En un giro significativo para la justicia en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por la comisión de crímenes de guerra, particularmente en lo que respecta al reclutamiento y la utilización de niños y niñas, entre otros abusos cometidos en el contexto de la vida intrafilas. Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillo, líderes clave de la extinta guerrilla, enfrentan esta imputación por hechos ocurridos entre 1971 y 2016, un periodo en el que se calcula que las Farc-EP reclutaron a 18.677 menores de edad.
La gravedad de la situación no radica solo en la cantidad de víctimas, sino en los horribles crímenes de los que fueron objeto estos niños y niñas: maltratos, tortura, homicidio, violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio. En muchos casos, el reclutamiento no fue un acto aislado, sino parte de una estructura que organizaba la vida de los menores en la guerrilla, sometiéndolos a condiciones inhumanas y una radicalización forzada.
Este pronunciamiento de la JEP, que se basa en cinco patrones macrocriminales de los comparecientes, abre la puerta a un análisis profundo sobre la responsabilidad de quienes fueron los máximos comandantes de la guerrilla. Si bien el acuerdo de paz buscaba, entre otras cosas, la reparación y la no repetición de los crímenes, estos fallos demuestran que el proceso de justicia transicional enfrenta un desafío titánico. ¿Es suficiente que la justicia se ejerza sobre los exlíderes, o debería ir más allá, responsabilizando también a aquellos que estuvieron al mando de las unidades operativas que perpetraron estos abusos?
Es crucial reflexionar sobre el papel de la JEP en este proceso. La justicia transicional es una herramienta poderosa para garantizar que las víctimas, que han sido durante décadas silenciadas, encuentren una voz en este complejo camino hacia la paz. Sin embargo, el balance entre justicia, reparación y no repetición es una línea tan fina como la memoria histórica del conflicto, que aún está por construirse en su totalidad.
La imputación de estos seis exlíderes de las Farc debe ser vista como un avance significativo, pero también como un recordatorio de que la justicia tiene un largo camino por recorrer. La cifra de 18.677 menores reclutados no puede quedar en el olvido. ¿Qué significan estas imputaciones si no se traducen en una reparación efectiva para cada uno de los afectados? La justicia no debe limitarse a la imposición de penas, sino a garantizar que estos crímenes nunca se repitan y que el sufrimiento de las víctimas reciba el reconocimiento que merece.
En última instancia, este es un llamado a la reflexión colectiva: la guerra ha dejado heridas profundas en Colombia, pero el proceso de paz aún está en construcción. La justicia, para ser completa, debe ser integral y contemplar no solo a los excombatientes, sino también el sufrimiento de las víctimas y la memoria histórica del conflicto.
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