“La verdadera crisis no es minera: es una crisis de gobernanza. Colombia no está produciendo menos minerales. Está produciendo más oro, menos carbón, pero con menos instituciones, menos regalías y menos inversión. Es el Estado —no la minería— quien está retrocediendo.”
Se repite en la conversación pública que “la minería colombiana está en crisis”. La frase se viraliza, se instala y se usa para justificar decisiones. Pero como suele ocurrir en Colombia, la narrativa y los datos no siempre coinciden. Si revisamos las cifras oficiales de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y del DANE, el panorama es distinto al que se repite en titulares: no estamos ante el colapso de la minería —estamos ante el retroceso del Estado en el sector.
Los números del boletín Minería en Cifras, de la Agencia Nacional de Minería, son el primer campanazo. Las exportaciones mineras pasaron de USD 10.243 millones entre enero y octubre de 2024 a USD 8.176 millones entre enero y septiembre de 2025, lo que significa una caída cercana al 20 %. La lógica inmediata sería pensar que se produjo menos y, por tanto, que se empleó menos. Pero basta mirar por dentro para entender que el sector no desapareció: cambió de rostro. En 2024 el carbón explicaba el 56,5 % del valor exportado; en 2025 ese liderazgo se diluye y el oro asciende a 38 % del total. Se desploma el carbón —actividad de gran escala, sujeta a regalías e inversión extranjera— y crece el oro —actividad atomizada, fragmentada y con altos niveles de informalidad histórica—.
Es en las finanzas públicas donde estalla la verdadera crisis. Las regalías, que alcanzaron COP 9,19 billones en 2023, caen a 4,16 billones en 2024 y continúan descendiendo a 3,78 billones preliminares al cierre de 2025. Allí está la fractura: los municipios mineros, algunos de los cuales dependen hasta en un 80 % de la actividad extractiva, no vieron menos minería —vieron menos Estado. Lo que se perdió no fue el oro ni el carbón: fue la capacidad del país para capturar renta y transformarla en vías, agua potable, salud y educación.
La desinversión confirma el síntoma. La inversión extranjera directa en minas y canteras pasó de USD 1.132 millones en 2024 a apenas USD 491 millones en 2025 —una caída del 53 %. Colombia dejó de ser atractiva para nuevos proyectos mineros y para el desarrollo de cadenas de valor asociadas. Sin exploración, no hay futuro productivo. Y sin reglas estables, la inversión busca otras coordenadas.
Pero quizás el dato más disruptivo del debate es el laboral. Contra el sentido común de quienes dicen que la minería “destruye empleo”, la ocupación minera aumentó: de 243.128 personas en 2024 a 260.047 en 2025. ¿Entonces dónde está la crisis? Está en cómo se emplea. Mientras el carbón perdió cerca de 12.000 empleos formales, la ocupación asociada al oro aumentó en más de 22.000 personas —y ese crecimiento ocurre en el segmento de mayor informalidad del sector minero colombiano. Es aquí donde la conversación debe cambiar: el país no eliminó la minería, sino que desplazó su actividad hacia segmentos donde la institucionalidad es más débil, donde la ilegalidad opera y donde las comunidades quedan más expuestas a actores armados y economías criminales.
Es cierto que el gobierno muestra una cifra creciente de “mineros formalizados”. Pero ese número oculta un hecho estructural: lo que aumentó fue la inscripción individual al registro GÉNESIS —minería de subsistencia— no la formalización real de unidades productivas. Seguir confundiendo actividad individual con formalización empresarial es un error técnico y político. La verdadera formalización requiere licencia, título, gestión social y sostenibilidad. Y aquí aparece la contradicción más fuerte del Estado: existe una ley diseñada precisamente para hacer posible la transición —la Ley 2250 de 2022, un marco jurídico especial para legalización y formalización minera que creó instrumentos para financiar, licenciar, comercializar y acompañar la actividad— pero la mayoría de esos instrumentos aún no existen en la realidad jurídica. Salvo la Licencia Ambiental Temporal, el resto de los componentes de la Ley 2250 —que permitirían al pequeño minero transitar al circuito institucional— siguen sin reglamentarse.
Ese desplazamiento se acentúa cuando el propio Estado retira herramientas. Para el caso de los materiales de construcción, por ejemplo, las autorizaciones temporales para los municipios —mecanismo puente para formalizar la actividad de canteras y proveer materiales de construcción a las administraciones municipales contemplado en el Código de Minas— pasaron de 503 en 2024 a 383 en 2025. Menos instrumentos para transitar a la legalidad significan más actividad por fuera del radar institucional, pero también menos capacidad de los municipios de extraer materiales para obras de infraestructura pública. Cuando el Estado reduce autorizaciones temporales —critica para vías, placas huella, estabilización de laderas y escuelas rurales— no desaparece la minería: desaparece la obra pública. Y el territorio lo paga.
Por eso la crisis no puede seguir nombrándose de manera incorrecta. No es una crisis minera. Es una crisis de gobernanza. Colombia sigue produciendo minerales, pero los produce con menos Estado, menos reglas, menos inversión y menos control. Mientras el país pierde renta, las economías ilícitas ganan territorio.
El reto, entonces, no es negar el cambio: es gobernarlo. La minería puede ser —y debe ser— productiva, regenerativa y con corresponsabilidad, pero para eso hace falta un Estado que esté presente. No uno que llegue tarde a lamentar los datos cuando ya los territorios cargan con los costos sociales, ambientales y fiscales de su ausencia.
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