En Colombia, la movilidad reducida representa un desafío estructural que afecta la calidad de vida de millones de personas, pese a la avanzada agenda legislativa y el activismo de los diversos sectores, en materia de inclusión y accesibilidad, la fragmentación de las políticas públicas impide la materialización efectiva de los derechos de esta población. La falta de coordinación entre entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil continúan generado barreras físicas, sociales y económicas que impiden el acceso a servicios esenciales, por ello, es imperativo articular políticas públicas integrales que garanticen la plena participación para las personas con movilidad reducida en la vida social, económica y política del país.
A pesar de las dificultades, en el ordenamiento jurídico colombiano se han incorporado disposiciones relevantes en materia de accesibilidad, por ejemplo la Ley 1618 de 2013 la cual establece normas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, por su parte la Ley 2294 de 2022 en su artículo 77, dio origen al Plan Nacional de accesibilidad para personas con discapacidad, sin embargo, en la práctica, la falta de una verdadera articulación entre las instituciones encargadas de su implementación genera incumplimientos y respuestas afirmativas por parte del Estado.
Ahora bien, las principales barreras que enfrentan las personas con movilidad reducida incluyen un sin número de situaciones como calles, edificios públicos (privados) y sistemas de transporte público no adaptados para sillas de ruedas o personas con dificultades motrices, en ese sentido, las deficiencias en el transporte público se podrían entender en la falta de autobuses y estaciones accesibles, ausencia de información adaptada y capacitación insuficiente del personal de transporte.
En cuanto a la desarticulación institucional, múltiples entidades con competencias en accesibilidad (Ministerio de Transporte, Ministerios de Salud y Educación, alcaldías locales, entre otros) trabajan sin una coordinación efectiva generando así un vacío y en muchas ocasiones, duplicidad de esfuerzos.
La necesidad de una política pública integral y coordinada.
Se propone entonces para garantizar una verdadera inclusión de las personas con movilidad reducida, adoptar un enfoque transversal -pero adecuado y real- que articule diferentes sectores y niveles de gobierno. Esta política debe incluir elementos como una verdadera coordinación interinstitucional la cual cree un órgano regulador e integrador descentralizado a todas las entidades responsables de accesibilidad y movilidad (el Ministerio de la Igualdad se ha opacado solo en esta materia), asegurando la ejecución de políticas homogéneas en todo el país.
Por otro lado, la participación ciudadana es fundamental en el Estado social de derecho pues debe necesariamente incluir a las asociaciones de personas con discapacidad y/o movilidad reducida en la formulación de políticas públicas para que las necesidades sean comprendidas desde su propia experiencia, lo anterior vislumbra en esencia dos punto altamente relevantes (i) asignación y fiscalización de recursos para así asegurar que los presupuestos destinados a accesibilidad sean ejecutados eficientemente; establecer mecanismos de seguimiento y sanción para el incumplimiento de normativas y (ii) campañas de sensibilización bajo la premisa formativa y pedagógica dirigida a la sociedad siendo su objetivo concientizar sobre la importancia de la accesibilidad como base de los Derechos Humanos y por sobre todas las cosas, la eliminación de barreras actitudinales que perpetúan la exclusión.
De hecho, es la fragmentación de las políticas públicas la que ha impedido que las personas con movilidad reducida en Colombia disfruten plenamente de sus derechos, casos de suma relevancia como la reciente Política Pública de Discapacidad 2023-2034 (D. 089/2023) aprobada en Bogotá se suman a los esfuerzos de reconocer a las poblaciones históricamente excluidas, sin embargo la solución no radica únicamente en la existencia de leyes o regulaciones sino en la implementación de estrategias efectivas que permitan la articulación de esfuerzos entre diferentes actores. Un Estado verdaderamente incluyente debe garantizar entonces que la accesibilidad no sea un privilegio, sino un derecho fundamental y que consecuentemente permita la plena participación de todas las personas en la sociedad.
En síntesis, esta articulación integral de las políticas públicas para las personas con movilidad reducida en Colombia es imperativa para transformar el marco normativo en realidades tangibles, una coordinación interinstitucional efectiva incluirá una participación activa de la sociedad civil y el efectivo compromiso del sector privado, erigiéndose como pilar fundamental para eliminar las barreras físicas y actitudinales recordar entonces que solo mediante un enfoque colaborativo y transversal se podrán garantizar derechos, promover la inclusión y avanzar hacia un desarrollo sostenible y equitativo, donde la accesibilidad sea reconocida y consagrada como un derecho inalienable de toda la ciudadanía.
[i] Nicolás E. Guzmán C, Magíster en Derecho Público, Especialista en Derecho Constitucional, Conciliador en Derecho. Abogado asesor adscrito a la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
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