El pasado sábado el presidente de la república Iván Duque sancionó en Valledupar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, el cual será la hoja de ruta de su gobierno. Un plan de desarrollo que por primera vez en la historia convocó a las ciudadanías a la participación en la construcción de propuestas para su elaboración, proceso en el que allegaron más de 3000 propuestas con la participación de cerca de 26.000 ciudadanos. Algunos fuimos partícipes en esta convocatoria con propuestas dirigidas a la implementación de vivienda rural sostenible, y ciertamente, quedamos con muchas inquietudes sobre el mecanismo y procedimiento que se siguió para la selección o no de dichas propuestas y su inclusión en el PND.
Dejando a un lado las propuestas ciudadanas, fueron varios los temas polémicos que ameritaron amplía discusión tanto al interior del Congreso de la República como en la opinión pública, entre otros: los aranceles a las importaciones en el sector textil y de confecciones, el puerto de Tribugá, el salvavidas a Electricaribe y tanto otros. Sin embargo, un tema de especial importancia que mereció fuerte crítica en sectores ambientalistas, y que tuvimos ocasión de analizar en la comisión de jóvenes de la SCI, tiene que ver con las metas fijadas por el gobierno nacional en materia de deforestación.
En principio, la meta propuesta en el PND fijaba una tasa de deforestación cero con respecto al número de hectáreas deforestadas en el 2017, cuando esta cifra alcanzó cerca de 220.000 hectáreas, lo que implicaba que se permitiría alrededor de 900.000 hectáreas de pérdida de bosque al final del cuatrienio, una cifra sinceramente escalofriante para ser meta de un gobierno. Más adelante, y dadas las justas críticas que recibió esta meta, decidieron cambiar la meta, y finalmente, en el PND aprobado quedó establecido reducir en un 30% la deforestación hacia el final del 2022. Valga decir, que frente a los señalamientos hechos desde Dejusticia que indica que esto será peor – pues arguyen que se tomará dicho porcentaje con respecto a las proyecciones del IDEAM que al 2022 apuntan a 360.000 hectáreas – quiero creer en la palabra del señor Ministro de Ambiente Ricardo Lozano, quien en el foro La Agenda de Desarrollo Sostenible 2018-2022 llevado a cabo el viernes pasado en la Universidad de los Andes presentó claramente como meta que la reducción es frente a lo registrado en 2018 – que a falta de una cifra oficial a estas alturas del año – los expertos estiman en 280.000 hectáreas.
En todo caso, la reducción del 30% no deja de ser una meta poco ambiciosa, como en efecto, lo expresó Alejandro Gaviria, Director del Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible – CODS en el mismo Foro. Y es que mirado a la luz de los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, firmado y ratificado por Colombia, no sólo no es ambiciosa, sino que supone de por sí su incumplimiento. Hay que recordar que Colombia se fijó como meta al 2030, una reducción del 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, con el incremento del fenómeno de deforestación, lo que estamos presenciando es un acelerado incremento de liberación de carbono pues prevalecen las quemas como el mecanismo más rápido para “limpiar” de bosque la selva.
Por eso y de cara a la problemática global del Cambio Climático, Colombia sencillamente no está haciendo la tarea. Si a los países industrializados les corresponde la tarea de reducir la quema de combustibles fósiles y por esa vía, las emisiones de GEI en el sector energético e industrial, principalmente; nuestra tarea principal como país es aparentemente más simple: proteger y conservar los bosques y uno crucialmente vital para la humanidad: la Amazonía.
Al parecer, no hay en el gobierno y en el propio presidente Duque una conciencia plena de que proteger a toda costa la Amazonía como una de las reservas de selva más amplias, biodiversas y estratégicas es un aporte crucial de Colombia a la lucha contra el Cambio Climático. Ponerse la vara más alta en cuanto a reducir la deforestación, e incluso llevarla a un meta cero en el 2022, no sólo es parte de honrar un compromiso con unos acuerdos internacionales, sentencias de la Corte Suprema de Justicia – que declaró la Amazonía como sujeto de derechos y por tanto, obliga a su protección inmediata – y con fondos de cooperación internacional, sino es asegurarle al mundo y a las futuras generaciones, uno de los mayores patrimonios naturales y reguladores climáticos, en la tarea de mitigación del cambio climático: principal desafío en la historia de la humanidad.
Si el gobierno no se pone a la altura de esta demanda del planeta, nos corresponde a los ciudadanos de a pie conscientes de la importancia de proteger nuestros bosques, avanzar en una labor de pedagogía sobre el tema de la deforestación, visto tan “no es conmigo” en las ciudades, para que en el corto plazo desemboque en una movilización ciudadana que ponga el tema en el debate público y así nuevamente en la agenda del gobierno nacional, de modo que revise esa meta a la baja y con ello procure acciones más contundentes frente a la problemática de la deforestación.
Finalmente, debemos ver con optimismo, o mejor, con optimismo testarudo – al decir, de Carolina García, gerente de Sostenibilidad de Bavaria – las miles de concentraciones que poco a poco siguiendo el ejemplo de Greta Thunberg, vienen colmando las plazas de las principales ciudades del mundo a favor de acciones contundentes y decididas contra el cambio climático. En ese sentido, son los Fridays For Future la posibilidad de congregarnos con cientos y ojalá muy pronto millones de personas para que se movilicen en favor del planeta y de ponerle un alto a la deforestación en Colombia. Preparémonos desde ya para la huelga general mundial del 20 de septiembre. ¡Detengamos la deforestación de nuestros bosques!
