La carta marcada

Aunque el Gobierno se empeñe en hacernos creer que los días de pánico en las encuestas ya pasaron y que ahora ya están en los gozosos, lo cierto es que la gente sigue estupefacta con todo lo que está pasando en y desde la “Casa de Nari”.

El extravío de una carta enviada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la justicia americana pidiendo pruebas del caso Santrich es, sencillamente, alucinante. La misiva primero se publicitó en todos los medios, y no hubo ninguno que se quedara sin registrar que la JEP estaba solicitando a la justicia americana el envío de las pruebas que comprometen al exjefe guerrillero con el narcotráfico. El asunto fue tan notorio que hasta desató encendidas polémicas entre penalistas e internacionalistas sobre si, de acuerdo con el tratado de extradición con los Estados Unidos, un juez colombiano, de cualquier jurisdicción, podía solicitarles a los americanos las pruebas con base en las cuales en ese país se requiere al detenido Santrich. Desde entonces se supo que la JEP había establecido un plazo razonable para que las autoridades americanas entregaran esas pruebas.

Lo curioso es que la epístola de marras, en vez de ser entregada aquí a la embajada americana, como era lo obvio, decidieron enviarla por la empresa estatal de mensajería 4-72. Según lo declaró la ministra de Justicia, “nosotros tenemos una correspondencia muy fluida con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, nunca nos había pasado esto. Estamos averiguando. Me dicen que esto nunca había pasado”. Pero esta vez, extrañamente, la cosa no funcionó y la carta no llegó sino hasta Panamá.

Es probable que, si la malhadada comunicación no hubiese estado tan expuesta a los medios, habría llegado sin dificultad a quien debía responder pronto, y ni la JEP ni ningún medio se habrían inquietado contando los días para que se venciera el plazo para responder.

Es muy extraño que toda la correspondencia enviada a las autoridades americanas llegue sin tropiezo, pero esta, que había generado ruido y cuyo transporte se encomendó a una empresa del mismo Gobierno que detesta a la JEP, misteriosamente haya quedado engavetada en Panamá, sin que nadie se diera cuenta durante todo este tiempo de lo que había acontecido.

La JEP tendrá que volver a enviar la misma pastoral y asegurarse esta vez de que ha llegado, y esperar para ver si en el nuevo plazo que se fije para recibir respuesta las autoridades americanas deciden remitir las probanzas que incriminan a Santrich, o si se niegan a enviarlas, como podría ocurrir.

Si hubo manos interesadas en manipular esta sensible correspondencia, dudo que eso quede establecido en la exhaustiva investigación que anuncia la ministra Borrero ¿Quién fue el autor de la maniobra y qué buscaba? Hay que sospechar de todos, en especial del propio Gobierno.

No parece descabellado suponer que alguien quiso ponerle una zancadilla a la JEP, bien para retarla a liberar a Santrich ante la ausencia de respuesta, o para desprestigiarla. Esos son los métodos que ya identifican el talante oficial del Gobierno. Recordemos que con marrullería similar los funcionarios tozudamente sostuvieron que nunca hablaron con el Eln, pero ahora no han podido justificar la presencia de su aliado Everth Bustamante en la Habana, ni menos por qué el traidor de Angelino Garzón también anduvo por allá pidiéndole al Eln que no firmara acuerdos con el presidente del que fue su vicepresidente. Son detallitos que dejan al descubierto este gobierno mentiroso de Uribe presidido por Duque.

Adenda No 1. Las directivas del Externado de Colombia, de la mano de su Consejo Directivo que lleva 23 años sin renovarse, se aprestan a considerar una reforma estatutaria para, con un zarpazo, atornillarse en el mando, asegurar a sus cercanos los privilegios y poder prescindir de las pocas voces disidentes. Es la mala hora de una centenaria universidad que, de liberal y tolerante, apenas queda el recuerdo de los tiempos marchitados. ¿Se atreverán?

Adenda No 2. Increíble que, después de la advertencia de Noruega y Alemania, el Gobierno siga sin entender que cuando la ONU aprueba una resolución exhortando a perseguir al Eln, ello no significa patente para ignorar los protocolos.

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Ramiro Bejarano Guzmán

Abogado, especialista en Derecho Procesal. Profesor universitario de la Universidad Externado y de la Universidad de los Andes. Columnista de opinión y analista político.