Es bien conocido por todos, el crecimiento exponencial de la inversión extranjera en Colombia, especialmente en el sector de la minería es el que muestra la mayor cantidad en los diferentes sub sectores de la minería.
Pero también es necesario anotar la acentuada polémica derivada del enorme impacto ambiental causado en el desarrollo de dicha actividad, como se ha evidenciado en el caso del cerrejón por ejemplo, y su elevada incidencia al interior de las comunidades cercanas al área de influencia de dichos proyectos, como en el caso de Santurban.
En las últimas décadas la legislación, la política económica y ambiental se han venido desarrollando para promocionar y brindar seguridad jurídica y confianza inversionista al capital extranjero,
a fin de realizar exploración y explotación minero energética en diferentes partes del país, pero con un evidente deterioro de la sostenibilidad ambiental, el desestimulo de la agricultura, la permanencia en sus parcelas y la posibilidad de formas alternativas de producción.
Lo anterior se traduce en que el tejido social y la biodiversidad, estén siendo afectados por los grandes proyectos multinacionales, en los cuales el estado no ha ejercido el papel de veedor para el cumplimiento de la normatividad.
La prueba más elocuente de ello es la enorme mancha negra que se cierne sobre las playas cercanas a Santa Marta con el elevadísimo impacto en la fauna marítima, por la generalizada mortandad de peces en toda la zona, tal como lo denuncian los medios de comunicación de esta semana.
La opinión pública aún recuerda la reciente millonaria multa impuesta por el estado a la multinacional la Drummon por no cumplir con las disposiciones ambientales ordenadas por el estado, evidenciando el impacto nocivo al medio ambiente y a los pobladores de la zona de influencia de dicho proyecto.
El país no puede poner en riesgo varios de sus recursos más valiosos, como lo constituyen la flora la fauna, la diversidad y los recursos hídricos, por la explotación irresponsable y voraz de algunas empresas que no dimensionan el daño ecológico a un ecosistema.
Debe pues nuestro congreso legislar sobre la materia de manera más drástica y hacer velar por el cumplimiento de dichas disposiciones, puesto que por encima de cualquier interés particular deberá prevalecer el interés y bienestar de nuestros recursos y habitantes de dichas zonas de influencia.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://scontent-a-ord.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1551464_10151940129604514_1570313090_n.jpg[/author_image] [author_info]Mauricio Zuluaga Ruiz Fue presidente del Concejo de Medellín, Senador de la República y Representante a la Cámara. www.zuluagaruiz.com [/author_info] [/author]
Desafortunadamente, a la minería desorbitada en Colombia le favorece el hecho de que para legalizarla, no se requiere mayores trámites, tiene el apoyo de grupos ilegales, junto con el hecho de que no es perseguida como el narcotráfico….