El enfoque principal de la atención pública se centra en la campaña presidencial, los nombres, las alianzas y los discursos. Sin embargo, a pesar del contexto electoral, se están llevando a cabo transformaciones significativas que no solo redefinen sectores fundamentales, sino que podrían afectar la estabilidad institucional y económica del país en el largo plazo.
Mientras la nación se prepara para las elecciones presidenciales, el denominado “Gobierno del cambio” está implementando, con relativa facilidad, sus decisiones más relevantes. Esta situación no es fortuita. La historia política demuestra que los periodos de transición electoral tienden a ser los más oportunos para implementar medidas estructurales que, en circunstancias normales, suscitarían un rechazo generalizado. En la actualidad, Colombia parece estar siguiendo precisamente ese guion.
El sistema de salud constituye, probablemente, el ejemplo más evidente. La insistencia en desmontar el modelo actual mediante la liquidación progresiva de las EPS no se está dando como resultado de un consenso técnico o de una transición ordenada. En su lugar, se observa una presión constante que está afectando negativamente al sistema, llevándolo a una situación de asfixia financiera y operativa. No se trata de una mera reforma, sino de una reestructuración radical que exige la ruptura con el pasado para forjar un nuevo futuro bajo la dependencia estatal. El inconveniente radica en que, durante dicho procedimiento, los ciudadanos se encuentran en una situación de incertidumbre, sin certezas respecto a la atención que recibirán ni a la sostenibilidad del sistema.
A esto se suma la incertidumbre en materia pensional. El traslado masivo de dineros desde fondos privados hacia un esquema público centralizado suscita inquietudes legítimas respecto a la administración futura de dichos recursos. Esta situación no se trata únicamente de una discrepancia ideológica entre modelos, sino que se constituye en una cuestión de confianza. Cuando las normativas se modifican de manera abrupta, sin la claridad suficiente y con señales contradictorias, el mensaje que recibe el ciudadano es inquietante: su ahorro ya no depende exclusivamente de su esfuerzo, sino de decisiones políticas.
Sin embargo, el análisis no se limita únicamente a lo estructural. Asimismo, existe una narrativa que se nutre de la confrontación constante. La reciente denuncia de un supuesto atentado desde Ecuador, carente de pruebas concluyentes que la respalden de forma contundente en la opinión pública, se enmarca en una lógica preocupante, la del enemigo constante. Cuando un gobierno recurre de manera reiterada a escenarios de amenaza externa o conspiración, no solo tensiona las relaciones internacionales, sino que también polariza aún más a la sociedad.
Paralelamente, la campaña del sector afín al Gobierno evidencia una estrategia que combina evasión y confrontación. La negativa a participar en debates públicos no es un aspecto trivial; constituye un indicio significativo. En un sistema democrático, el debate no se considera una cortesía hacia el electorado, sino una responsabilidad ineludible. Rehuir el escrutinio y el contraste de ideas supone desestimar la posibilidad de que el ciudadano pueda evaluar con criterios informados.
Es sumamente inquietante observar cómo el discurso político ha comenzado a adoptar un tono cada vez más preocupante. La estigmatización regional, especialmente hacia Antioquia, no solo es una práctica irresponsable, sino que también entraña un grave riesgo para la seguridad y el bienestar de la región. Colombia ha experimentado costos significativos debido a las divisiones internas, lo que no justifica la normalización de discursos que enfrentan a territorios y ciudadanos en el siglo XXI.
Este fenómeno se produce en un contexto en el que la oposición, o lo que se identifica como una derecha en proceso de reorganización, comienza a exhibir indicios de fortalecimiento. Esta tendencia no se origina necesariamente por virtudes intrínsecas, sino que también puede ser atribuida a la respuesta a los excesos, errores y contradicciones del gobierno actual. La política se rige por esta lógica implacable; cuando un extremo se radicaliza, el otro encuentra un terreno fértil para prosperar.
Resulta evidente que el interrogante subyacente radica en determinar si la nación ha logrado una comprensión cabal de los acontecimientos que trascienden la campaña. Mientras se debaten aspectos como encuestas, candidaturas y alianzas, se están adoptando decisiones que podrían redefinir las reglas del juego por décadas. Es preocupante que muchas de estas iniciativas no sean evaluadas en el marco de una deliberación pública, a pesar de su impacto significativo.
No se trata de negar la necesidad de reformas. Colombia requiere implementar cambios estructurales en el sistema de salud, el sistema de pensiones y múltiples sectores. Sin embargo, es importante distinguir entre una reforma responsable y la imposición de rupturas en un entorno de distracción colectiva. Las denominadas “transformaciones duraderas” son aquellas que se construyen mediante un diálogo constructivo, basado en la evidencia y en los consensos mínimos. Las soluciones que se implementan en entornos ruidosos a menudo resultan en una mayor complejidad y problemas adicionales.
El país no puede permitirse adoptar una actitud pasiva. Ciertamente, la campaña presidencial reviste gran importancia, pero no debe convertirse en una distracción estratégica. El resultado de las elecciones no solo determinará quién gobernará en el próximo periodo, sino también las condiciones institucionales y económicas bajo las cuales se llevará a cabo.
La ciudadanía tiene derecho a la claridad, la transparencia y el debate. Cuando las decisiones más relevantes se adoptan en momentos de distracción general, lo que se consolida no es un proyecto nacional, sino una estrategia de poder. Las estrategias de poder, cuando no se someten al escrutinio adecuado, rara vez terminan de manera favorable.
Es evidente que el punto crítico radica en el peligro que representa para Colombia el progresismo de izquierda más radical, el cual ha terminado por relativizar la violencia, legitimar narrativas que reivindican pasados armados y enviar señales confusas frente a quienes operan al margen de la ley. Cuando el discurso político se aproxima a la justificación histórica de grupos como el M-19 o las FARC, no solo distorsiona la memoria histórica del país, sino que también debilita la autoridad del Estado y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Este debate no se trata de una mera discusión ideológica abstracta, sino que se centra en aspectos fundamentales relacionados con la seguridad, la legalidad y el futuro.
Colombia ya ha asumido un costo alto hace cuatro años, y hoy se enfrenta a una encrucijada que no admite ambigüedades. Enderezar el rumbo implica optar por propuestas que recuperen el orden, la estabilidad y el respeto por las reglas, ya sea desde una derecha más firme o desde una centroderecha que empieza a consolidarse. En este contexto, emergen figuras como Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, quienes representan, para muchos sectores, una alternativa frente a un modelo que ha profundizado la polarización y la incertidumbre. El país no solo elige un gobierno, también decide si se corrige el rumbo o si se persiste en un camino que genera más dudas que certezas.
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