«En lugar de salvar a Citgo y los activos clave, parte de la oposición venezolana entregó recursos estratégicos en un juego político que condenó al país a la pobreza y a algunos en el extranjero a la riqueza»
El denominado «gobierno interino» de Juan Guaidó, creado en 2019 engañando a millones de venezolanos a Estados Unidos y a varios países de occidente prometiendo una lucha contra Nicolas Maduro, se presentó como una alternativa verdaderamente democrática al régimen. Sin embargo, en lugar de cumplir con su promesa de restituir la democracia y la estabilidad económica, la gestión de Guaidó se ha visto marcada por decisiones cuestionables, acusaciones de corrupción y una alarmante falta de capacidad para proteger los intereses del pueblo venezolano. Uno de los aspectos más controversiales de este periodo fue la manera en que se gestionaron los activos nacionales, lo que puede entenderse como una suerte de «repartición» de Venezuela entre los intereses de algunos actores políticos y económicos, tanto dentro como fuera del país.
Desde su instauración, el gobierno interino se encargó de la administración de ciertos activos clave del Estado, particularmente aquellos que estaban fuera de Venezuela, como la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo. Esta situación de control de activos venezolanos en el exterior llevó a que se tomaran decisiones políticas y económicas que, lejos de beneficiar al país, aceleraron su despojo por parte de acreedores internacionales, y lo que es más grave, favorecieron intereses personales o de facciones específicas dentro de la oposición.
El Control de Activos y la Relación con los Acreedores
Uno de los primeros pasos del gobierno interino fue tomar control sobre los activos de Venezuela en el extranjero, que incluían, entre otros, las acciones de Citgo, una de las empresas más valiosas del país. Esto, sin embargo, no se tradujo en un manejo prudente y estratégico, sino que se convirtió en un activo político utilizado para la guerra interna entre la oposición y el chavismo.
A pesar de que la oposición clamaba por una salida política que restaurara la democracia, las decisiones económicas tomadas en este período revelaron una preocupante desconexión con las necesidades del pueblo venezolano. En lugar de negociar una reestructuración de la deuda o de intentar proteger los activos nacionales, el gobierno interino permitió que las deudas de PDVSA y otros pasivos crecieran desmesuradamente. Este crecimiento de la deuda externa, vinculado directamente a la incapacidad de negociar con los acreedores, tuvo un impacto directo en Citgo, que se convirtió en blanco de embargos y litigios, resultando en la pérdida progresiva de control sobre la empresa.
El Uso de Citgo y Otros Activos como Herramientas Políticas
La administración interina también utilizó los activos de Venezuela, como Citgo, para financiar su propio funcionamiento y su lucha política contra Maduro. Esta estrategia implicaba un uso de los recursos de la nación para sostener un gobierno que, en la práctica, no controlaba el territorio ni los principales ingresos del país. La falta de un manejo adecuado de estos activos permitió que se multiplicaran las demandas legales de los acreedores, quienes lograron demostrar que PDVSA y el gobierno de Guaidó eran, en efecto, la misma cosa, lo que significaba que los activos de la empresa petrolera podían ser embargados.
Los acreedores, que en su mayoría eran entidades internacionales que poseían bonos de deuda, vieron en la situación una oportunidad para recuperar sus inversiones. En vez de intentar una reestructuración que permitiera una salida menos dolorosa para el país, las políticas del gobierno interino facilitaron el proceso que llevó a la pérdida de Citgo. En este contexto, la administración de Guaidó pasó a ser vista no como una defensa de los intereses nacionales, sino como un facilitador de la entrega de activos clave a actores extranjeros.
La Falta de Transparencia y las Acusaciones de Corrupción
A medida que se fue desgastando el gobierno interino, surgieron acusaciones de corrupción y mala gestión. A pesar de que Guaidó y sus seguidores presentaban su gestión como un esfuerzo por restaurar la democracia en Venezuela, la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la incapacidad para hacer frente a los intereses nacionales se convirtieron en puntos de crítica constante. Los fondos obtenidos de los activos extranjeros, como los de Citgo, fueron utilizados de manera poco clara, lo que alimentó la desconfianza tanto dentro como fuera de Venezuela.
La situación empeoró cuando se supo que figuras cercanas al gobierno interino habían participado en negociaciones y acuerdos que beneficiaban a ciertos actores económicos y políticos, tanto en Venezuela como en el extranjero. La falta de rendición de cuentas y las denuncias de corrupción entre sectores opositores, particularmente en torno a los activos de PDVSA y Citgo, alimentaron la percepción de que, en realidad, el «gobierno interino» estaba utilizando la crisis para enriquecerse a expensas de los recursos nacionales.
El Impacto en la economía venezolana
El resultado final de esta «repartición» de los activos venezolanos no solo ha sido la pérdida de empresas estratégicas como Citgo, sino también el colapso de cualquier posibilidad de un futuro económico estable para el país. La incapacidad de los líderes opositores para negociar un acuerdo que protegiera los intereses nacionales y la división interna entre facciones opositoras han dejado a Venezuela en una posición aún más vulnerable frente a los acreedores internacionales.
Mientras tanto, el pueblo venezolano ha tenido que soportar las consecuencias de este desastre político y económico. La promesa de cambio democrático, que motivó a millones a seguir al gobierno interino, ha quedado en el olvido, mientras que el país continúa sumido en una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pérdida de recursos clave.
Conclusión
La “repartición” de los activos venezolanos por parte del gobierno interino no es solo una traición a los intereses del pueblo, sino una muestra más de la corrupción y la falta de visión política que ha marcado a la oposición venezolana en su lucha por el poder. En lugar de unirse para salvar lo que queda de Venezuela, los actores políticos han utilizado la crisis para perseguir sus propios intereses, a menudo a costa del bienestar nacional. Mientras tanto, el país sigue pagando el precio de una guerra política interminable que ha despojado a Venezuela de recursos vitales para su recuperación.
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