La Constitución española de 1931

Las elecciones generales a la única cámara de las Cortes Constituyentes fueron convocadas el día 3 de junio del año 31 por el Gobierno provisional para que tuvieran lugar sólo 25 días más tarde, en primera vuelta (aunque habría de producirse una segunda entre los días 19 de julio y 8 de noviembre de ese año).

Aquellos comicios se llevaron a cabo aplicando la Ley electoral de 1907, es decir, que lo que se hacía valer era el sufragio universal sólo masculino, si bien un decreto del día 8 de mayo de este 1931 ya había modificado algunos de sus contenidos, tales que la sustitución de los distritos electorales por circunscripciones provinciales (algo llevado a la práctica con el objeto de acabar con el caciquismo), la conversión de mujeres y miembros del clero en elegibles y la reducción de la edad exigida para poder acudir a las urnas de los 25 a los 23 años.

Las votaciones le dieron el triunfo abrumador a la Conjunción Republicano-socialista, que, creada en 1909, había sido ya la vencedora de las municipales de abril que trajeran la República y ahora era capaz de aprovechar la ventaja que la norma electoral daba a las grandes coaliciones para presentarse en muchas circunscripciones. Los partidos más votados pertenecían todos a la Conjunción (o eran afines, caso de Esquerra Republicana de Catalunya): así, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Julián Besteiro e Indalecio Prieto; el Partido Radical de Alejandro Lerroux; el Radical Socialista de Marcelino Domingo; la Acción Republicana de Manuel Azaña o la Derecha Liberal Republicana del presidente provisional Niceto Alcalá-Zamora, entre otros partidos republicanos ya más pequeños.

De aquellas Cortes —con tan escasa representación de los monárquicos y de los conservadores posibilistas—, reunidas inauguralmente el día 14 de julio, no sólo surgió el nuevo Gobierno, ya no provisional, que continuó encabezado por Alcalá-Zamora, sino que como no podía ser de otra forma dado el objeto con que fueron convocadas nació el día 9 de diciembre una Constitución no consensuada entre las fuerzas políticas (mal representadas en unas Cortes donde las candidaturas coaligadas estaban hiperrepresentadas) que definía España como una “República de trabajadores de toda clase”. Un texto fundamentado en esencia en dos palabras: democracia y libertad, en la democracia representativa y en la defensa de las libertades (mediante el reconocimiento de derechos individuales pero también de derechos sociales), donde el imperio de la ley se sostenía en la soberanía popular, ejercida mediante el sufragio universal masculino y femenino, y donde el Estado se separaba de las confesiones religiosas al tiempo que daba paso a la existencia en su seno de regiones autónomas.

Pero vayamos a julio de aquel año 31. Si el muy respetado líder socialista Julián Besteiro era elegido para presidir las Cortes, otro diputado del PSOE, el eminente jurista Luis Jiménez de Asúa, lo era a su vez para encabezar la comisión que habría de dictaminar sobre el texto constitucional sometido a la votación parlamentaria. Un proceso constituyente que vio sus mayores polémicas cuando se debatieron las peliagudas cuestiones relacionadas con la religión (que provocará en octubre la dimisión como presidente gubernamental de Alcalá-Zamora, que sería sustituido por Azaña), la organización territorial y el sufragio femenino, resueltas habitualmente de forma favorable a las posturas mayoritarias de los numerosos diputados izquierdistas.

Los reformistas que habían llegado al poder tras provocar la caída de la monarquía acelerarían, desde la aprobación en diciembre de la Constitución, su programa, un programa que esencialmente pivotaba en un triple eje: secularización, avances sociales y autonomía de algunas regiones tenidas por históricas.