“En el contexto colombiano, la libertad de prensa ha sido históricamente un ámbito de confrontación entre el poder político y la búsqueda de la verdad. A lo largo de varias décadas, los profesionales del periodismo han enfrentado restricciones indirectas, coacciones políticas, intimidaciones legales y tentaciones de índole económica cuyo objetivo ha sido limitar su autonomía. Sin embargo, en la actualidad se ha observado un esfuerzo sin precedentes por parte de las instituciones para intervenir en el ámbito informativo. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha tomado la decisión de extender su ámbito de acción más allá de su competencia reconocida, invadiendo el campo del contenido periodístico.”
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha emitido recientemente una comunicación a los medios de comunicación que no debe ser interpretada como una simple «recomendación técnica» ni como un «llamado a la responsabilidad informativa». Este hecho constituye, sin lugar a dudas, un intento de censura. Se trata de una advertencia camuflada de guía ética, un mensaje político cuyo objetivo es condicionar la narrativa mediática bajo el pretexto del equilibrio informativo. Colombia, un país que ha librado durante décadas una lucha incansable por salvaguardar la libertad de expresión ante las persistentes amenazas armadas y las insidiosas presiones económicas, observa con consternación cómo la censura se arraiga en la institucionalidad. La CRC, entidad encargada de velar por la conectividad, la competencia y la regulación técnica del espectro, ha tomado la decisión de asumir un rol que excede sus funciones originales. Este organismo ha osado ejercer una función de arbitraje en la definición de la línea editorial de los medios de comunicación, la cobertura de los hechos y el tono empleado, todo ello con el fin de evitar, supuestamente, cualquier posible «afectación» a los intereses de los grupos de poder.
El lenguaje empleado en la carta no es ingenuo, sino que ha sido redactado con el propósito de aparentar inocuidad, si bien cada palabra contiene una advertencia implícita. Cuando se mencionan conceptos como «trato equilibrado», «evitar la desinformación» o «mantener la neutralidad», se está haciendo referencia a la necesidad de no incomodar al poder establecido, de no contradecir el discurso oficial y de no realizar denuncias contundentes. Se trata del mismo libreto habitual, aunque en esta ocasión se presenta en formato PDF, con el sello de la CRC y el respaldo de un gobierno que percibe a la prensa libre como un enemigo, en lugar de como un contrapeso. El periodismo no está llamado a equilibrar versiones entre la verdad y la mentira, entre la corrupción y la transparencia, entre la democracia y el autoritarismo. Su función es la de generar incomodidad, llevar a cabo fiscalizaciones, interpelar y poner en evidencia aquello que el poder busca mantener en secreto. Es crucial entender que pretender que la prensa se convierta en un escenario de diplomacia verbal implica comprometer su esencia crítica. El periodista no se limita a cumplir con el rol de un burócrata de la comunicación pública; se erige como la conciencia incómoda de una sociedad que rechaza la oscuridad y se compromete con la verdad y la transparencia.
La tentativa de la CRC de imponer directrices editoriales constituye un retroceso democrático. Se trata de regresar a una época en la que la censura era implementada desde los despachos oficiales mediante llamadas telefónicas o directivas administrativas. En la actualidad, el control puede adoptar una apariencia de buenas intenciones, pero su propósito fundamental permanece inalterado: silenciar, intimidar y someter. Cuando un medio duda antes de publicar, cuando una redacción teme ser sancionada por su tono o su enfoque, la censura ya ha ganado. El silencio no es una posición neutral, sino que conlleva una complicidad implícita. Cualquier profesional de la información, medio de comunicación o ciudadano que decida mantenerse en silencio ante esta amenaza contribuye al debilitamiento de la libertad que ha supuesto un arduo esfuerzo construir. Las democracias no sucumben de manera abrupta; se erosionan gradualmente, mediante acciones como la mencionada, a través de comunicados que aparentemente son intrascendentes, pero que menoscaban la independencia informativa.
