“Como todo en el gobierno del cambio, las apuestas de su presidente funcionan muy bien en el discurso, pero en los hechos, en la acción y en la ejecución, ocurre todo lo contrario. La ideología se desmorona poco a poco ante la realidad, y la paz total es el mejor ejemplo de ello. La narrativa política de la izquierda, que pretende servir de excusa para prolongar un modelo que no ha conseguido garantizar una seguridad real, va camino del fracaso.”
El eje de la campaña ya en marcha para 2026 será la burla constante y previsible a los colombianos. Es predecible que la izquierda base su propuesta electoral en justificar su incapacidad para lograr la paz hablando de una «paz pendiente», mientras sigue creando oportunidades para que grupos como el ELN y las FARC se rearmen y perturben la estabilidad de las zonas rurales colombianas. Sería imprudente convencer a la opinión pública de que la reelección del modelo marxista de Gustavo Francisco Petro Urrego es necesaria para alcanzar la paz total, dado que tal resultado es improbable. Además, promover una ideología guerrillera ligada al secuestro, el reclutamiento y las masacres no es una solución viable. La idealización del M-19 por parte de su mandatario es un claro indicio de que la búsqueda de la paz se ha visto comprometida. Es como desplumar una paloma y retorcerle el cuello, dejándola vulnerable a la explotación.
El acuerdo alcanzado en La Habana por Juan Manuel Santos Calderón hace ocho años se ha celebrado como un triunfo, pero también es un duro recordatorio de los retos que quedan por delante. El acuerdo ha sido visto por algunos como un respaldo a la impunidad y a las acciones de individuos que han causado un daño significativo a la nación mediante el uso de la fuerza. La atomización de la seguridad democrática es contraria al derecho fundamental de todo colombiano a la paz, consagrado en el artículo 22 de la Constitución colombiana. Es un reto superar y perdonar la realidad de que antiguos militantes de las FARC, que ahora son honorables congresistas o gestores de paz, fueron responsables del reclutamiento y utilización de 18.677 niños como instrumentos de guerra. Esto ha producido un daño significativo y duradero, erosionando la paz y la tranquilidad que supuestamente defiende el gobierno del cambio en Colombia. El enfoque de su presidente frente al terrorismo, la provocación, la violencia y el exterminio se aparta de la norma establecida y enfatiza un discurso progresista en materia social.
El plan paz total propuesto por Gustavo Francisco Petro Urrego tiene dificultades para mantener un rumbo fijo. Al igual que el país, con la izquierda en el poder, está sin norte y ad-portas de un declive significativo. En Colombia, la violencia aumenta día a día, lo que se traduce en más muertes y masacres. Hay una pérdida de confianza en grupos como el ELN y las FARC, a pesar de su inclusión en todas las propuestas presidenciales. Su incapacidad para cumplir las promesas de un futuro en paz deja las esperanzas en cuidados intensivos. El perdón y el olvido sólo serán posibles cuando los implicados sean capaces de reconocer sus errores, responder por sus actos y dejar a un lado sus aspiraciones. De este modo, el pueblo dejará de ser sumiso y temeroso. Es asombroso que un político que dice ser progresista decida renunciar al control del país para resarcir los votos que le proporcionó el Pacto de la Picota, que a la postre le permitieron llegar a la Casa de Nariño.
Mientras los agentes de la izquierda política colombiana se preocupan por engrandecerse a sí mismos, el número de masacres y de líderes sociales asesinados asciende a 63 y 158, respectivamente. Sería inexacto describir la situación actual de Colombia como de paz. Más bien ha sido una oportunidad para que su mandatario entregue la libertad de los colombianos a los asesinos. Es poco probable que se consigan resultados positivos mientras el poder ejecutivo promueva la impunidad e intente favorecer a los implicados en actividades criminales presentando una narrativa negacionista y macabra. La estrategia empleada por el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego, que ha permitido que los grupos armados actúen con impunidad y ha sido percibida como una burla a la población, ha demostrado ser ineficaz. Es razonable concluir que Colombia debe ser consciente de que a su presidente le queda aproximadamente un año y medio en el poder y aún no ha logrado ningún avance tangible en el proceso de paz. Dadas las circunstancias, no es una opción viable.
