“No basta con reforzar la intervención institucional o modificar el Código Penal, Colombia necesita un cambio estructural que garantice condiciones de vida digna, equitativa y segura para todos los niños y niñas del país, sin importar su territorio, clase, etnia o género”.
Introducción
En Colombia, nacer en ciertas regiones es un riesgo existencial. En comunidades periféricas, rurales o empobrecidas, ser niño no garantiza protección, sino todo lo contrario: puede significar ser blanco de estructuras armadas ilegales que ven en la infancia y adolescencia una herramienta funcional para sus intereses criminales. En el país de la Constitución garantista y la retórica de los derechos humanos, miles de niños, niñas y adolescentes, han sido usados como escudos, armas y correos del crimen. No porque hayan elegido ese camino, sino porque la inimputabilidad penal (creada, en principio, para protegerlos) ha sido transformada en coartada jurídica por actores armados que conocen las grietas del sistema mejor que los propios operadores de justicia.
La instrumentalización de la infancia no es una anomalía ocasional del conflicto armado colombiano. Es una práctica estructural, sistemática y funcional a diversas violencias que hoy se superponen: guerrillas residuales, narcoparamilitarismo, crimen organizado urbano (y transnacional) y redes de microtráfico que cooptan a menores desde los 9 o 10 años. Mientras tanto, el Estado responde tarde, mal y la mayoría de las veces de manera ineficiente. Este artículo propone una mirada crítica, sobre cómo el país ha abandonado a su infancia en los márgenes del derecho, la protección y la dignidad.
Violencias múltiples: más allá del conflicto armado
Colombia enfrenta un mosaico de violencias que van más allá del tradicional conflicto armado. Guerrillas residuales como el ELN y las disidencias de las FARC, bandas narcoparamilitares, estructuras de microtráfico, redes de trata de personas y milicias urbanas conforman un entramado criminal que se disputa el control territorial y poblacional en ciudades como Medellín, Buenaventura, Cúcuta o zonas rurales del Cauca, Nariño y el Catatumbo. En este contexto, los niños, niñas y adolescentes (NNA) no solo son víctimas pasivas: son reclutados, cooptados y utilizados estratégicamente por estos grupos.
Según la Defensoría del Pueblo, solo en 2024 fueron reportados 409 casos de reclutamiento forzado de menores, una cifra que representa un aumento significativo respecto al año anterior (Defensoría del Pueblo, 2024). De estos casos, al menos 269 correspondían a niños y niñas indígenas, principalmente en el suroccidente del país (SwissInfo/EFE, 2025). Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también advirtió sobre la persistencia de este fenómeno, confirmando 216 casos verificados en el mismo año, de los cuales 86 eran niñas (ONU DDHH, 2024). Pero estas cifras no son incidentales: reflejan una estrategia criminal multidimensional que convierte la infancia y adolescencia en un recurso táctico de los actores armados ilegales.
La inimputabilidad como escudo criminal
El artículo 33 del Código Penal Colombiano, establece que los menores de 14 años son inimputables, es decir, no pueden ser sancionados penalmente porque se presume su incapacidad para comprender la ilicitud de sus actos. Esta norma, de inspiración garantista, ha sido distorsionada por grupos armados que la han convertido en una herramienta de impunidad funcional: usan a los niños para ejecutar delitos sabiendo que no serán judicializados y que las instituciones de protección rara vez logran retenerlos en procesos transformadores de largo plazo.
La situación se agrava cuando se observa la sistematicidad de estas prácticas. En muchas comunas urbanas y veredas de zonas rurales, niños de apenas 9 o 10 años son entrenados como centinelas, correos humanos, cobradores, distribuidores de droga y, en los casos más extremos, sicarios. Las llamadas “escuelas sicariales”, particularmente documentadas en Medellín y Buenaventura, funcionan como centros de socialización armada donde se recompensa la obediencia, la violencia y la lealtad con dinero, tenis y ropa cara, consolas de videojuegos, motos o estatus simbólico. Muchos de estos niños y adolescentes mueren antes de los 18 años.
