“La democracia no puede quedarse atrapada en los muros del Congreso; debe trascender, debe llegar a las urnas, debe ser de la gente. Si el Congreso no quiere escuchar, entonces que escuche el país. Porque, al final, la democracia no se trata de proteger las instituciones; se trata de proteger la voluntad del pueblo.”
La democracia en Colombia está tambaleando, y el escenario reciente en el Congreso de la República nos lo deja claro. El Gobierno Nacional, liderado por Gustavo Petro, presentó una consulta popular que pretendía darle al pueblo la voz directa sobre la reforma laboral. Un ejercicio democrático y dentro del marco de la institucionalidad. Sin embargo, el camino no era sencillo. En el Senado, ese campo de batalla donde la politiquería muchas veces pesa más que el bien común, la propuesta fue rechazada en una sesión plenaria que no pasó desapercibida.
El espectáculo bochornoso de esa sesión es digno de un teatro de absurdo: denuncias de trampas, jugadas sucias por parte de la oposición y un sinfín de fallas técnicas que pusieron en duda la transparencia de las decisiones legislativas. La consulta popular, que debería ser vista como una herramienta para empoderar a la ciudadanía, se convirtió en un campo minado de intereses políticos y luchas de poder.
Frente a este escenario, el Gobierno Nacional decidió insistir. Convocará una consulta popular y la volverá a radicar, mostrando una voluntad de no rendirse ante la resistencia del Congreso. Pero esto plantea una pregunta que deberíamos hacernos como país: ¿Es acertado insistir en esta estrategia?
La oposición, como era de esperarse, ha salido a decir que esta consulta no es más que una campaña disfrazada de Gustavo Petro para posicionar a un futuro candidato de su línea política. Pero, ¿es realmente así? Yo creo que no. Lo que estamos presenciando es una contradicción democrática de fondo: un Congreso que se presenta como el bastión de la institucionalidad, pero que al mismo tiempo bloquea cualquier instrumento de democracia directa que le permita al pueblo colombiano decidir su propio rumbo.
Es cierto que una consulta popular no garantiza el éxito de una reforma, pero no es menos cierto que este Congreso, tan deslegitimado y lleno de intereses particulares, parece estar menos interesado en el bienestar del país y más enfocado en frenar cualquier legado del gobierno progresista. Y aquí viene lo preocupante: si las instituciones no permiten que las decisiones que reflejan la voluntad de 11 millones de colombianos se materialicen, entonces, ¿qué nos queda?
Insistir en la consulta popular puede ser visto como una jugada arriesgada, pero también es un acto de resistencia, no puede ser el único, ya se evidenció que el Congreso cerrará las puertas a cualquier intento de darle voz a la ciudadanía, se requiere movilización social, organización popular y una decisión de transformar el estado de cosas que no garantiza que la voluntad popular sea una realidad. La democracia no puede quedarse atrapada en los muros del Congreso; debe trascender, debe llegar a las urnas, debe ser de la gente. Si el Congreso no quiere escuchar, entonces que escuche el país. Porque, al final, la democracia no se trata de proteger las instituciones; se trata de proteger la voluntad del pueblo.
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