Durante tres días de declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias Otoniel, rompió el silencio y entregó detalles de cómo, según él, la Fuerza Aérea Colombiana apoyó al Bloque Centauros en su guerra contra las Autodefensas Campesinas del Casanare. Si su testimonio es cierto, estaríamos frente a una traición imperdonable del Estado a su deber de proteger a los ciudadanos. Esta acusación no es solo una mácula sobre las Fuerzas Armadas; es un recordatorio brutal de cómo la connivencia entre actores estatales y grupos ilegales perpetuó una guerra que dejó más de mil muertos y un legado de miedo en los Llanos Orientales.
El relato del excomandante paramilitar estremece por su precisión. Nombres, rangos y operativos se entrelazan en una narrativa donde bombardeos aéreos y desembarcos de tropas habrían sido coordinados con mandos militares. “Halcón”, “el coronel Lázaro” y el “teniente Zapata” son los nombres mencionados, quienes, según este testimonio, hicieron posible la victoria del Bloque Centauros sobre las fuerzas de alias Martín Llanos. Estas afirmaciones, de ser corroboradas, cuestionan profundamente el rol de las instituciones del Estado en el conflicto armado.
El impacto de estas revelaciones no se limita a los Llanos. Colombia entera debe preguntarse cuántas otras alianzas de este tipo permanecen enterradas en los archivos del pasado. Si el propósito de la JEP es construir verdad y garantizar justicia, estas declaraciones no pueden quedar en el olvido. Pero más allá de las responsabilidades individuales, el país debe confrontar una realidad estructural: la corrupción y el uso indebido del poder estatal no son hechos aislados; son parte de una maquinaria que ha perpetuado el sufrimiento de millones.
La confianza entre las comunidades de los Llanos y el Estado está rota. Reconstruirla será una tarea titánica, especialmente cuando las propias instituciones parecen haber alimentado el ciclo de violencia. ¿Cómo explicarle a una madre que perdió a su hijo en un bombardeo que ese ataque pudo haber sido orquestado por quienes juraron protegerla?
La JEP tiene ahora una tarea monumental: transformar las palabras de quien fuera líder del Clan del Golfo en verdad judicial. Esto requiere investigar, corroborar y, si es necesario, procesar a los responsables. La justicia no puede temerle a los nombres ni a los rangos. Pero la JEP no puede hacerlo sola. Es imperativo que el país como conjunto exija una reforma profunda de las Fuerzas Armadas, que asegure su transparencia y compromiso con los principios democráticos. Sin esto, cualquier proceso de reconciliación será incompleto.
El testimonio del exjefe paramilitar es un espejo cruel pero necesario. Refleja un país donde la ambición, la traición y la corrupción transformaron la guerra en un negocio macabro. Sin embargo, también es una oportunidad para actuar, para exigir justicia y para sanar las heridas que han marcado a nuestra nación. Las víctima merecen la verdad, pero más que eso, merecen un país donde estos horrores no vuelvan a ocurrir. Como sociedad, también lo merecemos.
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