“Este tipo de propuestas son las prototípicas en Colombia: mal pensadas, con sobrecostos innecesarios, difíciles de ejecutar y sin sentido”
El pasado 23 de octubre se aprobó en primer debate en la comisión primera de la cámara de representantes (14 votos a favor, 6 en contra) la iniciativa de Álvaro Hernán Prada que busca permitir la “castración química” para los pederastas. La medida ha gozado de un alto nivel de aprobación por parte de la ciudadanía pues promete disminuir los disparados casos de abuso sexual, pero ¿esta medida es la adecuada?
Primero hay que decir que el objetivo del proyecto de ley es la adición en 4 artículos de la ley 599 del 2000 de un parágrafo para que, luego de que la pena del culpable de pederastia se cumpla (ej. 20 años), se deba aplicar periódicamente fármacos como Depo-Provera, Depo-Lupron o Antiandrogenos, que buscan disminuir la producción de testosterona (y con esta el deseo sexual) por el mismo tiempo (otros 20 años) para “evitar reincidencia”.
Teniendo esto claro, surgen dos problemas: por un lado, ya que el Estado sería el responsable de administrar los fármacos (no lo dice el proyecto de ley pero sería lo más lógico, no vamos a dejar que el reo se custodie a sí mismo ¿o sí?) los medicamentos correrían por cuenta de los contribuyentes hasta por 20 años por cada violador, lo que significa unos costos altísimos para el sector salud, sin contar la posible corrupción que implicaría sobrecostos incalculables. Por otro lado, estos altos costos serían destinados a ejecutar una pena inútil, pues la castración química es reversible, ya que, como dijo Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal, los efectos de estos fármacos se pueden contrarrestar con el uso de otros fármacos, como el viagra, que estimulan la producción de testosterona; esto sin mencionar las graves afectaciones que estos medicamentos pueden tener sobre la salud del sujeto.
Pero las anteriores no son las únicas cuestiones que surgen del proyecto de ley pues, ¿cómo asegurarnos que estos sujetos se van a presentar en el lugar donde les suministrarian los fármacos? Y si se usaran los dispositivos con los que se “monitorea” a los presos con el beneficio de casa por cárcel ¿Cómo asegurar que estos dispositivos, que se ha comprobado que no funcionan, funcionen? O si es el caso ¿Cómo saber que ellos mismos (los culpables de pederastia) se van a suministrar el medicamento?
Además, se ha equivocado el enfoque ¿cómo es posible que se crea que la testosterona es la culpable, cuando es el contexto quien crea a la persona? Es bien sabido que los violadores tienden a ser persona con historial de violencia intrafamiliar y maltrato, recordemos además que los ataques sexuales, normalmente, se enmarcan en otras formas de violencia. Un sujeto que crece en contextos donde sufre abuso, interioriza que esta forma es la correcta de relacionarse con los demás, por lo que terminará reproduciendo la violencia. Hay que sumarle a lo anterior que esta medida deja de lado que la violencia sexual ni comienza ni termina en la penetración genital, eso es un reduccionismo que deja de lado los ataques psicológicos.
Pero entonces ¿qué hacer?, Pues en la exposición de motivos del proyecto de ley se encuentra el siguiente enunciado: “se considera que la solución a este grave problema social no solo consiste en prescribir sanciones severas, sino que se debe tratar de buscar alternativas, que pueden constituir un mecanismo de real y efectiva disuasión y rehabilitación para este tipo de delincuentes.” Y precisamente creo que eso es lo que se debe hacer: buscar alternativas para la “disuasión y rehabilitación” de estas personas, que no se hace inyectando fármacos sino con tratamiento psicológico (sin excluir los fármacos) que busque no solo disminuir el deseo sino cambiar el objeto deseado y, dado el caso, otro tipo de privación, aunque sea parcial, de la libertad. En síntesis, se debería buscar la prevención de los ataques, no el castigo luego de la falta.
Yo creo que, en vez de invertir en mecanismos que no sirven para nada, es mejor intervenir en la educación, recreación y, para este tema en particular, salud preventiva del individuo y de la sociedad en su conjunto (pues no es posible que la indignación nos embargue solo cuando el caso es mediatizado ¡Todos los casos de estos tipos nos deben indignar!). Esto permitiría cambiar contextos, que a su vez cambian las vidas de los individuos, lo que nos dejaría acceder a una nueva etapa de la maltrecha sociedad colombiana.
Lastimosamente, este tipo de propuestas son las prototípicas en Colombia: mal pensadas, con sobrecostos innecesarios, difíciles de ejecutar y sin sentido.