La CRC no está facultada para intervenir en la línea editorial de los medios de comunicación. Su función se enmarca en el ámbito técnico, no en el editorial. Sin embargo, es evidente que las autoridades políticas han comprendido que, ante la incapacidad de influir en la opinión pública mediante argumentos sólidos, podrían recurrir a medidas coercitivas, tales como decretos y directrices, con el propósito de intimidar y controlar la percepción pública. La misiva de la CRC constituye una falta de respeto hacia el periodismo colombiano. La respuesta debe ser inequívoca: es imperativo llevar a cabo más investigaciones, emitir más opiniones y ejercer un periodismo de mayor calidad. Es crucial entender que la censura no se aborda con prudencia, sino con contundencia. Es imperativo reconocer que la libertad no se preserva mediante el silencio, sino a través de la expresión clara y contundente. Cuando el Estado se ve en la obligación de dirigirse a la prensa, lo que está haciendo en realidad es preparar el terreno para el silencio.
En el contexto del escenario político colombiano, donde la polarización se ha convertido en la norma y no en la excepción, los medios de comunicación han transitado de una posición de vigilancia a convertirse en el objetivo principal del poder político. Gustavo Francisco Petro Urrego y los sectores de izquierda que lo rodean no toleran el escrutinio mediático, ni aceptan que el periodismo les exija rendición de cuentas. En su narrativa, cualquier medio que cuestione es percibido como un enemigo, cualquier periodista crítico es señalado como parte de una conspiración y toda investigación que resulte incómoda al gobierno es etiquetada como manipulación por parte de la «oligarquía informativa». La situación es idéntica a la ya experimentada con anterioridad. Los regímenes que se autoproclaman transformadores suelen iniciar su mandato con una campaña de desprestigio contra los medios de comunicación. La acusación se centra en la supuesta falta de veracidad, mientras que la desacreditación y la ridiculización son estrategias empleadas para intentar debilitar su posición. En el contexto colombiano, este plan se implementa con meticulosa precisión.
Desde la Casa de Nariño, el discurso de su presidente se ha centrado en generar desconfianza hacia los medios de comunicación, estableciendo una distinción entre lo que denomina «periodismo del pueblo» y «periodismo de las élites», como si la verdad tuviera un matiz político o los hechos dependieran de la afinidad ideológica del periodista que los relata. El tema en discusión no es una disputa lingüística ni una evaluación de estilos informativos. El objetivo principal es la contención de la crítica. Gustavo Francisco Petro Urrego y su círculo de colaboradores consideran que la libertad de prensa constituye el principal obstáculo para el control absoluto de la narrativa. Por lo tanto, se observa una intención recurrente por parte de ciertos sectores de deslegitimar la función periodística. Cada post presidencial, cada discurso en espacios públicos y cada referencia a los denominados «grandes medios de comunicación» como obstáculos al cambio, forman parte de una estrategia de erosión. El inconveniente no radica en que un gobierno se proteja de las críticas, sino en que las convierta en un pretexto para hostigar a la prensa.
El discurso de la izquierda gobernante, que se presenta como defensor de los oprimidos y abanderado de la transparencia, se desmorona cuando se somete a la rigurosa investigación periodística. Lo que resulta incómodo no es la mentira, sino la verdad expresada sin autorización previa. Gustavo Francisco Petro Urrego no tolera que los medios de comunicación le recuerden sus contradicciones, su improvisación, su autoritarismo discursivo ni su creciente desconexión con la realidad nacional. Su mandatario opta por el reconocimiento de las plataformas digitales y los medios oficiales, en lugar de enfrentar cuestionamientos debidamente fundamentados por parte de un periodismo libre e independiente. El auténtico poder de la prensa radica en su independencia, en su capacidad de cuestionar sin temor y de divulgar información sin necesidad de autorización previa. La tarea de silenciar esta función es el objetivo principal en la actualidad. Es sumamente alarmante constatar que la táctica está generando resultados preocupantes: las redacciones se ven intimidadas, los periodistas son señalados en redes sociales y se observa un aumento en la autocensura. El mensaje es inequívoco: «Cuestionar conlleva un costo».
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