Algunos sectores de la opinión han buscado reducir las dimensiones del Acuerdo de Paz a la mera participación en política de la extinta guerrilla de las Farc-Ep o a las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero, sin desestimar la relevancia de estos dos componentes, el Acuerdo también creó una serie de instancias de planificación y organización participativa, encargadas de dinamizar en los territorio la implementación de la Reforma Rural Integral.
De esta forma, en el diseño escalonado de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se crearon las Comisiones Municipales y Subregionales de Planeación Participativa, estas comisiones permitieron que las comunidades -organizadas en torno asambleas veredales y grupos motores- priorizarán un conjunto plural de iniciativas en la perspectiva de consolidar una visión compartida del desarrollo a nivel veredal, municipal y subregional.
En relación al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) – el mayor programa de sustitución de cultivos que se ha diseñado en la historia del país-, también se crearon los Consejos asesores territoriales, las Comisiones municipales de planeación participativa, y los Consejos municipales de evaluación y seguimiento como instancias territoriales de coordinación y gestión, responsables, según el Decreto 362 de 2018, de:
“1. Articular las orientaciones del PNIS con el nivel territorial, y recoger las iniciativas municipales y locales, con el fin de dar recomendaciones para la construcción de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo.
- 2. Apoyar en la identificación de necesidades y oportunidades territoriales para la formulación de los PISDA.
- Promover la integración de los PISDA a los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) como visión del territorio”.
Ahora bien, en el gobierno Duque (en el cual se impuso la directriz de “hacer trizas la paz”) todas estas instancias de participación, con todos acumulados sociales, culturales y organizativos que constituyeron durante el proceso de paz, fueron sistemáticamente desconocidas. La participación se redujo a un mero ejercicio de validación y su carácter transformador se diseminó en un enfoque que priorizó lo “técnico” a partir de complejas Hojas de Ruta Única.
Comprendiendo que el Acuerdo de Paz es una piedra angular en la estrategia de la Paz Total, se torna necesario recuperar esas instancias de participación; restituir el valor de las organizaciones como agentes dinamizadores de la transformación territorial; y centralizar, en la medida de lo posible, el rol de las comunidades en la implementación de lo acordado.
Un primer paso en ese sentido se dará el próximo 26 de mayo con la primera sesión del Consejo Asesor Territorial de Antioquia. Esta sesión, que convoca a líderes y líderesas delegados por sus comunidades, firmantes de paz, autoridades municipales, organizaciones sociales y veedores internacionales, contará con la presencia de Felipe Tascón, responsable nacional de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Sea este encuentro la oportunidad para redireccionar el PNIS en Antioquia hacia un modelo de atención más sostenible; armonizar lo concertado por las comunidades en los acuerdos colectivos suscritos entre 2017 y 2018 con la nueva política de sustitución de economías; y lo más importante: ofrecer verdaderas alternativas de desarrollo en los territorios asediados por los cultivos de uso ilícito.
Es un primer paso importante, pero debemos seguir avanzando para ir más allá y que como sociedad rodeemos esas instancias de participación creadas por el Acuerdo de Paz.
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