La regla de mayoría es la regla de decisión en la democracia, y la mayoría en Estados Unidos eligió como Presidente a Donald Trump, millonario sin experiencia política que se jacta de no pagar impuestos, que supo canalizar el descontento, la rabia, el resentimiento o el miedo primario de una multitud silenciosa con un discurso sexista, homófobo, racista y nacionalista. El slogan de evitar el hundimiento y volver a hacer grande a América caló hondo, aunque no sea época de miseria y hambruna, colapso de la economía y frustradas ambiciones nacionales. Dentro de un electorado amplio y diverso se destaca un conjunto de ciudadanos que aprueba con entusiasmo la superioridad de los hombres sobre las mujeres, de los heterosexuales sobre los homosexuales, de los blancos sobre los negros, del pueblo estadounidense sobre los demás pueblos del planeta, y cree correcto excluir o someter a los segundos términos de cada comparación.
Todo lo contrario de los valores de la libertad, la dignidad humana, la igualdad, el respeto a la diferencia que se plasman en los derechos humanos y constituyen el alma de la democracia, los cuales fueron declarados por vez primera justamente en los Estados Unidos de América, cuna de la democracia moderna, con la Declaración de Independencia del 4 de julio 1776 que abolió la autoridad de la Corona inglesa para hacer de la libertad política una forma de vida y estableció un claro el vínculo entre democracia, igualdad y derechos humanos. Este fue el comienzo de la Revolución norteamericana que culminó exitosa con la adopción de la Constitución que rige a los Estados Unidos desde 1789.
Los resultados de las elecciones nos devuelven a una de las más antiguas perplejidades de la filosofía política: se considera a la democracia la mejor forma de gobierno porque el pueblo permanece soberano y se gobierna a sí mismo en lugar de subordinarse a los mandatos de uno o de unos pocos (un tirano, un dictador, una oligarquía, una aristocracia), habiendo coincidencia entre gobernantes y gobernados (“el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”). No obstante, la democracia puede llegar sojuzgar a individuos y grupos cuando se da una situación en la cual el pueblo desea oprimir a una parte de sus miembros e implanta una “tiranía de la mayoría”[1].
Esta tiranía de la mayoría parece anidar en lo profundo de la sociedad estadounidense que dio su voto a Trump para que cumpla sus promesas de campaña de expulsar a los inmigrantes ilegales, construir gigantesco muro para impedirle el ingreso a los mexicanos (acusados de ser violadores, ladrones y narcotraficantes), aumentar la vigilancia sobre los negros y los chicanos, asegurar que las familias sean conformadas sólo por un hombre y una mujer con sus hijos y no haya medidas de igualdad para los homosexuales, y hacer que Estados Unidos vuelva a ser la nación superior que rija los destinos del mundo.
Los ciudadanos no saben qué pueden esperar; se abre un tiempo de incertidumbre y de peligro para las minorías y sus derechos en Estados Unidos y, en suma, para las relaciones internacionales basadas en el respeto al derecho internacional, el imperativo de la paz y de los derechos humanos. Las manifestaciones de estos días reclaman impedir que Trump cumpla sus promesas electorales para que no se abra un laberinto de infamias, alambradas y conflictos.
La estructura institucional de los Estados Unidos de América fue diseñada con parsimonia y mesura, precaviendo remedios constitucionales contra el peligro de la tiranía de la mayoría como lo declaró Alexander Hamilton, uno de los Padres Fundadores, en 1788: “En una república no sólo es de gran importancia asegurar a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una parte de la sociedad contra las injusticias de la otra parte. En las diferentes clases de ciudadanos existen por fuerza distintos intereses. Si una mayoría se une por obra de un interés común, los derechos de la minoría estarán en peligro”[2].
Para mencionar tres remedios: 1) La gran República está fundada sobre un sistema de poderes que se equilibran de forma tal que ni el poder de la Unión ni el de sus partes, los Estados federales, se anulan o destruyen entre sí. Este principio de distribución de poder ha sido hasta hoy lo bastante fuerte para mantener una unión política estable y perdurable en la que los distintos poderes se apoyan y se limitan entre sí, los diferentes gobiernos se tienen a raya unos a otros, al propio tiempo que cada uno se regula por sí mismo.
2) La Constitución de los Estados Unidos de América consagra la salvaguarda de los derechos y libertades civiles fundamentales en un complejo sistema que opera en todas las situaciones, las de agitación social y política y las de normalidad. Los derechos fundamentales están dotados de resistencia a las pretensiones de las mayorías contingentes y su protección está sustraída al acuerdo mayoritario, lo que implica que ninguna mayoría puede decidir su reducción o abolición. Aquí es crucial el papel de los jueces y de las Cortes en el control constitucional de las medidas públicas y leyes que atentaran contra los derechos fundamentales.
3) La Constitución le otorga a los individuos amplias libertades civiles y políticas para que tengan la oportunidad de cultivar un espíritu público y actuar como ciudadanos para conformar, renovar y controlar el poder público. Las libertades políticas permiten aflorar la multiplicidad de opiniones, intereses, creencias, partidos y organizaciones sociales, con lo cual sería difícil que una coalición integrada por la mayoría de la sociedad pudiera echar por tierra la democracia, arrasar los derechos y cambiar el modelo de justicia previsto en la Constitución.
La perspectiva que se abre es muy compleja y habrá de encararse con fortaleza, decisión y confianza en las posibilidades de la compleja estructura institucional de la República tal como se concibió desde sus orígenes para refrenar las tendencias antidemocráticas y antiderechos humanos de algún sector: la sociedad “estará dividida en tantas partes, tantos intereses diversos y tantas clases de ciudadanos, que los derechos de los individuos o de la minoría no correrán grandes riesgos por causa de las combinaciones egoístas de la mayoría”[3].
Que este complejo diseño de una República democrática y la acción de ciudadanos suficientemente comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos impidan la materialización de los riesgos que se ciernen sobre la convivencia civil y política en Estados Unidos y, eventualmente, sobre el mundo.
[1] J. Stuart Mill, Sobre la libertad, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 61.
[2] Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, El federalista, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 222.
[3] Ibídem.
