurreccional todavía en armas —las FARC— y los trabajadores bananeros y pobladores urbanos de los barrios pobres del eje. La anterior trayectoria de la dinámica política regional habría sido aún más riesgosa y desestabilizadora para los intereses y proyectos de los partidos mayoritarios, empresarios bananeros y Fuerzas Armadas estatales y paraestatales. Con esta apertura de la coalición de poder regional hacia el nuevo socio representado por los «esperanzados» y los trabajadores bananeros, esa posibilidad se cerró (Romero, 2003, p. 103).

El Urabá no solo refleja una tensión económica y política, sino también un conflicto identitario, donde actores legales e ilegales han fluctuado en sus alianzas e intereses a lo largo del tiempo. Esto ha permitido la creación de coaliciones inesperadas, como la alianza entre las ACCU y la organización política Esperanza, Paz y Libertad, que llegó a influir dentro del movimiento de trabajadores bananeros y campesinos.

El resultado de estas reconfiguraciones no solo obstaculizó posibles alianzas insurgentes, sino que también consolidó el poder de los actores que buscaban mantener el orden existente. Así, el conflicto en Urabá es un ejemplo claro de cómo las dinámicas locales y las fluctuaciones identitarias entre actores legales e ilegales dificultan la resolución del conflicto armado, complicando cualquier intento de mapear una solución definitiva y sostenible para la región. La fluctuación de identidades y alianzas, tanto legales como ilegales, revela que los problemas estructurales en Urabá no pueden resolverse mediante simples acuerdos políticos o económicos, sino que requieren un enfoque integral que contemple la recomposición del tejido social, la protección de los derechos humanos y laboral, y la creación de espacios para el diálogo entre todos los sectores. Mientras no se desarticulan completamente las estructuras de poder ilegales y no se garantiza una participación equitativa en la toma de decisiones, el conflicto armado en Urabá seguirá siendo una herida abierta en el proceso de paz colombiano.