“Lo relevante en la mentira no es su contenido, sino la intencionalidad del que miente… Lo decisivo de la mentira es, por tanto, el perjuicio que ocasiona en el otro…”
Jacques Derrida
Años atrás, específicamente en el 2003, Darío Acevedo, actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), publicó un artículo titulado: “La declaración de Benidorm o el olvido como antídoto para conjurar los fantasmas del odio y de la sangre”, en el cual hacía referencia a uno de los pactos, el otro era el de Sitges, firmado entre los entonces dirigentes políticos Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, tradicionales caudillos de los partidos conservador y liberal respectivamente.
En dicho texto, Acevedo afirmaba que la declaración de Benidorm era una especie de pacto de olvido o de confabulación partidista que, de cierta manera, acomodaba los acontecimientos del pasado, limpiando responsabilidades y haciendo aparecer a los culpables como víctimas y a su vez como futuros salvadores de la patria.
De un plumazo fueron borrados los odios interpartidistas, la violencia era cosa de un intruso, de un “jefe omnipotente” que había mancillado un pasado lleno de gloria y dignidad: “los días limpios y gloriosos de la República”. Por ello había que procurar “la conjunción de los partidos para expresar el inmenso desagrado general por la ruina de la civilidad de la patria” (Acevedo 2003 4).
Pero las disertaciones de Acevedo no terminan allí. Su pluma continúa preguntándose:
…Ahora bien, qué hace posible tremendo esguince a sus responsabilidades históricas? ¿Se trata de una jugada maestra y Maquiavélica para aparecer como salvadores, estandartes de la paz y la civilidad y a la vez [no responsables] de la sangre derramada? Uno no quisiera pensar que un acuerdo como este, que sin duda selló la paz entre los partidos, hubiese estado contaminado de intereses egoístas o de afanes mezquinos… (Acevedo 2003 4).
Así las cosas, parece que hoy, después de tanto tiempo, Darío Acevedo quiere imponernos su propia declaración de Benidorm, esa en la que se niega la existencia de un conflicto armado interno en el país, en la que a las ejecuciones extrajudiciales se les denomina errores operacionales y en la que a los terceros involucrados no se les asigna responsabilidad, sino probidad. Esa misma en la que se cuestiona las voz de las víctimas, en la que se descalifica el trabajo de la comisión de la verdad y en la que él, autor omnipotente, se atribuye el derecho de censurar contenidos sin consultar con nadie.
Adenda: Sólo queda esperar, para saber, cómo será la reactualización del pacto de Sitges entre Acevedo y sus áulicos.
