En las últimas elecciones legislativas se inscribieron 1.303 mujeres, lo que representó aproximadamente el 40 % del total de candidaturas (Ministerio del Interior, 2026). Con ello se “cumplió” formalmente lo dispuesto en la Ley 581 de 2000, conocida como ley de cuotas, así como los mandatos constitucionales de igualdad y participación política contenidos en los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política.
A este marco normativo se suma la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que exige que las listas para corporaciones públicas incluyan al menos un 30 % de mujeres. Sin embargo, la existencia de estas disposiciones no se traduce automáticamente en una representación política efectiva.
La ley de cuotas en Colombia regula la conformación de las listas, no el resultado electoral. Garantiza presencia nominal, pero no acceso real al poder. En la práctica, muchas mujeres son ubicadas en posiciones sin opción de resultar elegidas; rara vez encabezan listas y, en la mayoría de los casos, no participan en esquemas de alternancia o “listas cremallera”. La cuota termina operando más como un requisito procedimental que como un mecanismo de igualdad sustantiva.
Tras más de dos décadas de vigencia, los resultados evidencian un estancamiento. En las recientes elecciones fueron elegidas 32 mujeres al Senado (la misma cifra que en 2022) y 50 a la Cámara de Representantes, cuatro menos que en el periodo anterior. El aumento de candidatas no se ha traducido en un incremento de mujeres electas, lo que pone de manifiesto los límites estructurales del modelo.
Es paradójico que las elecciones se celebraran el 8 de marzo, fecha en la que se conmemora la lucha histórica por los derechos de las mujeres, y que ese mismo día se configurara un Congreso con apenas alrededor del 30 % de representación femenina. El problema, entonces, no es únicamente cultural o individual, sino profundamente institucional.
El sistema electoral colombiano, basado mayoritariamente en listas abiertas con voto preferente, refuerza esta desigualdad. Este modelo desplaza el protagonismo del partido hacia el candidato individual, al caudillismo y hace depender la elección de factores como la financiación, la visibilidad mediática y las redes políticas. Por lo que las mujeres suelen contar con menos recursos económicos, menor respaldo partidario y menor acceso a maquinarias electorales, lo que reduce significativamente sus posibilidades de elección.
A ello se suma la persistencia de sesgos de género en la competencia política, porque a muchas candidatas no se les exige únicamente idoneidad profesional o trayectoria pública, también ajustarse a estereotipos de comportamiento y apariencia que no se imponen con la misma intensidad a los hombres. La política continúa operando bajo parámetros históricamente masculinizados, donde la autoridad femenina es cuestionada con mayor facilidad.
El resultado final es un Congreso que como en periodos anteriores, continúa tomando decisiones por hombres sobre asuntos que afectan a las mujeres sin que podamos ser escuchadas… Legislar sobre derechos reproductivos, violencias basadas en género, economía del cuidado o igualdad laboral se discuten en un órgano donde la presencia femenina sigue siendo minoritaria.
Persiste un discurso según el cual la participación política debe responder exclusivamente al mérito individual, planteando incluso la eliminación de la ley de cuotas. Este argumento ignora que la desigualdad no surge en el momento de la elección, sino en las condiciones estructurales de acceso a la competencia política. La norma es imperfecta, pero su ausencia no resolvería el problema.
La ley de cuotas fue un avance importante en su momento, pero hoy resulta insuficiente para garantizar una democracia paritaria. Sin reformas que aborden la ubicación en las listas, la financiación de campañas, la violencia política contra las mujeres y los mecanismos internos de selección de candidatos dentro de los partidos, la participación femenina seguirá siendo principalmente formal. Si quienes legislan continúan siendo mayoritariamente hombres, es urgente preguntarse qué tan viable resulta construir una normativa realmente adecuada para las mujeres.
El problema no es cuántas mujeres se postulan, el verdadero conflicto está en cuántas pueden competir en igualdad de condiciones y cuántas logran incidir realmente en las decisiones del país. Mientras esa brecha persista, la representación política femenina en Colombia seguirá siendo una promesa incumplida.
Comentar