Ana Acevedo tenía 19 años y tres hijos cuando fue diagnosticada con cáncer de mandíbula. Durante los 13 meses que duró la enfermedad los médicos del Hospital Iturraspe de la ciudad argentina de Santa Fe no atacaron el cáncer. Ana estaba embarazada de dos semanas y le prohibieron la quimioterapia para proteger al feto. Su mamá, Norma Cuevas, pidió un aborto terapéutico para salvar a su hija. Los médicos lo negaron. Su moral les impedía poner en riesgo a un feto, pero estuvieron de acuerdo en dejar agonizar hasta la muerte a una joven sólo para mantener las convicciones.
Nadie fue preso ni condenado. El Estado provincial pidió disculpas a la familia. El caso de Ana fue un emblema que cambió las normas y logró que Santa Fe sea la única provincia donde hoy ninguna mujer muere por aborto. La deuda aún queda. Tres hijos sin madre y la certeza de que Ana murió porque era pobre y la violencia religiosa se ejerció sin piedad contra ella, como si hubiera sido elegida para sufrir y morir en nombre de la moral y las buenas costumbres. Norma Cuevas fué una de las oradoras en el Congreso en el marco de las audiencias sobre la despenalización del aborto.
Esta es la séptima vez que se presenta el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Durante un poco más de una década la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, ha trazado el derrotero que tiene como propósitos:
- Instalar en la sociedad y en el Estado el debate en torno a la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en Argentina.
- Contribuir a que más mujeres y organizaciones se sumen en este proceso y reclamo.
- Lograr el debate y la aprobación de una norma legal que despenalice y legalice el aborto en Argentina.
No sobra recordar que desde 1920 el Código Penal Argentino considera que el aborto no es punible en casos específicos, cuando corra peligro la vida la madre (como en el caso de A. Acevedo), el feto no pueda sobrevivir luego del nacimiento o que el embarazo sea producto de una violación.
Según un informe publicado en 2015 por lpas, que divulgó los resultados de una investigación llevada a cabo entre 2011 y 2013, sobre la aplicación de leyes que penalizan el aborto en tres países de Sudamérica: Bolivia, Brasil y Argentina. En las raras ocasiones cuando la interrupción del embarazo es legal, las barreras de acceso son insuperablemente altas. Estas barreras incluyen negación por profesionales médicos a prestar atención médica, requisitos jurídicos que piden la autorización de un juez antes que se permita un aborto y tiempos de espera gravosos, entre otros.
Por consiguiente, las mujeres que sienten que no pueden llevar un embarazo a término, ponen en riesgo su salud y su vida recurriendo a abortos inseguros; también se ponen en riesgo de ser acusadas de un crimen. El proyecto buscó responder a algunas preguntas fundamentales: ¿Cuántas mujeres son arrestadas? ¿Cómo se aplican estas leyes? ¿Cuál es el impacto en las mujeres, sus familias y profesionales de la salud cuando la ley los convierte en criminales por interrumpir un embarazo?
Este informe devela las diferentes formas en que el poder punitivo del estado vulnera la autonomía reproductiva de las mujeres, poniéndolas en riesgo de detención y encarcelamiento, y obliga a las y los profesionales de la salud a tomar decisiones no éticas con respecto a sus pacientes.
De igual manera, el informe recomienda entre otras medidas estatales para defender y proteger plenamente los derechos de las mujeres, los gobiernos deben eliminar las sanciones penales contra el aborto. Educar al sector judicial y el sector salud sobre los derechos sexuales y reproductivos, y eliminar las barreras al acceso a servicios de aborto seguro y legal. Y por sobre todo, asegurar que existan procesos adecuados y eficaces para ofrecer acceso a servicios de aborto a todas las personas gestantes y a servicios de atención postaborto sin discriminación.
Solo así será posible hacer cumplir el lema de la Campaña: EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO MORIR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.
