“Cuando el valor de la vida se subordina definitivamente al cálculo del poder o del mercado, la libertad deja de ser una promesa civilizatoria.”
Hay momentos en la historia en los que las categorías tradicionales del derecho internacional y de la teoría política resultan insuficientes para describir lo que ocurre ante nuestros ojos. No porque hayan perdido su valor analítico, sino porque la realidad ha comenzado a moverse en un terreno donde la legalidad, la moral y el interés económico se superponen de un modo cada vez más cínico.
El mundo contemporáneo no se encuentra exactamente en guerra – al menos no en el sentido clásico que conocieron los juristas de los siglos XIX y XX -; más bien parece transitar un proceso de desmontaje sistemático del orden que, con todas sus imperfecciones, intentó construirse tras la catástrofe del siglo pasado. Lo que hoy observamos en distintos puntos del planeta no es solamente una confrontación entre Estados, sino el funcionamiento de una maquinaria global donde el valor de la vida humana se mide con la misma frialdad con la que se calcula el precio de un barril de petróleo.
El escenario del Golfo Pérsico y, particularmente, la tensión permanente en torno al estrecho de Ormuz – uno de los corredores energéticos más sensibles del planeta – se ha convertido en una metáfora brutal de esta nueva etapa histórica. Allí no solo circulan los tanqueros que alimentan la economía mundial; también circula una lógica política según la cual los principios del derecho internacional pueden ser invocados o descartados con la misma facilidad con que se abren o se cierran las rutas comerciales. La arquitectura jurídica que alguna vez pretendió limitar el uso de la fuerza parece hoy subordinada a una gramática mucho más rudimentaria: la del mercado energético y la seguridad estratégica.
En este contexto, la palabra libertad ha sido sometida a una operación semántica inquietante. Aquello que durante siglos constituyó una de las aspiraciones más nobles de la humanidad – la posibilidad de vivir sin dominación, sin miedo y con dignidad – ha sido progresivamente reducido a una consigna utilitaria, apta para legitimar operaciones militares, sanciones económicas o intervenciones selectivas. Bajo ese lenguaje se celebran bombardeos quirúrgicos, se justifican asesinatos a distancia y se construye una narrativa donde la violencia tecnológica aparece revestida de un aura de racionalidad. No resulta extraño, entonces, que figuras políticas como Donald Trump hayan podido transformar el elogio de la fuerza en un espectáculo público, presentado como una afirmación de grandeza nacional y de supuesta superioridad civilizatoria.
Pero lo verdaderamente revelador no es el discurso en sí mismo, sino la extraordinaria flexibilidad moral que lo rodea. El sistema internacional contemporáneo ha desarrollado una capacidad casi ilimitada para redefinir sus enemigos y rehabilitar sus alianzas según las necesidades del momento. Aquello que ayer se denunciaba como intolerable puede convertirse hoy en socio indispensable si así lo exige la estabilidad de los mercados energéticos o el equilibrio geopolítico. Esta plasticidad ética – que algunos prefieren llamar pragmatismo – constituye, en realidad, uno de los rasgos más inquietantes de la política global de nuestro tiempo: los principios ya no orientan las decisiones; apenas las acompañan cuando resultan convenientes.
Desde una perspectiva anclada en la tradición de los derechos humanos, este fenómeno plantea un interrogante profundo sobre la naturaleza misma del orden internacional que hemos construido. Durante décadas se sostuvo – no sin tensiones ni contradicciones – que la comunidad internacional tenía la responsabilidad de proteger la dignidad de las personas frente a los abusos del poder estatal. Hoy, en cambio, parece consolidarse un paradigma distinto: uno en el que la defensa de los derechos se vuelve selectiva, fragmentaria y, en ocasiones, subordinada a cálculos estratégicos. Las violencias que se despliegan sobre poblaciones civiles en distintos escenarios del Medio Oriente, así como la represión ejercida contra quienes reclaman libertades básicas en contextos autoritarios, no pueden entenderse como episodios aislados; forman parte de una misma estructura de indiferencia que ha aprendido a convivir con el sufrimiento humano siempre que este no perturbe demasiado el funcionamiento del sistema.
Este proceso ha dado lugar a lo que podría llamarse, sin exageración retórica, un imperialismo de la indiferencia. No se trata del viejo imperialismo territorial que dominó los siglos anteriores, sino de una forma más sutil y al mismo tiempo más devastadora de poder: un orden global que tolera la violencia mientras esta permanezca dentro de ciertos márgenes administrables y no amenace los intereses estructurales del mercado mundial. En ese esquema, los ciudadanos tienden a desaparecer como sujetos políticos para convertirse en variables demográficas o en segmentos de consumo, y aquellos que no encajan en esa lógica – los desplazados, los disidentes, los descartados – pasan a ocupar el lugar incómodo de los daños colaterales.
Sin embargo, sería un error analizar este fenómeno únicamente como una cuestión distante, circunscripta a escenarios geopolíticos lejanos. Las mismas lógicas que permiten naturalizar la destrucción de ciudades o la precarización de vidas en nombre de la estabilidad global encuentran su eco, con diferentes intensidades, en nuestras propias sociedades. Existe una continuidad inquietante entre la fascinación por la fuerza que domina ciertos discursos internacionales y la creciente tolerancia hacia formas de violencia simbólica, económica o institucional dentro de los Estados. Cuando la política abandona su vocación de cuidado y se reduce a una competencia por el poder o por la eficiencia económica, el terreno queda preparado para que la crueldad se normalice bajo el lenguaje de la necesidad.
La historia del derecho internacional demuestra que los momentos de mayor oscuridad han sido, paradójicamente, aquellos que obligaron a la humanidad a repensar sus fundamentos éticos. Las devastaciones del siglo XX dieron origen a una arquitectura jurídica que, al menos en teoría, colocaba a la dignidad humana en el centro del orden global. Hoy asistimos al riesgo de que ese consenso moral se diluya lentamente bajo la presión combinada del nacionalismo, el tecnocratismo económico y una cultura política cada vez más indiferente al sufrimiento ajeno.
Frente a este panorama, la tentación más peligrosa sería resignarse a la lógica dominante y aceptar que la libertad se ha convertido definitivamente en un instrumento retórico del poder. Sin embargo, la tradición jurídica y filosófica que nutre a los derechos humanos ofrece todavía una reserva de sentido capaz de resistir esa deriva. La libertad auténtica no puede medirse por la capacidad de imponer la voluntad propia mediante la fuerza, ni por la eficacia con la que un sistema económico maximiza sus beneficios; se mide, más bien, por la forma en que una comunidad política reconoce la vulnerabilidad de cada una de las personas que la integran.
Si el siglo XXI pretende evitar que la política internacional se transforme en una administración global de cementerios, deberá recuperar una convicción elemental que el cinismo contemporáneo parece haber olvidado: que ninguna estrategia de seguridad, ninguna ecuación energética y ningún índice de crecimiento pueden justificar la renuncia a la dignidad humana como principio rector de la convivencia internacional.
Porque cuando el valor de la vida se subordina definitivamente al cálculo del poder o del mercado, la libertad deja de ser una promesa civilizatoria. Contra ese cinismo de los cementerios, solo nos queda la política como herramienta de cuidado y la desobediencia ética de quienes nos negamos a aceptar que la crueldad sea la única forma posible de habitar el mundo.
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