Un informe conjunto de UNICEF y el ICBF mostró que entre 2013 y 2022, 2.181 NNA fueron desvinculados de grupos armados ilegales (UNICEF & ICBF, 2023). A esta cifra se suman los 318 menores que ingresaron a programas de atención especializada solo en 2024, según reportó el ICBF (ICBF, 2024b). Sin embargo, muchas veces este proceso de desvinculación no implica una verdadera reparación ni reintegración. Las rutas institucionales funcionan como puertas giratorias: los menores ingresan y egresan del sistema sin que haya un cambio real en sus condiciones de vida.
El poder del crimen sobre la infancia: captación por “tierra” y “aire”
En regiones como Cauca, Nariño y Putumayo, donde la institucionalidad estatal es débil o simbólica, los grupos armados ejercen un control efectivo del territorio. Allí, los niños no solo son reclutados, sino socializados en la violencia como única opción de vida. Esta cooptación se produce también en contextos urbanos (incluso en ciudades principales como Medellín, Cali y Bogotá), donde los “combos” barriales, las pandillas y las redes de microtráfico promueven una cultura del poder armado y del dinero fácil desde edades tempranas (cultura de la ilegalidad).
Adicionalmente, la hiperconectividad de la era digital, ha llevado a la aparición de una nueva dimensión de captación de menores a través del uso de plataformas digitales. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y medios de prensa como El País han alertado sobre 146 cuentas activas en TikTok que están siendo utilizadas para promover el reclutamiento de menores mediante videos que glorifican el crimen, exhiben armas y prometen estatus a los jóvenes más vulnerables (El País, 2025). Esta forma de propaganda digital refuerza la cultura de la ilegalidad y extiende las fronteras del reclutamiento más allá del espacio físico – por tierra y aire.
La deuda estructural del Estado: ausencia, impunidad y abandono
A pesar de la gravedad del problema, la respuesta estatal ha sido parcial, fragmentada y débil. El ICBF ha atendido a más de 7.800 niños, niñas y adolescentes desvinculados desde 2004 (ICBF, 2024a), pero los programas no garantizan acompañamiento psicosocial sostenido ni alternativas económicas reales. Las rutas de protección carecen de seguimiento individualizado y el sistema judicial investiga y sanciona con dificultad a los adultos responsables de reclutar menores, pese a que el Código Penal (Art. 188D) lo tipifica como delito.
La impunidad también es evidente en las zonas de alta vulnerabilidad, donde ni la Fiscalía ni las fuerzas de seguridad logran identificar ni desarticular las redes de captación de menores. Mientras tanto, los niños continúan siendo usados como instrumentos descartables: si mueren, no hay responsables; si sobreviven, son reubicados temporalmente sin condiciones para transformar su entorno.
Hacia una política transformadora: del discurso a la acción
Para confrontar esta crisis, el Estado debe impulsar una reforma integral que incluya:
- Una revisión profunda del artículo 33 del Código Penal, que mantenga el principio de inimputabilidad para menores de 14 años, pero lo complemente con una responsabilidad institucional clara y medidas obligatorias de protección integral, evitando así que esta disposición siga siendo una coartada operativa para estructuras criminales en contextos donde el Estado no garantiza condiciones equitativas de vida.
- Fortalecer la acción penal contra reclutadores adultos, con procesos judiciales robustos y sanciones efectivas, utilizando el tipo penal establecido en el artículo 188D del Código Penal.
- Transformar el modelo del ICBF, para garantizar intervenciones psicosociales profundas, sostenidas y contextualizadas que apunten a la restauración de derechos y a la construcción de proyectos de vida sostenibles.
- Diseñar políticas públicas territoriales de prevención, con inversión real en cultura, educación, deporte y empleabilidad juvenil, en diálogo directo con las comunidades.