Al parecer, las negociaciones con el ELN y las disidencias de las FARC no son más que un pretexto para impulsar agendas progresistas, al tiempo que se empodera inadvertidamente a individuos y grupos con un historial de actividad criminal. El plan integral de paz propuesto por la izquierda es defectuoso debido a la continua presencia de grupos armados en numerosos territorios, lo que obstaculiza la puesta en marcha de iniciativas que facilitarían el desarrollo de un nivel de vida digno. Existen numerosos individuos de dudosa ética, entre terroristas y oportunistas, que buscan activamente desestabilizar el país y están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir sus objetivos, sin importarles las consecuencias. Lo que hoy se vive en Colombia es el producto de tener a la cabeza a un exmilitante del M-19, sujeto con un cerebro perverso del que se puede predecir que ningún paso es bueno.
El conflicto actual, impulsado por la agenda política del gobierno, está colocando a los jóvenes en una posición vulnerable, dificultando su capacidad para contribuir al desarrollo de la sociedad y reforzar la estructura social. El actual gobierno de izquierda aún no ha garantizado el acceso de todos los colombianos a la alimentación, la salud y la educación. Además, aún no ha cumplido su compromiso de campaña de construir una Colombia más justa, lo que ayudaría a persuadir a los grupos armados del país de que depongan las armas. El ELN y las FARC son organizaciones armadas combatientes incapaces de aprender a convivir en sociedad. Como resultado, están perdiendo gradualmente la oportunidad de vivir en paz. La transformación de las armas en instrumento político representa una forma de chantaje moral que subraya la imperiosa necesidad de reimplantar medidas de seguridad democrática en Colombia. La prevalencia del terrorismo y el narcotráfico persistirá mientras su mandatario siga glorificando las tácticas empleadas por él mismo y sus camaradas durante la militancia en el M-19.
El número de partidarios del progresismo socialista disminuye cada día, en gran parte debido a la falta de resultados tangibles. A pesar de los esfuerzos que se tejen desde la izquierda para defender a Gustavo Francisco Petro Urrego, la realidad sobre el terreno sigue siendo nefasta y se está deteriorando. Las tácticas de su presidente, los activistas y los medios de comunicación públicos para ofrecer una imagen positiva se están viendo socavadas por el aumento de los atentados terroristas, el asesinato de líderes ecologistas y sociales, soldados y policías, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento y el reclutamiento, que no se están abordando adecuadamente. La búsqueda de la paz se tambalea debido a los siguientes factores: la desmoralización del ejército, el avance y dominio territorial de las guerrillas, la indulgencia con los criminales, la facilitación de las actividades delictivas mediante el pago de salarios a las primeras líneas, y el establecimiento de alianzas con los delincuentes.
Es probable que el gobierno del cambio sea recordado como una apuesta política desacertada que implicó connivencia y complicidad con los criminales. Es poco factible que Colombia alcance la paz mientras el país sea utilizado como caso de estudio para una revolución social. Los únicos resultados tangibles que se han logrado hasta ahora en la búsqueda de la paz total son el empoderamiento de los criminales más peligrosos, incluidos los narcoterroristas asociados al ELN y los disidentes de las FARC. La estrategia política de Gustavo Francisco Petro Urrego y sus comisionados de paz no ha logrado los resultados deseados. De hecho, ha retrocedido más de 20 años en términos de progreso institucional en las regiones. Para lograr con éxito la reintegración, la justicia social y la no repetición, es indispensable demostrar un compromiso que vaya más allá de las palabras. La paz se construye día a día y requiere ofrecer oportunidades con un sentido de esperanza en el futuro. No basta con llegar a un acuerdo, sino que es esencial demostrar una acción coherente que ilustre que la paz es algo más que un mero concepto o discurso. Es un interés tangible que trasciende el bien común y moviliza otros intereses. Es difícil reconocerlo, pero hay personas en la izquierda colombiana que no están verdaderamente interesadas en alcanzar la paz.
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