“La educación financiera inclusiva no es un lujo, es una herramienta de dignidad y autonomía para millones de colombianos con discapacidad.”
En Colombia, hablar de discapacidad no es referirse a una minoría lejana, sino a una parte significativa de nuestra sociedad. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE, cerca del 7,1 % de la población (más de 3 millones de personas) reportó tener algún tipo de dificultad para realizar actividades básicas de la vida diaria. Si se consideran únicamente las dificultades moderadas o severas, el porcentaje sigue siendo alto: 4,07 % de la población (DANE, Panorama general de la discapacidad en Colombia, 2018). Más recientemente, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2020 estimó que el 5,6 % de las personas de 5 años o más viven en condición de discapacidad, lo que equivale a 2,65 millones de colombianos (DANE, 2022).
Estas cifras revelan que la discapacidad es una realidad que atraviesa edades, territorios y géneros. Según la ECV 2020, el 54,6 % de las personas con discapacidad son mujeres, lo que coincide con el proceso de “feminización” de la vejez: a medida que aumenta la edad, también lo hace la prevalencia de discapacidad, y en este grupo las mujeres son mayoría. Asimismo, se observa que la discapacidad no es un fenómeno exclusivo de la tercera edad: entre la población infantil (0–14 años), los hombres presentan mayor proporción de casos, recordándonos que la inclusión debe abarcar todas las etapas de la vida.
De los tipos de discapacidad, la visual es la más frecuente: el 62 % de quienes reportaron limitaciones en el Censo 2018 manifestaron tener dificultades para ver, incluso usando lentes (INCI, 2019). Le siguen las limitaciones de movilidad, auditivas y cognitivas, todas con impactos significativos en la calidad de vida.
El peso económico de la discapacidad
Más allá de la estadística, es necesario reconocer que la discapacidad conlleva una serie de gastos adicionales y cargas financieras que muchas veces recaen en la persona, su familia y cuidadores. Desde tratamientos médicos y terapias hasta ayudas técnicas como sillas de ruedas, audífonos o software especializado, el costo de la vida cotidiana se incrementa.
El DANE, a través de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2021), ha mostrado cómo la discapacidad está estrechamente vinculada con la necesidad de apoyos permanentes y de tiempo dedicado por parte de cuidadores, lo que implica no solo gasto monetario, sino también pérdida de ingresos potenciales en el hogar.
A esta situación se suman las barreras para acceder a empleos formales y bien remunerados, lo que restringe las posibilidades de acumular ahorro o construir un patrimonio. En este contexto, la educación financiera no es un lujo, sino una necesidad urgente y diferenciada.
¿Por qué hablar de educación financiera inclusiva?
En los últimos años, Colombia ha hecho esfuerzos importantes en materia de educación financiera para la población general, reconociendo que comprender cómo administrar el dinero, ahorrar, manejar deudas y planificar el futuro es esencial para la vida moderna. Sin embargo, pocas veces se piensa en que las herramientas y contenidos deben adaptarse a las realidades de quienes viven con discapacidad.
Un ejemplo: para una persona con discapacidad visual, la inclusión financiera pasa no solo por saber ahorrar, sino por poder acceder a plataformas bancarias accesibles con lectores de pantalla. Para una persona con discapacidad motriz, puede implicar contar con productos de crédito que reconozcan sus gastos médicos recurrentes. Para una madre cuidadora de un hijo con discapacidad, la educación financiera debe ayudarle a gestionar el doble desafío de ingresos limitados y gastos permanentes.
Hablar de educación financiera inclusiva, entonces, es abrir un espacio de empatía y justicia social, donde se reconozca que estas personas enfrentan condiciones particulares que requieren soluciones a la medida.
Una llamada a la sensibilidad social
En un país donde entre 4 % y 7 % de la población vive con discapacidad (según las distintas fuentes del DANE), no podemos permitirnos que la inclusión financiera sea un discurso vacío. Es necesario diseñar programas de educación financiera accesibles, prácticos y sensibles, que reconozcan las realidades económicas de esta población.
La educación financiera no se trata solo de aprender a llevar un presupuesto; se trata de generar dignidad, autonomía y resiliencia en la vida de millones de colombianos que hoy enfrentan barreras adicionales. Incluir a las personas con discapacidad en estos procesos es apostar por un país más justo, donde cada persona pueda tener las herramientas para planear su futuro, tomar decisiones informadas y vivir con mayor bienestar.
Que las cifras no nos hagan olvidar lo esencial: detrás de cada porcentaje hay personas, familias y sueños. Y todos ellos merecen que el derecho a una educación financiera no sea un privilegio, sino una oportunidad compartida.
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