La encrucijada tributaria: recaudar para gobernar o endeudar para subsistir

“La economía colombiana atraviesa por un momento de gran incertidumbre política, que trasciende los límites de los análisis técnicos económicos realizados por el Ministerio de Hacienda. La reciente reforma tributaria presentada por el progresismo, que busca recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026, enfrenta al país a un dilema que revela, más allá de las cifras, las prioridades y la capacidad de gobernar en medio de una crisis de confianza.”

 La República de Colombia vive un momento crucial en su historia económica y política. La reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego, que busca recaudar más de 26 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026, no es un simple ajuste contable, sino la prueba de fuego de un proyecto progresista que navega entre la urgencia fiscal y la fragilidad política. Las implicaciones de esta situación se extienden más allá de la estabilidad de las finanzas públicas, abarcando la credibilidad de un liderazgo que ha hecho promesas sobre la transformación de la nación, pero que ahora enfrenta los mismos retos que antes había denunciado. La decisión de recaudar fondos para garantizar el funcionamiento del Estado, o de endeudarse para hacer frente a las carencias, configura inevitablemente el panorama político inmediato y delimita las fronteras de la gobernabilidad a corto plazo.

En principio, una reforma tributaria debería ser el instrumento óptimo para garantizar la sostenibilidad financiera, ordenar las cuentas del Estado y proyectar el desarrollo social. Sin embargo, en el contexto de la práctica política colombiana, la implementación de la reforma tributaria se convierte en un punto de disputa entre el gobierno, que a menudo se encuentra en un estado de desesperación financiera, el Congreso, que entabla negociaciones que reducen el alcance de la reforma a cambio de favores, y la ciudadanía, que percibe el debate como una reiteración de un guion predeterminado en el que los que menos recursos financieros tienen invariablemente son los que más contribuyen. La cuestión de fondo es si esta reforma responde a una visión a largo plazo o si se trata de una medida coyuntural de un gobierno de izquierda que, ante los retos electorales, busca mejorar su viabilidad económica para aguantar hasta 2026. Paradoja fiscal de Gustavo Francisco Petro Urrego y su séquito de aduladores, que ayer incitaron el descontento popular en el país en contra de las medidas de Iván Duque Márquez, y hoy defienden un ajuste fiscal de mayores proporciones.

El escenario es de una naturaleza particularmente compleja. Los niveles de deuda pública son ya de tal magnitud que han suscitado inquietud en los mercados internacionales. Además, el déficit fiscal aumenta con cada nueva proyección, y la confianza de inversores y ciudadanos se ve minada por un gobierno progresista incapaz de articular una narrativa de crecimiento coherente. No es prudente depender excesivamente de la deuda, pero es importante reconocer que presentar una propuesta de reforma que carezca de un amplio consenso puede, en última instancia, acarrear costos similares. Esta coyuntura crucial, por lo tanto, no es meramente de naturaleza económica, sino también de considerable importancia política. Se trata de la estimación del pulso de la izquierda, con el objetivo de convocar, persuadir y lograr el consenso en un Congreso fracturado y una sociedad polarizada. La contradicción es evidente. El calificativo de «asalto» que era utilizado para describir las acciones de la derecha contra las clases populares, en nada dista del proceder del gobierno progresista al proponer una reforma que no está conectada con la realidad de los colombianos.

El catalizador del movimiento de protesta fue la indignación, que desembocó en manifestaciones que tuvieron lugar en espacios públicos e implicaron una confrontación directa con las autoridades estatales. Las consecuencias de este movimiento fueron importantes, incluida la erosión de la confianza, la gobernanza y la cohesión social. En este contexto particular, la reforma no puede analizarse como un simple ajuste fiscal técnico. Debe considerarse como una radiografía de la actual estrategia fiscal del gobierno, que ofrece una visión global de sus prioridades imperantes. La cuestión central que se plantea es si la izquierda tratará de ampliar la base impositiva para abarcar a sectores históricamente privilegiados, o si optará por el enfoque más directo de gravar a los asalariados y a la clase media, como se ha puesto de manifiesto en reformas anteriores. ¿La redistribución de la carga fiscal pretende ser un verdadero esfuerzo por parte de las autoridades competentes, o se trata más bien de una maniobra política con el objetivo de garantizar la tesorería y sostener un modelo de gasto que no siempre demuestra resultados? La respuesta delineará no sólo la viabilidad económica de la propuesta, sino también la legitimidad política del progresismo en la fase final de su mandato.

El panorama político se caracteriza por un discurso que tiene el potencial de transformar esta reforma en un contencioso electoral. Se denuncia el carácter confiscatorio de las medidas, se cuestiona el impacto sobre la inversión y se apela al malestar de los ciudadanos por las subidas de impuestos en un contexto de inflación persistente y bajo crecimiento. No es difícil prever que, en medio de la campaña que se avecina, los debates fiscales acabarán contaminados por la lógica electoral: lo que para la izquierda es una necesidad, para la derecha será la materialización del oportunismo fiscal por parte del progresismo. Es preocupante que, dentro del discurso de este debate, no se aborde de forma coherente la cuestión central: la necesidad de una reforma sistémica que sirva para simplificar el sistema fiscal, reducir la incidencia de la evasión fiscal (que se estima en aproximadamente un 40% para determinados impuestos) y garantizar el mantenimiento de una verdadera progresividad. En ausencia de una visión a largo plazo, cualquier reforma se convierte en una medida provisional, una improvisación que aplaza el debate de fondo y perpetúa la sensación de crisis perenne.

En el actual clima político, con Gustavo Francisco Petro Urrego en la Casa de Nariño, el discurso dominante afirma que la reforma tributaria es una «necesidad histórica» para financiar la justicia social y garantizar la ejecución de los programas gubernamentales. El tema que antes era foco de fuertes sentimientos se presenta ahora en el contexto de la responsabilidad fiscal y el desarrollo sostenible del Estado. La problemática en cuestión no se atribuye únicamente a la discrepancia de contexto, sino también al marcado contraste entre las vehementes críticas que encendieron el fervor generalizado en el país y la praxis política de quienes habían profesado adoptar un modo alternativo de gobernanza. A pesar de las garantías gubernamentales de una inminente progresividad, que afectará a los sectores de mayores ingresos, la percepción pública sugiere que la carga recaerá en última instancia sobre los que tienen menos margen financiero para asumirla. La izquierda está atrapada en su propia contradicción: necesita recursos para financiar su proyecto de país, pero al hacerlo reproduce la misma lógica que antes atacaba con vehemencia.

La nación colombiana no puede seguir atrapada en el círculo vicioso de reformas cada dos años que no resuelven nada. Las circunstancias imperantes exigen la presencia de una dirigencia capaz de fundamentar con profundidad y transparencia los ajustes emprendidos, de mostrar con nitidez las ventajas sociales del recaudo tributario y de respaldar sin reservas una agenda que priorice la eficacia del gasto público. Recaudar para gobernar o endeudarse para sobrevivir no es solo un dilema contable. Es más bien una prueba de fuego que plantea una pregunta fundamental: ¿puede la política en Colombia seguir generando confianza, acuerdos y una visión compartida para el futuro de la nación? En ausencia de cambios, las reformas tributarias contemporáneas serán consideradas como una mera adición al extenso cuerpo de evidencia de la incapacidad fiscal de la izquierda. Esta improvisación lleva tres años de gobierno progresista y es de esperar que los ciudadanos que menos tienen sean los que carguen con el costo de haber votado como lo hicieron en 2022.