Viene haciendo carrera entre algunos operadores políticos una postura tan absurda como peligrosa, según la cual, en el marco del procedimiento legislativo la Corte Constitucional se convierte en una “tercera Cámara” cuando en su función de control jurisdiccional tumba normas; es decir, en principio, el Alto Tribunal no solo corrige lo que se “hizo mal” desde el Congreso de la República, sino que además se convierte en un árbitro decisivo que termina sacando del ordenamiento jurídico leyes abiertamente inconstitucionales.
Lo lógica que le asiste a los operadores políticos desde el Congreso -y que se evidenció a lo largo de la última legislatura- se resume en lo siguiente: no resulta problemático avanzar en la discusión y eventual sanción de una ley diseñada con “jugaditas” contrarias a la Constitución- ya sea por vicios materiales o de procedimientos-, puesto que al ser demandada la Corte Constitucional la tumba y así no se asume una responsabilidad política directa.
Y cuando se trata de una ley de interés o de autoría del Gobierno nacional parece más rentable “no quedar mal” con el ministro o con el presidente -mucho más cuando se tienen relaciones burocráticas- porque se presupone que será la Corte la que asumirá el cuestionamiento de la opinión pública. Se juega así con el desconocimiento sobre el procedimiento legislativo que le asiste al grueso de los colombianos.
Esta “jugadita” me resulta peligrosa por dos motivos. Primero, porque le resta efectividad al principio deliberativo en la conformación de las leyes y lo reduce a una mera expectativa desde un relacionamiento instrumental entre operadores políticos experimentados y el Gobierno; y segundo, porque le asigna a la Corte Constitucional una responsabilidad que considero desborda su función de control; convirtiéndola, eso sí, en una especie de “tercera Cámara”.
No obstante, estoy de acuerdo en que las discusiones en el Congreso no se pueden condicionar desde la apremiante necesidad de anticiparse a lo que diga la Corte. Pero como dice un refrán popular: “Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”. El Congreso debe asumir con autonomía, debida publicidad y transparencia sus discusiones, pero sin dejar de lado los precedentes de una Corte que en las últimas décadas ha tumbado una gran cantidad de leyes y actos legislativos.
La insana lógica de proyectar la Corte como una “tercera Cámara” es un engaño hacia la ciudadanía, no solo porque de entrada crea una expectativa normativa que se sabe con certeza que no se va a cumplir, sino porque evidencia el precario compromiso que tienen algunos congresistas para ejercer su labor con transparencia, ya que, en el peor de los escenarios, priorizan su relación burocrática e instrumental con el Gobierno sobre los verdaderos intereses de la ciudadanía.
Para la muestra, el último “debate” -de debate, pocón, pocón- de la reforma pensional en la Cámara de Representantes.
Al final, los operadores políticos podrán decir que cumplieron con su labor, pero que fue la Corte Constitucional la que decidió. Flaco favor el que le hacen a la democracia.
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