- Activar y fortalecer redes comunitarias de protección, con participación de liderazgos locales, madres comunitarias, educadores y jóvenes organizados.
- Regular las plataformas digitales utilizadas para captar menores, en coordinación con entes de ciberseguridad, plataformas tecnológicas y agencias de protección infantil.
Estos cambios no son opcionales, son parte de una obligación internacional. La Jurisdicción Especial para la Paz ya reconoció en el marco del Caso 07 la responsabilidad del Estado colombiano en el reclutamiento sistemático de menores por parte de las FARC-EP (JEP, 2024). Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias como la del Caso de la masacre de Mapiripán, condenó a Colombia por omisión en la protección de niños y niñas desplazados (Corte IDH, s. f.). Estos precedentes refuerzan la urgencia de respuestas institucionales estructurales, más allá de la retórica.
Conclusión
La inimputabilidad, concebida como herramienta de protección, ha sido pervertida en Colombia hasta convertirse en un mecanismo de impunidad funcional para las redes criminales. No se trata solo de una omisión jurídica, sino de una muestra de la profunda fractura del Estado Social de Derecho. Mientras la infancia es instrumentalizada por actores armados, el aparato estatal responde con políticas fragmentadas, ineficaces o tardías, permitiendo que la niñez sea usada, desechada y silenciada.
No basta con reforzar la intervención institucional o modificar el Código Penal, Colombia necesita un cambio estructural que garantice condiciones de vida digna, equitativa y segura para todos los niños y niñas del país, sin importar su territorio, clase, etnia o género. Necesitamos entornos seguros donde ser niño no sea una condena al reclutamiento, al hambre o a la violencia, sino un derecho pleno a crecer, aprender, jugar y vivir en paz.
La deuda es histórica, pero el tiempo para saldarla es ahora. Cada día de inacción es una generación perdida; y cada niño entregado al crimen es una herida abierta en el proyecto de Nación.
Fuentes bibliográficas
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) & Observatorio Niñez y Conflicto Armado (ONCA). (2024). Boletín de monitoreo No. 31: Reclutamiento y efectos de conflictos armados sobre niños, niñas y adolescentes en Colombia (enero–junio 2024). https://www.coalico.org
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (s. f.). Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf
Defensoría del Pueblo. (2024, marzo 5). 409 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado en 2024. https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/409-ninas-ninos-adolescentes-fueron-victimas-reclutamiento-2024
El País. (2025, mayo 18). De panfletos amenazantes a mentiras en TikTok: el reclutamiento infantil se agrava en Colombia. https://elpais.com/america-colombia/2025-05-18/de-panfletos-a-tiktok
Human Rights Watch. (2003). Colombia: Child combatants. https://www.hrw.org/report/2003/02/19/youll-learn-not-cry/child-combatants-colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (2024a, enero 30). Más de 7.800 niños, niñas y adolescentes han sido desvinculados de grupos armados desde 2004. https://www.icbf.gov.co/noticias/mas-de-7800-ninos-ninas-y-adolescentes-han-sido-desvinculados-de-grupos-armados
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (2024b, febrero 16). ICBF atiende más de 318 menores víctimas de reclutamiento en lo corrido de 2024. https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-atiende-mas-de-318-menores-victimas-de-reclutamiento-en-lo-corrido-de-2024
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). (2024). Caso 07: Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado por parte de las FARC-EP. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Caso-07-reclutamiento-de-menores.aspx
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH). (2024, febrero 27). Informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia – 2023. https://www.ohchr.org/es/documents/country-reports/colombia-annual-report-2023
SwissInfo/EFE. (2025, mayo 13). Defensoría colombiana sube a 541 la cifra de menores reclutados por grupos armados en 2024. https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-defensoría
UNICEF & Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (2023). Caracterización de niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado en Colombia 2013–2022. https://www.unicef.org/colombia
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